La guerra interna que destrozó la comisaría de la Policía Nacional en Alcalá de Guadaíra

La comisaría de la Policía Nacional en Alcalá de Guadaíra vive una auténtica guerra interna desde hace varios meses, que ha terminado de saltar por los aires con la operación desarrollada ayer por la unidad de Asuntos Internos. Los cinco agentes del grupo de estupefacientes de Alcalá fueron detenidos a primera hora de la mañana de este martes por sus presuntas relaciones con el narcotráfico, sin que hayan trascendido más detalles de estas supuestas actividades irregulares. Pero lo cierto es que la noticia es un mazazo que hunde por completo la imagen de la Policía en la localidad y que llega en el momento más inesperado, a sólo dos semanas de que se celebren en Sevilla los actos centrales de los Santos Ángeles Custodios, patrones de la Policía.

La tensión en la comisaría comenzó con la llegada del comisario Elías Manuel Navarro Dorado como jefe de la misma, el pasado mes de febrero. Semanas después comenzaron los primeros roces con los agentes. Ya en mayo, dos sindicatos policiales, el SUP y la UFP, denunciaron que la situación era "caótica" y alertaron de que había ya muchos agentes de baja médica. Ambas organizaciones criticaron que el nuevo jefe había abierto ya al menos cuatro procedimientos disciplinarios y hablaban del "desgaste mental" y "la presión y maltrato" que todo aquello estaba causando en los policías. Los más afectados estaban en el grupo de Policía Judicial, que ya por entonces había quedado desmantelado.

En junio llegó la respuesta del Sindicato Profesional de la Policía (SPP), una organización que es mayoritaria entre los jefes. Esta entidad criticaba el "injustificado ataque" contra Elías Navarro y mostraba su "absoluto rechazo a las acusaciones infundadas y falsas" vertidas por los otros dos sindicatos hacia dicho mando. El SPP decía respaldar al comisario, del que dijo que "se encontró a su llegada una comisaría en unas condiciones muy lamentables, muy alejadas de los estándares propios de una institución como la Policía Nacional". El sindicato señala que diferentes instituciones, desde empresarios hasta miembros del Ayuntamiento y jueces, "tramitaron constantemente quejas sin que se hiciera absolutamente nada para corregir la situación". La organización apuntaba que se mantenía "un sistema de horario de trabajo y de compensaciones totalmente alejado y contrario a lo establecido en la normativa".

Lejos de calmarse, los problemas siguieron en aumento, con cada día mas agentes dándose de baja por cuadros de ansiedad, lo que provocó que se dejaran de atender funciones básicas por falta de personal. En la Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC), por ejemplo, había sólo cinco agentes de los 14 que la componían, lo que motivó que esta dependencia estuviera cerrada en algunos turnos. En el capítulo de Policía Judicial, la oleada de bajas provocó que hubiera una pila de atestados pendientes que no salieran adelante y que se ralentizara enormemente el proceso de investigación.

En junio se anunció que el comisario sería destinado a la Embajada de España en Senegal. Con ello se esperaba que al menos se calmaran los ánimos, pero por el momento el traslado no se ha hecho efectivo. La operación de ayer supone una bomba para la imagen de la Policía y, en especial, para una comisaría que lleva tiempo marcada por la polémica.