28-F, nueve meses para ganar un referéndum perdido

El 28-F se perdió, pero a la postre se ganó. De acuerdo con la ley y con la propia Constitución, el resultado del referéndum del 28 de febrero de 1980 fue negativo para las aspiraciones autonómicas andaluzas. A veces se olvida para no manchar la gesta, la historia que se aprende en los colegios pasa por alto este detalle y de lo que hubo de hacerse para reconducirlo. Ese proceso posterior, que duró nueve meses, hasta el 23 de octubre, finalizó con un acuerdo entre todos los partidos, incluida la UCD del presidente del Gobierno Adolfo Suárez, pero dejó dos derrotados políticamente: el primero, el propio líder centrista y otro, el Partido Andalucista. Y un claro vencedor, el PSOE y Rafael Escuredo, presidente entonces de la Junta preautonómica.

Manuel Clavero, el ex ministro de Adolfo Suárez que dimitió por la postura de UCD ante el referéndum, también se ganó la gloria con ese gesto, aunque no pudo aprovecharla para fraguar un partido conservador y andalucista, al estilo del catalán y el vasco.

Contra este relato se ha alzado esta semana quien fuese el líder andalucista, Alejandro Rojas Marcos. Alentado por el PP de Juanma Moreno, que coincide con él en que el PSOE se apropió del proceso autonómico, Rojas Marcos ha llegado a pedir al presidente de la Junta que rehaga esta historia. Quien ha pasado a la historia como traidor a la causa -ésa fue la palabra empleada en miles de pintadas que se hicieron por Andalucía en 1980-, se revuelve ahora contra lo que denomina una fake news, una mentira que, en su opinión, tiene el "cuerpo del delito" en el Museo de la Autonomía y la Casa de Blas Infante.

El principal aludido, Rafael Escuredo, ex presidente del Gobierno andaluz, le ha respondido con el mismo insulto histórico: Judas. Más de 40 años después, lo sucedido en aquellos nueve meses aún levantan muchas ampollas. Y no sólo por la diatriba entre estos dos viejos políticos, el PP de Juanma Moreno hace tiempo que viene reivindicando el papel de la derecha andaluza en aquel proceso. Moreno ha declarado en alguna ocasión que el 28-F no debe tener ni vencedores ni vencidos.

Veamos qué sucedió, a través de la opinión de varios expertos en Derecho Constitucional y de algunos de los protagonistas.

Antes de eso, hay que apuntar un detalle valioso, revelado por Manuel Clavero en una entrevista a este medio. El artículo 151 de la Constitución se redactó para Andalucía. Lo escribieron el propio Clavero y Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, en la casa que el sevillano tenía en el Ministerio cuando formaba parte del gabinete de Adolfo Suárez. ¿Por qué para Andalucía? Porque Cataluña, País Vasco y Galicia iban a acceder a la autonomía por una disposición adicional de la Constitución, que otorgaba el autogobierno a aquellas comunidades cuyos estatutos se aprobaron en la Segunda República, de ahí la calificación de históricas. La aspiración andaluz era, por tanto, el 151.

Se perdió

En Almería, los votos favorables al 151 no alcanzaron el 50% del censo electoral. De modo que el referéndum se perdió jurídicamente, pero se ganó políticamente, debido a que la participación a favor del sí fue abrumadora, a pesar de que el Gobierno de Adolfo Suárez, de la UCD, hizo todo lo posible, más allá de lo ético, para desincentivar la participación en las urnas. La propia redacción de la pregunta del referéndum fue un alarde de confusionismo. Ininteligible.

