La ventana
Luis Carlos Peris
Primavera en plena cuesta de enero
Polémica
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra ha tenido que abonar 6.729 euros a la sección sindical de CCOO en el Consistorio por daños y perjuicios, ejecutando una sentencia que le condena por vulnerar los derechos sindicales, al no facilitar toda la información que solicitó el delegado de esta central de forma previa a la negociación sobre la Oferta Pública de Empleo de 2017, que ni siquiera se llegó a aprobar finalmente.
El fallo del juzgado de lo social número 11 de Sevilla es de 2019 y hace un año que el TSJA, al que recurrió el Ayuntamiento, lo confirmó. Pero es ahora cuando CCOO ha pedido la firmeza de la sentencia y la junta de gobierno local alcalareña (PSOE-Cs) ha tenido que aprobar el abono de la cantidad a instancias del juez, con cierta polémica.
El Grupo Municipal Socialista ha pedido incluso públicamente que esta cantidad se done para acciones sociales, dada la situación de pandemia y de que se trata de dinero "de todos los ciudadanos de Alcalá" y que no esté al servicio de "intereses sindicales".
Se da la circunstancia de que en 2018 el TSJA confirmó otra sentencia que condenaba al Consistorio alcalareño por actuación antisindical, entonces con una indemnización a CCOO de 5.000 euros, algo que ha sido tenido en cuenta en estas nuevas resoluciones judiciales.
Los 6.000 de ahora son en concepto de daños y perjuicios y el resto son las costas procesales que, según el delegado sindical de CCOO en el Consistorio, José Luis García, se van a destinar, como en otras ocasiones, a los servicios jurídicos del sindicato, que financia así los procesos de los trabajadores que no pueden pagar directamente.
García cree que, con esas declaraciones del grupo socialista en un momento como el actual, se intenta "desprestigiar al sindicato ante la opinión pública", en lugar de replantear la gestión de los recursos humanos municipales que se está haciendo por parte del equipo que dirige la alcaldesa Ana Isabel Jiménez, que se comprometió en su día a "más participación y diálogo".
Recuerda que hay más sentencias en esa línea, con costes adicionales para las arcas públicas cuando se pierden procesos que se van recurriendo a distintas instancias judiciales. Asegura que van a a iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial por parte de los ediles que toman las decisiones.
La sentencia por la que ahora debe pagar el Ayuntamiento tiene su origen en una mesa de negociación que se convocó, en 2017, para negociar la Oferta Pública de Empleo de ese año. El delegado sindical de CCOO presentó sucesivos escritos, pidiendo información, a la que no tuvo acceso. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra recurrió el primer fallo, del juzgado de lo Social número 11 de Sevilla, ante el TSJA, que rechazó sus argumentos de que la OPE de 2017 ni siquiera llegó a aprobarse, que sí se le suministró información y que no procedía al pago de indemnización alguna, al considerar que no se había producido perjuicio. Entre la información solicitada, que no se entregó en tiempo y forma y en la que se basa la condena por vulneración del derecho a la información de la sección sindical, están las horas y los servicios extraordinarios; los refuerzos realizados por funcionarios de bomberos; trabajos de superior categoría y nivel; antigüedad de los empleados municipales vinculados a plazas vacantes; plazas dotadas presupuestariamente y personal que las ocupa; datos necesarios para calcular la reposición de efectivos y adaptación de la relación de puestos de trabajo y plantilla prevista. El gobierno local argumentó que esta información se le fue dando al sindicato. Éste asegura que ni siquiera ahora la tiene completa.
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