Más de 1.686 millones de euros para pagar las universidades públicas este año

Las diez universidades públicas de Andalucía ya tienen presupuesto para este año 2024. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el conjunto de reglas de cálculo para sufragar el sistema público universitario, así como su actividad académica, investigadora y de innovación y transferencia de conocimiento por un importe de 1.685,57 millones de euros, que supone un incremento del 4,01% con respecto a la partida reservada el pasado 2023 y que suma 315 millones más que en 2018.

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de dicha guía de variables y fórmulas, que completa el documento de bases ya aprobado en septiembre de 2023 con los principios y criterios generales a aplicar en la asignación de las transferencias presupuestarias de la Junta de Andalucía a estas instituciones académicas. A estos 1.685,57 millones hay que añadir el montante dirigido a financiar las plazas de profesores universitarios en materia sanitaria con vinculación al Servicio Andaluz de Salud (SAS), 7,30 millones, si bien se podrán incorporar nuevas partidas a lo largo del año.

Además, las diez universidades públicas andaluzas podrán contar también con otros 64,39 millones complementarios para llevar a cabo diferentes líneas de trabajo. Entre ellas, destacan la cuantía para cubrir el incremento de plazas de las facultades de Medicina, la destinada a financiar los campus de Ceuta y Melilla, que se asigna a la Universidad de Granada, o la que tiene por finalidad la puesta en marcha de las microcredenciales universitarias. De igual modo, se incluye la dotación transferida a finales de 2023 por la Consejería de Universidad para los planes propios de investigación de cada una de las instituciones académicas andaluzas, con el fin de propiciar el avance científico, la transferencia y la colaboración con el sector productivo en el campo de la innovación.

Estructura del modelo de financiación

El nuevo diseño se ordena en torno a cuatro grandes categorías: la financiación básica armonizada, la financiación mediante contratos programa, la de nivelación y la que se articula a través de proyectos estratégicos del sistema universitario andaluz. La primera de ellas está destinada a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento. Por su parte, la financiación mediante contratos busca mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos. Estos contratos programa recogen una planificación de objetivos orientados hacia la mejora de la competitividad, así como a la eficacia y la profesionalización de la gestión. Pueden contemplar reformas estructurales, la adecuación de las infraestructuras, la estabilización y promoción del personal o iniciativas de apoyo al estudiantado, el impulso de la internacionalización o el fomento de la investigación. Se conciertan anualmente desde la Consejería de Universidad con cada una de las instituciones académicas y, actualmente, ya se están negociando entre ambas partes.

La financiación de nivelación se orienta a corregir los desfases estructurales motivados por la aplicación de los modelos de financiación anteriores con el fin último de propiciar la convergencia entre las universidades. Por último, en el apartado de los proyectos estratégicos tendrán cabida aquellas iniciativas singulares acordadas con los rectores que mejoren la competitividad de sus campus y den respuesta a las demandas de la sociedad. Todos estos criterios se aplicarán con carácter general a las diez instituciones que conforman el sistema público, aunque la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) recibe un trato diferencial dadas sus características, ya que no imparte titulaciones de grado, no dispone de personal docente e investigador propio y sus enseñanzas e investigaciones están orientadas a la cooperación educativa internacional.

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ya emitió el pasado mes de mayo informe favorable de este reparto. Ambos ejes constituyen el armazón sobre el que se configura el modelo de financiación y han seguido una tramitación independiente, con el fin de dotar de mayor flexibilidad a la concreción de los criterios de valoración y a posibles ajustes posteriores de las variables sin que ello implique la redefinición de la estructura de base