El 75% de los contratos tramitados durante la pandemia en Andalucía registraron incumplimientos

La Cámara de Cuentas ha registrado diversos incumplimientos en el 75% de los contratos de emergencia tramitados por la Junta de Andalucía en 2020, el primer año de la pandemia. La auditoría del órgano fiscalizador andaluz, que ha analizado sólo una muestra de los contratos llevados a cabo aquel año, revela que la emergencia de un 20% de ellos quedó "insuficientemente justificada" y que un 32% presentó una "defectuosa planificación". En el 23% de los contratos restantes careció de justificación que la emergencia "se limitase a lo estrictamente indispensable". La Cámara de Cuentas, que apunta a un resultado general "conforme con la norma aplicable", incluye en el informe siete recomendaciones a la Administración andaluza para la "mejora" de su gestión. 

  Son varios los reproches que hace la Cámara de Cuenta a la tramitación de los contratos de emergencia durante los primeros meses de la pandemia del Covid-19, un periodo en el que las administraciones españolas se vieron obligadas a cursar normas urgentes para hacer frente a la crisis sanitaria. Para tal fin, el Gobierno andaluz aprobó en 2020 nada menos que doce decretos ley, tres resoluciones y una orden para dar cobertura legal a la compra urgente de todo aquel material, como guantes y mascarillas para sanitarios, por ejemplo, que requirió aquel periodo crítico. No ha sido fácil el análisis para el organismo fiscalizador, que ha recriminado en la auditoría a la Dirección General de Contratación no tenga implantados "todos los sistemas necesarios que permitan controlar o verificar de forma previa la calidad de la información publicada".

La dificultad de elaborar un "listado definitivo de contratos de emergencia Covid-19 formalizados en 2020 por las entidades que conforman el sector público andaluz", anota el informa de la Cámara de Cuentas, ha pesado para que hayan sido apenas 201 los expedientes analizados de los 17.518 tramitados en 2020 por la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas, entre las que destaca las efectuadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La agencia administrativa de salud se encargó de formalizado el 91% de los contratos Covid-19. Sobre la gestión del SAS, la Cámara de Cuentas ha reprochado que "los servicios centrales y las ocho centrales de compra provinciales" procediera "de manera diferente en la tramitación de los expedientes". 

Fueron momentos difíciles para todas las administraciones, que se vieron sorprendidos por una pandemia que sonaba a libros e historias sólo conocidos cien años atrás. El arsenal de urgencias producidas por lo que parecía una plaga bíblica derivó en un arsenal de igual calibre en materia de necesidades. De ahí los 17.518 contratos de emergencia efectuados en 2020 por los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades vinculadas equivalieron a un importe de 1.039.697 millones de euros. La emergencia y el control son sin embargo dos conceptos que no casan fácilmente. Las instituciones que vigilan el gasto de las administraciones, como ocurre en Andalucía con la Cámara de Cuentas, no han podido sino encontrar un buen número anomalías. Entre ellas, la Cámara de Cuentas destaca una que fue ampliamente comentada durante los años de la pandemia, que permaneciera vigente el uso de la tramitación de emergencia en la contratación hasta marzo de 2022, nueve meses después del fin del estado de alarma.

Incumplimientos en la justificación de la emergencia

En el desglose de los incumplimientos en la contratación en los que han incurrido la Junta de Andalucía y los entes asociados, la Cámara de Cuentas ha encontrado un volumen siginificativo de expedientes con incidencias en la justificación de la tramitación de emergencia. En el 9% de los contratos analizados, los servicios u objetos contratados "no iban dirigidos a atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al Covid-19 ni guardaban relación con las necesidades inmediatas para paliar la situación de crisis sanitaria. El órgano fiscalizador concluye por tanto que estos supuestos "quedarían excluidos del ámbito de aplicación del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, no quedando suficientemente justificado en ellos el recurso a la tramitación de emergencia".

En el 12% de los expedientes fiscalizados, continúa el informe de la Cámara de Cuentas, la tramitación de emergencia se ha empleado para cubrir necesidades que podrían ser consideradas urgentes, pero, atendiendo a los hitos, demoras o acontecimientos producidos en los expedientes, no queda justificada la tramitación de los contratos por el procedimiento excepcional de emergencia, al no acreditar suficientemente la concurrencia de los supuestos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para la utilización de este régimen excepcional.

La auditoría explica además que en el 32% de los supuestos analizados se pone de manifiesto "una defectuosa planificación de la gestión contractual por parte del órgano de contratación", ya que responden a una necesidad que "pudo ser previsible, programable y no sobrevenida por causa de la pandemia para el órgano gestor", tratándose en muchos casos de situaciones que eran conocidas con antelación a la crisis sanitaria. 

Para concluir este apartado, el informe de la la Cámara de Cuentas señala que en un 23% de los expedientes "no queda suficientemente justificado que la tramitación de emergencia se limitase a lo estrictamente indispensable" en el ámbito objetivo y temporal para prevenir o remediar los daños derivados de esa situación sobrevenida, de manera que no queda acreditado que la totalidad de las actuaciones fueran indispensables para aliviar o evitar los daños derivados del acontecimiento producido.