Tres millones de euros públicos convertidos en escombros

No porque fuera una noticia conocida, ni esperada, la imagen resulta menos impactante: las palas reduciendo a escombros la que iba a ser escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán, un edificio público, sobre suelo público, nuevo y terminado, en el que se habían invertido casi tres millones de euros de fondos de la Consejería de Empleo. Como algunos vecinos advirtieron desde el principio a las administraciones que lo impulsaban, se levantó sobre unos suelos que no estaban calificados para una construcción tan grande. Ya con las obras en marcha, se intentó arreglar con una modificación urbanística: de zona verde, con una posibilidad de construcción mínima, la parcela se cambió a Suelo de Interés Público y Social (SIPS). La resolución de la Junta que dio el visto bueno al cambio aprobado en el Ayuntamiento es la que fue tumbada en los tribunales, que ordenaron la demolición que se ejecuta ahora, diez años después de que el proyecto arrancara, en 2007.

Se trata del edificio de un centro de formación en hostelería, con un restaurante incluido, que iba a ser gestionado un consorcio-escuela formado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento del y la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, a la que el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán encomendó la gestión de las obras.

En el año 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó su demolición, en una sentencia confirmada más tarde, en octubre de 2014, por el Tribunal Supremo, tras un último recurso de la Junta, que defendía que la modificación se ajustaba a derecho. Pero el fallo concluyó que no pretendía los "intereses generales, sino intentar enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento". El edificio de la escuela ocupa unos 2.000 metros cuando antes de la modificación urbanística sólo se permitía la ocupación de 238 metros cuadrados con destino a equipamientos o sistemas de interés público y social en la zona. La modificación "ha sido espuria y por ende la alegación autonómica, con independencia de que haya resultado una mejora de dotaciones y espacios libres, no deja de ser un sofisma en cuanto a la finalidad de la modificación", añadía el TSJA.

Tras varias advertencias del Alto Tribunal andaluz al Ayuntamiento, responsable de ejecutar el fallo, para que no se dilataran más los plazos del derribo, el Consistorio sacó a concurso público las obras, que se adjudicaron el pasado mes de octubre a la empresa Erri-Berri S.L., con un coste de 120.000 euros, algo menos de los 161.900 que se incluyeron en la licitación.

Según confirmó este jueves el actual alcalde, Tasio Oliver (IU), los trabajos arrancaron en diciembre, pero es ahora cuando han cogido ritmo. En principio, y si no surgen contratiempos, la empresa tiene tres meses para dejar los terrenos como estaban antes de que existiera el edificio, frente a la urbanización Balcón de Sevilla y al borde de la cornisa. Se han salvado la piscina y las pistas deportivas contiguas.

Se trata de un caso muy similar al que se produjo con la biblioteca de la Universidad de Sevilla proyectada en el Prado de San Sebastián, un proyecto que también se descartó tras un fallo judicial, con la diferencia que en aquél el tribunal sí aceptó paralizar las obras como medida cautelar, como pidieron los vecinos. La misma petición se rechazó en Castilleja de Guzmán, un pequeño municipio del Aljarafe, en el que el anterior gobierno socialista defendía que la escuela era una de las pocas posibilidades de empleo y desarrollo que podía ofrecer con un término municipal muy acotado. Las obras siguieron, con este resultado. Antes de recurrir a los tribunales la modificación, los vecinos apelaron al propio Ayuntamiento, al Defensor del Pueblo y a la Junta de Andalucía, que optó por avalar la modificación urbanística aprobada en el Ayuntamiento.

Tras la demolición, lo que nadie ha aclarado todavía es qué pasa con esos fondos invertidos en el edificio, la mayoría europeos. El Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán también ha aprobado recientemente en Pleno solicitar a la Junta de Andalucía que asuma los costes del derribo, dado que está condenada junto al Ayuntamiento. Si la Administración no accede, se estudiará reclamarlo también judicialmente.