20 años de la Ley de Violencia de Género: Más de setecientas mil andaluzas, víctimas de maltrato

Un 28 de diciembre se aprobaba definitivamente la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Seguramente fue casualidad la elección del día en el que se recuerda la memoria de los inocentes para estrenar una normativa que ha supuesto un cambio sustancial en una lacra social por más que las víctimas (que además sufren durante muchos años), no paren de crecer. Pero que también ha salvado vidas. ¿Cuántas? esas mujeres no están en las estadísticas oficiales del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial o de los ministerios de Igualdad o Interior, pero son tan reales como las 1.285 mujeres y los 61 menores asesinados, además de los 463 menores huérfanos desde 2003 en toda España, de ellos 266 mujeres y 10 menores en Andalucía. 

De aquella ley se cumplen ahora 20 años entre críticas y aplausos y con mucho que analizar. Hay un hecho incuestionable: ha cambiado la percepción de la sociedad en un tipo de violencia que se consideraba privada. “Esto que me cuenta, ha sucedido en el cuarto de baño de su casa”, era la respuesta que los agentes de policía daban a las mujeres que acudían heridas a las comisarías hace dos décadas. Una de las madres de esta ley, Carmen Calvo, respondía, “¿y eso no es suelo patrio?”.

Como efectivamente lo era, se pusieron manos a la obra y el Congreso aprobó por unanimidad un texto legal que fue pionero en Europa introduciendo entre otras novedades los juzgados especializados en Violencia sobre la mujer y una Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. La norma crea un sistema integral basado en tres pilares: la prevención, la protección y recuperación de la víctima y la persecución del delito.

El último caso mediático, el del líder de Sumar Íñigo Errejón al que varias mujeres han acusado de acoso, así como su defensa alegando “denuncia falsa” y tratando de poner en duda la credibilidad de la víctima, ha puesto de manifiesto que la sociedad va mucho más rápido que la normativa. Porque la Ley Integral contra la Violencia de Género sólo recoge la violencia machista en el caso de las parejas o exparejas y no tiene en cuenta otro tipo de violencia que, lamentablemente, forma parte también de esta lacra. Así, las denunciantes de Errejón no se pueden acoger a esta norma, y a las cautelas que engloba, ya que no eran las parejas habituales.

Un consenso perdido

Evidentemente, la ley no fue flor de un día sino fruto de una intensa reflexión de los partidos políticos y de un proceso largo. El problema colmó el vaso cuando Ana Orantes salió en Canal Sur Televisión contando su caso y su ex marido la quemó meses después; en 1998, bajo el Gobierno del PP, se aprobó el Plan Integral contra la Violencia Doméstica. En 2001, el PSOE presentaba un proposición integral de ley contra la violencia de género que fue el armazón de la norma todavía vigente.

Ahora, como en tantos asuntos, se ha perdido el consenso político también en el respeto a las víctimas. Desde la llegada de Vox al Parlamento de Andalucía, no se ha vuelto a aprobar una declaración institucional (necesita unanimidad) de apoyo a las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. En el pleno del 16 de octubre, toda la Cámara se levantó para aplaudir y reconocer a la última víctima andaluza de violencia de género, Nieves Gamarra, excepto los diputados de Vox que permanecieron sentados en sus escaños. 

Claro que parece que este grupo ha reflexionado y, aunque sigue sin compartir el concepto “violencia de género”, sí está dispuesto a mostrar respeto a las víctimas. A partir de ahora, se levantarán de sus escaños.

Las estadísticas

El balance de estos veinte años de vigor de la ley son demoledores: cada vez hay más mujeres víctimas de violencia de género. O, para ser precisos, cada vez hay más víctimas registradas. El último dato oficial, de 31 de agosto de 2024, es impresionante: 826.080 mujeres en toda España están dentro del sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género, de las cuales 189.763 son andaluzas. 

Claro que eso no es lo peor. Según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno en Andalucía, estas cifras apenas representan sólo una cuarta parte del fenómeno real porque recogen las medidas de protección activadas tras las denuncias que se han presentado a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluyendo también a algunas policías locales. Es decir, que en estos veinte años de vigencia de la ley en España han sufrido violencia de género más de tres millones de mujeres, de las que más de setecientas mil eran andaluzas. Y algunas todavía la siguen sufriendo.

Estos son los grandes datos pero el sistema es mucho más complejo, tanto como la realidad que refleja. De todos estos casos, la policía mantiene activos 98.168 (25. 736 sólo en Andalucía) pero no deja de ser sorprendente que haya 22 mujeres en toda España en riesgo extremo de ser asesinadas por sus parejas o ex parejas. A estas se suman otras 1.148 que están en riesgo alto.

El sistema establece una gradación del peligro que corre la vida de la mujer, teniendo en cuenta su percepción y también la valoración que hacen los expertos y la policía de las circunstancias particulares de cada una.

Enmedio de estos datos, Maribel Montaño, responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Andalucía, ve un rayo de esperanza: “Si para algo nació la ley fue para ponerle luz a toda esta violencia. Por eso las denuncias son algo positivo porque nos muestran que cada vez más mujeres son capaces de presentar denuncias. Antes las ignorábamos y ahora las estamos radiografiando”.

