Sanz defiende la legalidad de las contrataciones por los "informes jurídicos"

Sevilla/El alcalde de Tomares y senador del PP, José Luis Sanz, compareció ayer en calidad de investigado ante la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, que investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones del Ayuntamiento de los contratos con la sociedad Guerra XXI y otras empresas ligadas a ella. En su declaración, el alcalde defendió que cuenta con "informes jurídicos" que avalan que las adjudicaciones fueron formalizadas "conforme a la Ley", a pesar de que la Fiscalía considera que estas contrataciones fueron "objetivamente contrarias a derecho" y eludieron "groseramente todo procedimiento legal".

El regidor de Tomares prestó declaración voluntariamente -al ser aforado no estaba obligado a declarar ante la juez de Intrucción- durante aproximadamente una hora, tras lo cual manifestó a los medios de comunicación que esta declaración "un paso más para el archivo definitivo del caso Tomares". El primer edil recordó que las diligencias relativas a las adjudicaciones del Ayuntamiento a la sociedad Guerra XXI nacieron como una pieza separada de la investigación inicial de las remuneraciones municipales al que fuera concejal popular Juan Campos, antes de que formase parte del Gobierno local de Tomares.

"No me cabe la menor duda de que esta declaración voluntaria es un paso más para el archivo definitivo del caso", insistió el alcalde de Tomares, exponiendo que las contrataciones investigadas contaron "siempre con el visto bueno de los más de diez funcionarios públicos que a lo largo de estos años han participado" en los procedimientos administrativos que sostienen cada una de las adjudicaciones. "Todo lo que se ha hecho ha sido buscando el beneficio económico para el Ayuntamiento y el interés general de los vecinos y nadie se ha llevado ni un solo euro", defendió el primer edil.

En cuanto al informe de la Fiscalía que señalaba supuestas adjudicaciones directas del Ayuntamiento en favor de Guerra 21 o sus sociedades afines y presuntos fraccionamientos de contratos, José Luis Sanz precisó que la tesis del Ministerio Público "se basa en un informe de un perito judicial" y él ha "presentado" ante el juzgado "informes jurídicos" que avalarían las contrataciones y pondrían de relieve que "todo ha sido contratado conforme a la Ley".

Estas diligencias judiciales se encuadran en el testimonio deducido por el Juzgado de Instrucción número 8, respecto a la investigación inicial de las retribuciones del Ayuntamiento de Tomares al popular Juan Campos, por el caso de los informes de una frase, cuando aún no formaba parte del Gobierno municipal.

Aquella investigación inicial, que incluyó a varios miembros del gobierno municipal del PP, fue archivada por la instructora a comienzos de agosto de 2017, toda vez que en 2015, el Tribunal Supremo había archivado ya las actuaciones respecto a José Luis Sanz al no apreciar delito alguno por parte del alcalde tomareño en los hechos indagados.

Pero durante la instrucción de dichas diligencias, la juez había deducido testimonio e incoado una nueva causa, con relación a las contrataciones del Ayuntamiento de Tomares en favor de la empresa Guerra XXI, al apreciar la posible existencia de un delito.

Estas nuevas diligencias, separadas de la causa inicial, se centran en la presunta creación de "un entramado empresarial desde 2007 hasta 2014", para que ciertas empresas supuestamente ligadas a Américo García, José Candón y María del Carmen Guerra fuesen las "únicas adjudicatarias" de "determinados contratos de servicios del Ayuntamiento, contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Consistorio, a sabiendas todos ellos de que en las adjudicaciones se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legal o a desvirtuarlo en algún caso, fingiendo una concurrencia puramente virtual".

Tal es la tesis expuesta por la Fiscalía en su escrito del pasado 14 de julio de 2017, según el cual "las resoluciones o contratos, cuando los hubo, eran objetivamente contrarias a derecho, sobre todo por eludir groseramente todo procedimiento legal, realizando adjudicaciones directas donde la Ley no lo permite, aunque también por fraccionar contratos por importes inferiores, pretendiendo evitar el procedimiento adecuado en función de la cuantía originaria, vulnerando la Ley de Contratos del Estado o incluso fingiendo una concurrencia que no es tal".

El Ministerio Público, en ese sentido, apreciaba en los hechos que investiga el juzgado de Instrucción número 8 un delito continuado de prevaricación administrativa.