La financiación del hospital de Bormujos está por debajo de los años previos a la crisis

El Aljarafe, que por su crecimiento reciente –se presupone que más planificado– debería ser una comarca puntera en la gestión de servicios públicos básicos, ha vuelto a ser noticia por sus carencias. Esta vez, el foco está en la insuficiente financiación del hospital comarcal, en Bormujos, que depende del Consorcio Sanitario Público Aljarafe, en el que participan al 50% la Junta y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que asume la gestión en una fórmula única en Andalucía.

No es un concierto y tampoco una agencia pública con total dependencia de la administración, como los hospitales de la Costa del Sol o de Poniente. En vísperas de otras elecciones, todo se ha politizado, con concentraciones del PSOE a las puertas de las instalaciones y declaraciones del PP, recordando que es otro asunto que hereda.

Pero, más allá de eso, hay un hecho objetivo. Se plasma en que el centro está funcionando con un presupuesto menor del que necesita por población y carta de servicios. Son 57,2 millones, 1,3 millones más que en 2018, pero menos dinero del que disponía en 2012, antes de los recortes por la crisis: 57,6 millones.

En 2018, según fuentes de la plantilla, la Gerencia del Hospital trasladó que para una correcta asistencia ese año ya hubiera sido necesario un incremento del 14%, lo que equivaldría a un presupuesto de más de 62,3 millones de euros. Los 58,9 contemplados en el proyecto presentado por el PP y Cs para 2020, con un aumento del 3%, también están lejos de la cifra.

Por contra, la población a la que se da cobertura –de 26 pueblos de Sevilla y los onubenses de Chucena e Hinojos– ha pasado de 230.540 personas cuando se arrancó en 2014, a 298.100 en 2018, un 29,3% más. También ha envejecido, con lo que conlleva de mayor demanda sanitaria.

¿Pero qué ha hecho saltar ahora la polémica?. Hace unas cuatro semanas, responsables del SAS comunicaron que no iba a materializarse un traspaso extraordinario de fondos para acabar este año –siete millones de euros– en función del cual se había programado la actividad. A ello se habían comprometido en mayo tanto el gerente del SAS, Miguel Moreno, como la viceconsejera, Catalina García.

Ha habido que desprogramar multitud de operaciones y citas para el último trimestre, que los 15 jefes de servicio y los 15 supervisores de enfermería han detallado en un contundente escrito dirigido a la opinión pública, porque consideran que hay una “situación sanitaria crítica” y que, por responsabilidad, deben trasladar a sus pacientes, porque que conlleva un “riesgo”. En el hospital ni siquiera se ha aplicado el plan de choque contra las listas de espera.

Ese traspaso de fondos extraordinario es la fórmula con la que el anterior gobierno socialista compensó también al hospital por una financiación que nunca se ha ajustado, de entrada, a lo previsto en los estatutos del consorcio, donde esto se regula. Según Javier Ordóñez, presidente de comité empresa, desde 2007, la Junta aportaba un suplemento de 5,7 millones de euros conforme el año avanzaba, pero dejó de hacerlo con la crisis, en 2012.

Esos estatutos recogen –en el capítulo III, artículo 19, apartado 2f– que la financiación “necesaria y suficiente para la gestión del hospital, que garantice la actividad asistencial prevista en el mismo, conforme a su capacidad, recursos y disponibilidades” se calculará “teniéndose en cuenta la población de influencia y considerando como nivel de referencia el hospital más eficiente de su nivel del Sistema Sanitario Público de Andalucía”.

Cuando el hospital de Bormujos se puso en marcha, la referencia era el Hospital de la Costa del Sol, cuya financiación se ha incrementado en un 10,5% entre 2011 y 2018, mientras que la del Aljarafe ha decrecido, en un 2,16% en el mismo periodo, pese a que la población ha seguido al alza.

Se traduce en que el Hospital del Aljarafe recibe menos de 200 euros por habitante (según datos de 2018, que no han variado sustancialmente), mientras la media de los hospitales de características similares, como los dos citados de Málaga y Almería, alcanza los 379. “Una diferencia per cápita de más de un 40%”, subrayan desde el comité de empresa.

Menos habitaciones individuales y camas en la UCI

Como consecuencia de ello, el hospital ha pasado de tener 192 a sólo 144 camas de hospitalización disponibles durante la mayor parte del año. Además, 24 están ocupadas por la unidad de lesionados medulares, pendientes de ubicación en un centro definitivo.

Algunas habitaciones individuales (que, según se dijo, iban a ser las únicas) han pasado a ser compartidas. En la UCI se ha pasado de tener ocho a seis camas y hay pacientes que tienen que ingresar en unidades distintas a las de su dolencia, lo que complica el circuito quirúrgico. El comité de empresa también afirma que hay “fuga de profesionales” con gran formación por la deriva de las condiciones de trabajo.

Tanto desde el centro como desde la Junta señalan que, desde que saltó la polémica, se han constituido unas mesas técnicas para abordar la infrafinanciación de este hospital y que la voluntad y el objetivo es adecuarla a lo previsto en los estatutos.

Pero, de momento y debido a que no ha llegado esa partida extraordinaria con la que se contaba, los jefes de servicio y los supervisores de enfermería aseguran que se han tenido que suspender 109 intervenciones quirúrgicas previstas en octubre, 41 estudios diagnósticos de enfermedad del sueño al mes y toda la actividad extra para el último trimestre.

También hay una disminución de pruebas de radiología, endoscopias digestivas y cardiología. Los responsables médicos alertan de que el centro tiene a 6.277 pacientes pendientes de cita en consulta que van a ser atendidos con una demora de más de dos meses y a 616 que serán intervenidos fuera del plazo legal.