Los vecinos afectados por la contaminación en Coria del Río estallan: "Aquí hay un problema que no quiere atajar nadie"

Promesas incumplidas, inacción, preguntas sin respuestas, una investigación judicial que no avanza y una comisión parlamentaria de trabajo que tampoco.

Estas son algunas de las cuestiones que la Asociación de Vecinos Afectados por los Tóxicos de Coria del Río y su portavoz, Rogelia Gómez, llevarán este jueves al Parlamento andaluz alzando la voz en nombre de las alrededor de 4.000 personas afectadas, entre ellas unos mil niños, para instar a las administraciones que "dejen de mirar para otro lado".

Gómez lamenta que ocho meses después de que el Parlamento de Andalucía anunciara el pasado febrero que abordaría con un grupo de trabajo los problemas de contaminación, tras la aprobación por parte de la Comisión de Sostenibilidad y Medio Ambiente de una proposición no de ley (PNL), promovida por el PSOE, el prometido estudio sobre la posibilidad de un segundo foco de contaminación en la zona de la barriada Guadalquivir de la localidad, donde viven, no haya dado "ningún paso".

"Estamos ante un problema muy grave para que la Administración siga mirando para otro lado. La cuestión aquí es que nadie quiera atajar un problema y plantarle soluciones. Se aprobó una PNL por unanimidad hace ocho meses y aquí nadie mueve ficha, pese a la reiteración del PSOE en el Parlamento, que es el grupo que la impulsó", afirma Rogelia Gómez, quien todavía se pregunta el porqué de la exclusión de ese grupo de investigación del colectivo de vecinos afectados. "Es algo que no entendemos. ¿Qué sentido tiene una comisión de trabajo sin la participación de los vecinos que son los que tienen el problema? ¿Quién lo va a defender que lo conozca mejor que nosotros?", se pregunta indignada.

En busca de respuestas, los vecinos afectados por la contaminación de Coria tienen previsto visitar este jueves el Parlamento andaluz para celebrar reuniones con los grupos políticos respecto a su prolongada problemática. Rogelia Gómez señala que la primera de las reuniones está prevista a las 10:00 horas con el Grupo de Vox, tras lo cual los representantes de los vecinos prevén sentarse con miembros de Por Andalucía y de Adelante y a continuación con el parlamentario del PSOE, Rafael Recio. Asimismo, indica que, aunque está por confirmar, pretenden verse también con el PP. "Nuestro problema no tiene color político. Es un problema, muy grave, de salud", remarca la vecina.

En el asunto pesa un informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Andalucía sobre la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones sobre su proyecto de recuperación voluntaria del suelo en su gasolinera, foco del conocido episodio de contaminación; que expone que aún pesan "elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación".

Mientras tanto, las quejas vecinales por la dilación del proceso se solapan con la indignación ante la reciente admisión por parte de la Audiencia de Sevilla de la comisión de un "error" al declarar que el plazo de instrucción de la causa penal relativa a la contaminación detectada había "finalizado el 23 de diciembre de 2021", zanjando finalmente que "las prórrogas de la instrucción efectuadas son correctas".

Así, en un auto de fecha 19 de septiembre, la Sección Tercera de la Audiencia aborda los incidentes de nulidad de la Fiscalía y el colectivo de afectados, contra el auto de fecha 18 de junio de 2028 de la propia Audiencia, que estimaba un recurso de apelación de Emasesa, "dejando sin efecto la prórroga de la instrucción acordada en auto de 13 de enero de 2022, por considerar que el plazo de investigación había concluido el 23 de diciembre de 2021".

Abordando los incidentes de nulidad planteados por las acusaciones, la Sección Tercera de la Audiencia reconoce "el error padecido en el auto de 18 de junio de 2024, al declarar la conclusión de la investigación fijando como fecha final el 23 de diciembre de 2021, al tener en cuenta únicamente el plazo de prórroga establecido en el auto de fecha 24 de junio anterior y no el tiempo de duración del plazo de instrucción que se prorrogaba, que terminaba el 29 de julio de 2021 conforme a la Ley 2/2020 de 27 de julio en el que se ampliaba dicho periodo de tiempo a un año". "Las prórrogas de la instrucción efectuadas son correctas", señala el tribunal.