El TSJA da diez días al Ayuntamiento de Coria para cumplir la sentencia de la contaminación de la gasolinera

El TSJA ordena al Ayuntamiento de Coria del Río para que en diez días ejecute la sentencia de la contaminación de la gasolinera derivada de la denuncia de los vecinos de la barriada Guadalquivir de dicha localidad, agrupados en la Asociación de Vecinos Afectados por Tóxicos en Coria del Río. Así queda recogido en una diligencia de ordenación con fecha del pasado 20 de mayo firmada por la letrada de la Administración de Justicia María López Luna.

En dicho documento, el TSJA solicita la ejecución forzosa de la sentencia dictada a raíz del litigio contencioso de los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río afectados por un prolongado episodio de contaminación, derivado de un vertido de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L. enclavada en dicha zona, pesando además el planteamiento de los pozos negros detectados en el entorno. Para ello, da un plazo de diez días para que informe por escrito sobre las actuaciones practicadas "en orden al cumplimiento de lo dispuesto en el fallo, remitiendo igualmente, en su caso, copia de las actuaciones realizadas", recoge literalmente el escrito, que cuenta con cinco días hábiles desde el día siguiente de la notificación para presentar un recurso de reposición en el que se debe expresar la infracción en que haya incurrido la resolución.

En la sentencia en cuestión, el Alto tribunal andaluz ordena al Ayuntamiento de dicho municipio que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento. En un escrito emitido el pasado 12 de marzo, la representación del Ayuntamiento en dicho litigio expone que el pasado 27 de febrero le fue notificado un decreto de fecha 26 de febrero en el que se "declara la firmeza de la sentencia y se interesa" que el Consistorio "acuse recibo de la comunicación e indique cuál será el órgano encargado de la ejecución de la sentencia", advirtiéndose el la misma el plazo de dos meses para cumplimiento de lo requerido.