Damnificados por el desfalco del 'Dioni de Almensilla' acampan ante el Ayuntamiento

Vecinos del sector F, la parcelación de Almensilla inmersa en una farragosa regularización que se complicó por el desfalco de su tesorero Julio Mateos, el Dioni de Almensilla, han acampado ante el Ayuntamiento para exigir la dimisión de la actual directiva de la junta de compensación, en la que permanecen varios de los miembros que había cuando se produjeron esos hechos, y que se haga una auditoría que aclare la situación real de la entidad.

Así lo ha asegurado un portavoz del grupo, instalado desde las 06:00 con tiendas ante el Consistorio. Su intención es turnarse y pernoctar. La decisión se toma después de que en la última asamblea de parcelistas, 18 de noviembre, se votara otra derrama, para hacer frente a una deuda con Hacienda, que se unen a otras, para pagar deudas acumuladas.

El mismo portavoz asegura que se aprobó por sólo 18 votos. El resto de asistentes se negó a votar, porque afirman que no se les entregaron los movimientos de caja en efectivo y no se dieron otras explicaciones solicitadas por escrito previamente, sobre los seguros contratados y sus coberturas, los abogados a los que se está pagando o los contratos de asistencia técnica. También reclaman la dimisión del abogado contratado por el Consistorio, vocal en la junta, para asesorar y velar porque cualquier decisión que se tome se haga conforme a ley.

Ello se produce cuando el Supremo ha confirmado que la urbanización debe pagar más de 1,7 millones de euros a la constructora Istem, contratada en 2011, que ejecutó en parte las obras pero no le pagaron, una situación que ha llevado al embargo de las cuentas bancarias de la entidad.

Según una portavoz de los manifestantes, no pueden forzar la renuncia de la actual junta directiva porque, por estatutos, se necesita el apoyo de un 30% de propietarios que estén al día en los pagos y la mayoría no lo está por las situaciones sobrevenidas. Están pagando, pero con embargos.

Por su parte, la alcaldesa de Almensilla, la socialista Agripina Cabello, ha asegurado que el Ayuntamiento, que está encima del asunto, "fiscaliza todo lo que puede fiscalizar", pero que no puede intervenir más allá por falta de amparo legal para entrar a urbanizar, por ejemplo.

Recuerda que, a pesar de la situación y el robo, cualquier decisión sobre la parcelación debe pasar por la junta de compensación, pero el acuerdo parece imposible. Personal del servicio de mediación de la Diputación ya estuvo trabajando más de un año para intentar acuerdos pero no se lograron. Ahora, la alcaldesa va a pedir que lo intenten de nuevo.

La edil, a la que no le consta que en esa asamblea se ocultaran datos, insistió en que está muy preocupada por la situación precaria de la parcelación, sin enganches a servicios mínimos de luz y agua, sobre todo por las personas mayores que viven en una situación "desesperada" y a la que no ven salida.

Pero reitera en que todo pasa por el acuerdo de los parcelistas. En este sentido, avanza que el Ayuntamiento tiene incluso un "proyecto de mínimos" para la luz y el agua, aunque de nada vale si no se aprueba y se contrata a través de esta junta de compensación.

Sobre la renuncia de la junta directiva, recuerda que algunos vecinos pidieron la suspensión cautelar a la juez que instruye el caso y que ésta rechazó la medida cautelar.