Los responsables de las políticas contra la Violencia sobre la Mujer se mantienen alerta para tratar de avanzar en el sistema de protección. En este escenario, desde el Gobierno central se ha puesto en marcha lo que denominan Protocolo Cero en el sistema Viogén por el que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registran los episodios de violencia a los que asistan aunque la víctima no quiera denunciar, una realidad que sigue existiendo. Muchas mujeres están dispuestas a perdonar a su agresor, en el convencimiento de que su vida será peor para ellas sin sus parejas, bien porque les faltará el sustento económico, o la vivienda, o porque le puedan quitar a los hijos, o por el temor a su reacción violenta si eso sucede.  

Las denuncias

La abogada Amparo Díaz, reconocida experta en violencia de género, defiende las bondades de la ley pero también es consciente de las debilidades del sistema. “Las denuncias deben ser muy detalladas, no sólo explicando los últimos episodios de violencia sino todos los que se han vivido”, afirma con insistencia. Porque según explica, la mayor parte de los juzgados toman las medidas de protección dependiendo de lo que conste en las denuncias por escrito. “Sólo si se dan todos los detalles de los episodios de violencia, se podrá valorar la situación real”.

El mensaje de las administraciones es claro en este sentido, hay muchos medios y se puede proteger a muchas mujeres aunque, desgraciadamente, no a todas. Pero siempre habrá más garantías para las mujeres que han pedido la protección del sistema.

El factor geográfico

Claro que en esto también hay diferencias. La abogada Amparo Díaz es muy crítica con la aplicación de la norma. Y desvela una realidad dolorosa: “El amparo de las mujeres víctimas depende del lugar donde hayan nacido” porque los servicios públicos no tienen los mismos medios en toda España, mucho menos en toda Andalucía. 

Los servicios de atención a la mujer tienen muchas competencias sobre el papel pero no se cumple la ley por falta de personal y de formación de los funcionarios que tienen que aplicar la ley. Amparo Díaz destaca, en este sentido, que estos servicios de atención a la mujer “podrán solicitar nuevas diligencias en los juzgados”, pero eso sólo ocurre de manera extraordinaria. 

Este trato desigual lo confirma Maribel Montaño. Según su información, en los municipios de más de 50.000 habitantes, una mujer sufre una media de 7 años de violencia antes de decidirse a denunciarlo. En el otro extremo están los municipios más pequeños, los de menos de 5.000 habitantes. En estos casos las víctimas que denuncian llevan 25 años de media sufriendo malos tratos. 

Una durísima realidad a la que todos los expertos insisten en que no hay que acostumbrarse. Y hay que seguir insistiendo en que, a pesar de los defectos, el sistema salva vidas.

Las redes sociales y los menores

Una de las principales preocupaciones actuales pasa por las redes sociales y la “cultura de la violación” que transmiten directamente a niños (y niñas) pequeños. A través del porno que llega a los pequeños con 9 años según los datos del Ministerio de Igualdad, se transmite un modelo de relación sexual en el que las mujeres son meros objetos y los hombres muestran su poder a través de la violencia. Unos estereotipos que marcan a los pequeños en esos años “y contra lo que es muy díficil pelear”, en palabras de Maribel Montaño que mira con preocupación este fenómeno.

“Los niños de 8 años se pasan tres horas al día viendo porno en el móvil, aunque no lo autoricen los padres. El sexo es dominar y agresión a las mujeres sumisas que son agredidas pero deseadas. Son usuarios víctimas, captados e indefensos a su edad”.

Frente a esto, Montaño explica que el Gobierno ha puesto en marcha un plan director para formar a los niños que encuentra muchas reticencias en los centros escolares. “Nos dicen que los estamos adoctrinando porque les inculcamos que las mujeres son muy buenas y los hombres muy malos. En lugar de estos cursos contra la violencia de género, nos piden que vayan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a explicarles otras cosas”.

Así, la realidad es que frente a la ciberviolencia, los poderes públicos están con una mano atada a la espalda. Y los padres, ignorantes de las barbaridades que les entran a sus hijos por el móvil, unas escenas que ellos no detectan aunque hagan un registro exhaustivo. Los juegos que contienen esas imágenes se cuidan muy bien de ocultarlas para quienes no son ni expertos ni nativos digitales.

Un procolo de condena

Hay una última reflexión llamativa cuanto menos. El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana, con motivo del 25-N cuando se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un Protocolo de condena y repulsa ante asesinatos por violencia de género, para unificar el procedimiento tras un caso. “Los asesinatos por violencia machista son la forma más extrema de la violencia contra las mujeres y los poderes públicos no pueden ser ajenos”, por lo que considera necesario establecer “un protocolo de condena y repulsa que permita dar una respuesta institucional clara, unificada y contundente”.

 “El objetivo es formalizar el procedimiento a seguir para, en primer lugar, condenar públicamente todos los asesinatos por violencia de género; después manifestar la solidaridad con las víctimas, familiares y personas allegadas, reconociendo la necesidad de atención y apoyo para su recuperación; y, en tercer lugar, ofrecer una respuesta coordinada en todo el territorio español”, detallaba el departamento de Ana Redondo.