Prisión para los cinco policías nacionales del grupo antidroga de Alcalá de Guadaíra

Los agentes respondieron únicamente a las preguntas de sus abogados defensores

Asuntos Internos imputa hasta diez delitos a los miembros del grupo de estupefacientes de Alcalá

Traslado de los policías detenidos a los juzgados de Alcalá de Guadaíra / José Ángel García

El juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Guadaíra ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los cinco agentes de la Policía Nacional que formaban el grupo de estupefacientes de la comisaría de este municipio. Los cinco fueron detenidos a primera hora de la mañana del pasado martes en una operación antidroga desarrollada tanto en Alcalá como en otros municipios cercanos.

Los policías pasaron la mañana de este jueves a disposición del juzgado. Fueron trasladados en vehículos camuflados de la Policía Nacional, separados del restos de los detenidos en la operación. La comitiva entró en el edificio judicial por un garaje lateral que da la calle Gestoso, en el centro de Alcalá de Guadaíra. Varios policías de la unidad de Asuntos Internos trasladaron a sus compañeros hasta el interior de los juzgados.

En sus respectivas comparecencias, estos cinco agentes únicamente han respondido a las preguntas planteadas por sus defensas, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La causa está declarada secreta y en la misma se investigan presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, cohecho, contra la Administración Pública, descubrimiento de secretos, contra el patrimonio, falsedad documental, coacciones, omisión del deber de perseguir delitos, y tenencia ilícita de armas. Está previsto que esta misma tarde pasen a disposición judicial otras 18 personas detenidas por estos mismos hechos. Ayer miércoles por la tarde ya pasó a disposición judicial un primer detenido, que quedó en situación de libertad provisional tras prestar declaración.

En la operación fueron inicialmente detenidas 36 personas, aunque la Policía ya dejó en libertad en la tarde de ayer a al menos media docena de arrestados. A lo largo de la mañana de este miércoles declararon los 31 detenidos civiles, la mayoría de ellos con antecedentes por tráfico de drogas y otros delitos. Los cinco agentes comparecieron ante los investigadores durante la tarde y se acogieron a su derecho constitucional a no declarar.

Las pesquisas policiales se iniciaron hace unos seis meses y han permanecido declaradas secretas durante todo este tiempo, una medida que aún se mantiene. En estos meses se han realizado escuchas, seguimientos, vigilancias y otras medidas propias habituales en este tipo de casos. Los agentes realizaron 27 registros en Alcalá de Guadaíra y otras localidades, como Utrera, Los Palacios, Mairena del Alcor, Morón de la Frontera o Dos Hermanas, entre otros municipios. En algunos de ellos se intervinieron distintas cantidades de droga, como un kilo de cocaína y pequeños paquetes destinados a la venta al menudeo. Estas sustancias no se hallaron en las casas de los policías, que se registraron sobre las cinco y media de la mañana, antes que las del resto de los implicados. Muchas de las entradas en domicilios se llevaron a cabo en la barriada de Rabesa, una de las más deprimidas de la localidad y precisamente donde se encuentra ubicada la comisaría.

Una de las cuestiones que se están investigando, según indicaron a este periódico las mismas fuentes, es la posible reventa de efectos intervenidos en operaciones antidroga. Para ello, los policías investigados requerían de la colaboración de un chatarrero de Alcalá, que también fue detenido en la operación. Este chatarrero era la persona encargada de hacerse con objetos y herramientas utilizadas para las plantaciones de marihuana, tales como focos, balastros, conectores y aparatos de aire acondicionado. En teoría, se las entregaban para que las destruyera y emitiera el correspondiente certificado garantizando la eliminación de estos residuos. Sin embargo, se le investiga por revenderlas y repartir supuestamente el dinero entre todos. No ha trascendido el grado de implicación de cada uno de los cinco agentes y si todos participaban de estas actividades irregulares, o al menos las conocían.

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