Después de ese 28 de febrero se sucedieron nueve meses de debates en el Congreso y en el germen de la Junta de Andalucía que concluyeron con la validación del proceso autonómico por el artículo 151 de la Constitución, mediante un procedimiento que algunos expertos, como Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional en Granada, califica de mutación constitucional. A través de la reforma de una ley orgánica, la de modalidades de referéndums (LORMR), se consiguió sustituir el resultado almeriense por la voluntad expresa de los diputados y senadores de Almería a favor del sí y considerar como suficiente que la mayoría del conjunto había votado por el sí. No es eso, desde luego, lo que se expresa en el artículo 151.1 de la Constitución, que se refiere a la "mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que establezca una ley orgánica". La imaginación superó al derecho.

Agustín Ruiz Robledo cree que todos los que participan en la polémica de estos días tienen parte de razón, aunque cada uno trata de hacerse con el todo. "Yo he defendido a Rojas-Marcos, pero él tiene una posiciones maximalistas, lo que me ha costado algún rrifirrafe con él", apunta Ruiz Robledo desde Granada.

El catedrático recuerda que, desde esa misma noche del 28, los andalucistas de Rojas Marcos y el ex ministro Manuel Clavero Arévalo fueron los únicos que insistieron en que era posible rehacer el resultado en el Congreso. En una entrevista concedida a este medio, Manuel Clavero explicó que fue él quien convenció al entonces presidente de la Junta, Rafael Escuredo, a dar esta batalla judicial, puesto que el respaldo popular había sido abrumador, aunque no suficiente en términos jurídicos.

Clavero y Escuredo almorzaron, al día siguiente del 28 de febrero, en el restaurante sevillano Río Grande. Escuredo aceptó, y le pidió a Clavero que le explicase lo mismo a Felipe González y Alfonso Guerra. Volvieron a comer todos en El Portalón, en Madrid, y el grupo parlamentario socialista del Congreso, el más importante de la oposición, se propuso dar la batalla legal por el 151.

No fue inmediato. El 12 de marzo, el PA y Manuel Clavero presentaron una moción para modificar la ley de modalidades de referéndums que no fue apoyada por el PSOE y el PCE, lo que suponía la asunción implícita de la tesis de UCD, que proponía ir por la vía del artículo 143, un autogobierno muy limitado. El 14 de abril, todos se sumaron a la tesis de rehacer el 28-F mediante la modificación de la ley.

Por tanto, ya en ese momento, los grupos comunistas, andalucistas y socialistas intentaban rehacer el referéndum. Lo primero que se planteó es que Almería repitiese el plebiscito, hubiera sido lo más razonable, pero el Gobierno de Adolfo Suárez temía que ese precedente diese fuerza a Navarra a convocar un referéndum para unirse al País Vasco, tal como se aceptaba en una disposición transitoria de la Constitución.

Un presidente quemado, un ministro franquista

Adolfo Suárez era ya un presidente quemado a mediados de 1980, había perdido las elecciones autonómicas en Cataluña y en el País Vasco, y el resultado andaluz ahondó su descrédito. Estaba cuestionado por el Rey, por parte de la UCD y los militares le odiaban. Tanto UCD como Alianza Popular (AP) participaron en el Pacto de Antequera, pero Suárez rectificó su apuesta autonomista porque temía que el PSOE ganase las elecciones autonómicas. Es más, siempre creyó que el referéndum andaluz se perdería para la causa autonomista, porque la ley de referéndums (LORMR) se redactó con condiciones leoninas. A favor de Rojas Marcos, se debe apuntar que los andalucistas se abstuvieron ante esta ley.

El mismo día de su aprobación, la comisión nacional de UCD hizo público su giro, no quería el artículo 151 para Andalucía, sino el 143. Fue eso lo que provocó la dimisión de Clavero como ministro del gabinete de Suárez.

Así que el 28 de febrero contribuyó aún más a la descomposición de Suárez. Quemado, pero correoso, así que el presidente se sometió a una cuestión de confianza en el Congreso para salvar aquella legislatura. Esa moción sale adelante por los votos de la minoría catalana y del grupo andalucista de Rojas Marcos. Ahí comienza su calvario.

