El Ayuntamiento reclama a la Junta el coste del derribo de la escuela de hostelería

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido a trámite una demanda del Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán contra la Junta, en la que le reclama que ésta asuma el coste de casi 123.000 euros que tuvo que afrontar el Consistorio en 2017 para demoler de la escuela de hostelería y cumplir con una sentencia del mismo tribunal.

El edificio fue promovido por la Mancomunidad para el Fomento y Desarrollo del Aljarafe, la Consejería de Empleo y el propio Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, entonces gobernado por el PSOE, pero se empezó a hacer sobre unos suelos destinados a zona verde, en los que la ocupación permitida era mucho menor.

Tras la denuncia de los vecinos de una urbanización cercana y con las obras ya en marcha, el gobierno local socialista aprobó una modificación del PGOU para legalizar la construcción. Sin embargo, el TSJA en 2014 consideró que el cambio era ilegal y ordenó demoler el edificio, en un fallo confirmado por el Tribunal Supremo.

La reclamación de cantidad fue presentada por el Consistorio el pasado mes de septiembre y en la misma solicita una indemnización de 122.790,8 euros a la Junta de Andalucía por los gastos afrontados para derribar el inmueble.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Castilleja de Guzmán, Tasio Oliver (IU), ha destacado que la Junta no sólo ostentó el "liderazgo" del proyecto de la escuela de hostelería, sino que el mismo siguió adelante a pesar de que desde el principio hubo "quejas, avisos y hasta preguntas del Defensor del Pueblo Andaluz" sobre su ilegalidad.

Además, recuerda que la modificación del PGOU promovida por el entonces alcalde socialista Carmelo Ceba para la escuela de hostelería fue aprobada por los órganos de la Junta de Andalucía encargados de supervisar el urbanismo y la ordenación del territorio.

Por tanto, Oliver señala que debe ser la "madrina" del proyecto quien pague los 122.790,8 euros que costó demoler el edificio por haber impulsado la iniciativa y "amparado la ilegalidad urbanística". La reclamación elevada al TSJA incluye "otros gastos indirectos no cuantificados de momento".

El regidor recuerda que la sentencia obligaba al Ayuntamiento de Castilleja de Guzman a demoler como administración garante del orden urbanístico, pero considera en su totalidad responsabilidad de la Junta, la administración titular de la competencia y autora del instrumento de planeamiento anulado, además de promotora del proyecto".

"Defenderemos hasta las últimas consecuencias los intereses de Castilleja de Guzmán, siendo justo que la principal condenada asuma las consecuencias y el coste de su propia infracción", añade Oliver. Los casi 123.000 euros reclamados a la Junta "servirán para mejorar la situación del Ayuntamiento, cuando no para costear la mejora de toda la parcela, cuya recuperación no costará menos de 300.000 euros", añade.

Además, ha criticado "la falta de sensibilidad y atención de la Junta respecto a la escuela, ya que en 2015 avisó de que no se haría cargo de ninguna responsabilidad a no ser que un juez lo dictaminara, a pesar de ser un proyecto y una ilegalidad urbanística amparados por ella".