El PSOE de Bormujos alerta del "copago" de los servicios sociales

El Secretario General de los socialistas de Bormujos, Jesús Macarro, ha denunciado como el actual gobierno de Bormujos, único de la provincia de Sevilla en el que se mantiene un pacto entre PP y VOX, habría aprovechado la celebración del Pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre para aprobar "la imposición de un copago para un servicio de alquiler de camas articuladas por 100 euros y grúas por 80 euros al mes, desde el servicio de ayuda a domicilio del Consistorio".

Macarro subraya que este servicio había sido hasta la fecha gratuito, "dado el irrisorio coste que el alquiler de dicho material suponía para las arcas municipales". "El actual equipo de gobierno sigue arrasando con los servicios públicos que, durante tantos años, han beneficiado a los bormujeros y bormujeras más necesitados. Y que yendo un paso más allá en ese ejercicio de cinismo y demagogia que iniciaron en la última campaña electoral, en la que anunciaron y vendieron una bajada sistemática de impuestos y tasas. Justamente, lo contrario de lo que ahora están haciendo, ocasionando así un perjuicio en la economía doméstica de las familias más vulnerables. Llegando a extremo de recoger que en caso de impago, el ayuntamiento procedería a la retirada de dicho servicio", apunta el socialista. 

Igualmente, Macarro alerta de un "exponencial" aumento de las tasas de veladores, reguladas por unas ordenanzas municipales aprobadas por el propio equipo de gobierno, hace apenas dos meses. En este punto, asegura que, "de manera incomprensible, ellos mismos le han hecho alegaciones después de haberlas aprobado". "Lo que en cualquier caso seguirá suponiendo para los hosteleros de Bormujos un incremento de algo más del doble con respecto a lo que venían abonando con las ordenanzas en vigor, a este respecto, durante la anterior legislatura", sostiene.  

Finalmente, Jesús Macarro solicita al actual equipo de gobierno que "dejen de vulnerar el articulo 4.3 de la ley 6/2005 de 8 de Abril que regula la actividad publicitaria en las administraciones públicas de Andalucía". En esa línea, también ha querido hacerse eco de "las numerosas quejas de vecinos y vecinas de la localidad por la utilización que, en el último tiempo, se está realizando de las cuentas de las redes sociales del ayuntamiento, al censurar y borrar comentarios críticos y quejas de muchos usuarios, llegando incluso a ser bloqueados. Cuestión que, inclumple el artículo 35.1A de la ley 39/2015 de procedimiento administrativo común al cercenar la libertad y derecho a la libre expresión y acceso a la información. Y los artículos 1 y 12 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno".