La gestión del Riopudio sigue sin resolverse

Si hay un proyecto ambiental que, de alguna manera, ha hecho comarca en el Aljarafe es la recuperación del arroyo Riopudio, cuya cuenca afecta a 12 municipios. Estrangulado durante años por la eclosión inmobiliaria y convertido en cloaca, con el riesgo que ello supone cuando llueve torrencialmente y el agua busca su espacio, su restauración fue un empeño de la Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) que hizo suyo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en la etapa de Jaime Palop al frente. Con mucho esfuerzo y vicisitudes -las competencias y el interés por estos proyectos se dispersan más que cuando se trata de carreteras, apunta el presidente de ADTA, Juan Antonio Morales- se llevó a cabo. La restauración arrancó en 2008 y finalizó en 2015, con una inversión de 11,7 millones de euros por parte del organismo, aunque el 80% se financió con fondos Feder.

El resultado son más 120 hectáreas de zona verde repartidas por nueve términos municipales, recogidas en el Plan de Ordenación del Territorio del Aljarafe (Potaus) como uno de los cinco parques metropolitanos y que muchos vecinos han hecho suyo. Son frecuentes ciclistas y paseantes. Hay negocios, sobre todo de equitación, en los alrededores. La zona más concurrida es la central, en la que se cruza con el cordel Triana-Villamanrique, junto al conocido como puente romano, sobre todo sábados y domingos, apuntan desde ADTA.

Sin embargo, y pese al potencial de un espacio verde que no hay que crear, sino que ya es una realidad, y que articula una comarca que de ser una ciudad única sería la tercera de Andalucía -más de 350.000 personas-, sigue sin concretarse qué administración y con qué fórmula llevará la gestión y mantenimiento del espacio. A finales de este mes de diciembre vence el compromiso de mantenerlo durante un año de la CHG, que en junio de 2016, tras unos meses de abandono que hicieron temer lo peor, adjudicó los trabajos a la empresa Tragsa. Los ayuntamientos han asumido tareas de desbroce con distintos planes de empleo y fondos propios, de la Diputación y la Junta. También se cumplen ahora los dos años de garantía por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que ejecutó las obras.

El año pasado, cuando ya se planteó este problema, la Mancomunidad de Fomento y Desarrollo del Aljarafe, con el apoyo de la Diputación y los ayuntamientos -también en este sentido el Riopudio ha hecho comarca-, dio un paso al frente y estudió la posibilidad de hacerse cargo del espacio natural, si bien los informes de Secretaría e Intervención advirtieron que se trata de una competencia impropia y que, legalmente, no puede asumir los costes y atribuciones que ello supone, sin que medie al menos una encomienda de gestión por parte de otra administración competente.

Según ADTA, todo pasa por que la Junta asuma el espacio, aunque luego se articule alguna otra fórmula para su gestión, que implique a los municipios. En ello se quedó a finales de 2016. A lo largo de 2015, los ayuntamientos también aprobaron mociones en los respectivos plenos, instando a las administraciones a colaborar para crear una "entidad de gestión".

Fuentes de la CHG, consultadas al respecto, confirmaron que el contrato de mantenimiento vence ahora. Si bien, no tienen previsto que hasta enero se retomen las reuniones con la Secretaría General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por un lado, y con la mancomunidad, la Diputación y los ayuntamientos, para concretar alternativas.

Según se apuntó en su día, se estima que el espacio necesitaría para su mantenimiento unos 500.000 euros al año, menos que otros parques urbanos, ya que este es más forestal. Pasados dos años de que se plantaron muchas especies, las necesidades de riego suelen ser menores, según apuntan desde ADTA.

Pero sí hace falta algún tipo de vigilancia -el vandalismo ya ha se ha producido en algunas zonas de merenderos acondicionadas- y desbroces de la vegetación. ADTA apunta también el interés por que esa gestión promueva actividades y participación en la zona en colaboración con los ayuntamientos.