La cuestión de confianza se celebra del 16 al 18 de septiembre. El primer día, Suárez anuncia que, "en relación con Andalucía", su intención es "recurrir al artículo 144 para conseguir, a través de un procedimiento especial, la adopción de un Estatuto que contenga las instituciones y competencias ya establecidas para los Estatutos actualmente en vigor". El ministro de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, hace público un pacto con Rojas Marcos, por el que Andalucía accedería a la autonomía por otro artículo, el 144. Y Rojas Marcos le responde que valora la vía del 144, siempre que se convierta en una vía segura para el 151.

Es cuando Rafael Escuredo, que también era diputado, intervienen en el pleno y sentencia: "151 o ninguno". Tal como explica Juan Cano, catedrático de Constitucional de Almería, ex presidente del Consejo Consultivo y persona cercana a Escuredo, el 144 era un artículo pensando para Ceuta, Melilla y, en su caso, Gibraltar. En el mejor de los casos, hubiese supuesto un gobierno y un parlamento autónomo, pero sin capacidad legislativa. Es decir, no tendría autonomía plena.

En efecto, ese artículo autoriza al Gobierno, "por motivos de interés nacional", autorizar una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere al de una provincia o no estén integrados en una organización provincial. Sin embargo, el término "por motivos de interés nacional" se seguiría arrastrando hasta el acuerdo final. Es por eso por lo que Rojas Marcos reivindica que su apuesta fue la válida.

Para los andalucistas, el diálogo público entre Martín Villa y Rojas Marcos fue un desastre político. Martín Villa había sido ministro de Carlos Arias Navarro y ministro de Interior con Suárez, un joven franquista convertido en demócrata en unos pocos años. Carlos Rosado, militante de UCD y redactor del Estatuto de Autonomía, detalla muy bien qué ocurrió en los días previos al 18 de septiembre, en un libro publicado por el Parlamento de Andalucía y escrito por todos los redactores del texto autonómico.

Dos días antes, domingo, Carlos Rosado fue convocado por el ministro Pérez Millares a su casa. Asistieron, además, Soledad Becerrill, líder de UCD en Andalucía; Landelino Lavilla, que era presidente del Congreso; Jaime García Añoveros y el propio Martín Villa. Y fue Martín Villa quien leyó las preguntas que Alejandro Rojas Marcos debía hacerle dos días después para desbloquear la vía autonómica e ir por el 144.

Como apunta Ruiz Robledo, el movimiento audaz de Rojas Marcos con el que pretendía desbloquear la iniciativa autonómica era tan arriesgada que salió mal.

Para Juan Cano, aquello supuso "una puñalada por la espalda" de los andalucistas a Rafael Escuredo y a todos los partidos de izquierdas que habían apostado por ir juntos a favor del artículo 151. Entre ellos, entre Rojas Marcos y Escuredo, había una pugna más antigua. El PSA, como anteriormente se denominaría PA, fue el único de los partidos socialistas de los distintos territorios que no terminó unido al PSOE. El partido de Felipe González absorbió al PSP de Tierno Galván, a diversas formaciones socialistas catalanas, otras del norte y a los perdedores que se quedaron junto al anterior secretario general en el exilio, Rodolfo Llopis.

Así que a la discusión autonómica se unía una rivalidad política que venía de lejos y que se mezclaba con asuntos muy personales, pues tanto Rojas Marcos como Escuredo, al igual que Felipe González y Alfonso Guerra, eran sevillanos y viejos conocidos.

Finalmente, el 23 de octubre, los principales grupos del Congreso, centrista, socialista, comunista y andalucistas, presentan la proposición de ley con la que acuerdan incorporar a Almería "por los motivos de interés nacional a los que se refiere el Título VIII de la Constitución" -es el 144, pero sin citarlo- al "proceso autonómico de las otras provincias andaluzas por el procedimiento del artículo 151". Ya el 11 de noviembre, el Congreso aprueba tanto esta incorporación almeriense como la modificación de la ley de referéndums. El 28-F se había salvado,