Los vecinos de Coria del Río afectados por la contaminación reclaman a la Junta el estudio epidemiológico

"Desesperados" y "abandonados". Los vecinos de la barriada Guadalquivir en Coria del Río que llevan años soportando problemas de contaminación y luchando para ser escuchados y obtener soluciones no desisten.

La última movilización desde la Plataforma de Afectados por los Tóxicos de Coria del Río ha sido el reenvío de un burofax a la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía para solicitarles que aporte al juzgado el estudio epidemiológico "que por segunda vez se les había solicitado", afirman los afectados. Su presidenta, Rogelia Gómez, eleva el tono: "De no ser así, procederemos a ejercer las correspondientes acciones legales frente a la Consejería de Salud", agrega.

Los afectados denuncian que el grupo de trabajo impulsado en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento a instancias del PSOE hace más de siete meses con el que el Gobierno andaluz se comprometía a abordar esta problemática con la participación del Ayuntamiento de Coria del Río, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Aljarafesa, Emasesa y las Delegaciones Provinciales de Sostenibilidad, Salud e Industria en Sevilla, "sigue siendo papel mojado".

"Estamos a la espera de la configuración de un grupo de trabajo que, ni ha sido convocado ni se ha constituido, además de que no contará con la representación de los vecinos y vecinas afectados ante el manifiesto bloqueo del Partido Popular", remarca Rogelia Gómez.

Pero hay más, el nuevo SOS que lanzan los vecinos viene porque, según aseguran, "la Consejería está obstruyendo la labor de la justicia al no facilitar al juzgado nº 3 de lo Penal de Coria del Río el estudio epidemiológico, requerido hasta en dos ocasiones, a sabiendas de que la contaminación sigue arrojando los mismos índices que cuando se inició todo el procedimiento en el año 2017". "Nos sentimos abandonados y utilizados por la Junta de Andalucía", apostilla Gómez, que ha realizado un recorrido por los “antecedentes más importantes de este preocupante problema de contaminación por tóxicos” con el que ha vuelto a poner de manifiesto la “sorprendente inacción y la nula colaboración con la justicia de la Junta de Andalucía para contribuir a la solución de tan gravísimo problema de salud pública”.

"Ya en 2020, un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses certificaba que la contaminación había quedado más que probada. Posteriormente, en 2021, la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social reconoció la incapacidad permanente a uno de los vecinos de la barriada afectada por la contaminación. A finales de 2023, el TSJA ordenó al Ayuntamiento de la localidad ribereña que reactivase la declaración de suelos contaminados de la zona. Y el pasado 28 de agosto de 2024, el informe emitido por el Servicio de Calidad del Suelo determinaba que las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas y la efectividad que muestran los análisis de efluentes a la entrada y salida del sistema de recuperación, procede la ampliación del proyecto de recuperación de los suelos contaminados, así como la retirada de los depósitos de la gasolinera que fueron clausurados e inertizados, así como de los suelos de alrededor que presenten una alta afección y puedan ser fuente secundaria de contaminación", relata al detalle la portavoz de los afectados.