Los regantes defienden la cesión de derechos del agua

La grave situación de sequía que padece Andalucía está ocasionando enfrentamientos entre distintos colectivos por la forma en que se distribuye la escasa agua existente. Ante la posibilidad de que los derechos de riego del arroz pasen a otros regantes como propone Feragua, la Mesa Social del Agua (MSA) reclama “un reparto social” del recurso con atención preferente a la ganadería y a las explotaciones familiares.

La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía Feragua defiende el uso de la figura de cesión de derechos de riego entre titulares del mismo.

Ante los problemas de la Cuenca del Guadalquivir y con las exiguas dotaciones aprobadas, Feragua mantiene que la cesión de derechos es una herramienta jurídica completamente legal pues viene recogida en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y se ha contemplado de forma explícita en los decretos de sequía que se han publicado al amparo del artículo 58 del texto refundido de la Ley de Aguas, tanto de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir como del resto de demarcaciones.

Explican que esta figura se ha venido utilizando de forma habitual en situaciones de sequía en los últimos veinte años y ha permitido un mejor aprovechamiento del agua de cientos de hectómetros cúbicos en España, a veces entre usuarios de una misma cuenca y otras veces entre usuarios de distintas cuencas.

Así, por ejemplo, más de 250 hm3 se han transferido del Tajo al Segura a través de esta figura desde 2006 hasta 2015. También entre comunidades del Guadalquivir y Aguas de Almanzora, se han movilizado más de 60 hm3 y entre usuarios de la Demarcación del Segura, se han cedido más de 65 hm3. Agregan que estos acuerdos están abiertos a todos los usuarios y son autorizados por los respectivos organismos de cuenca, dentro de una misma cuenca, o por el Ministerio, en transacciones entre usuarios de distintas cuencas.

La situación está marcada por las fuertes restricciones impuestas por la sequía en esta campaña de riego, lo que hace que el agua que corresponde a algunos titulares les resulte insuficiente para sacar adelante sus cultivos. Y Feragua explica que estos derechos sobre el agua pueden ser de extraordinaria utilidad para otros. “Para unos, como potenciales cedentes, y para otros, como potenciales cesionarios, la cesión de derechos aparece en esta coyuntura como una opción interesante y complemente legal para dar el mayor y el mejor uso posible a los escasos recursos disponibles. Esa utilización óptima de los escasos recursos hídricos disponibles es lo que demanda además el interés general del regadío y de las poblaciones que viven del mismo, así como el interés general de la sociedad, a la que el regadío aporta garantía y soberanía alimentaria, además de desarrollo económico y empleo”, señala.

Es por ello, que Feragua -“en el cumplimiento de los objetivos y actividades marcados por sus estatutos, dice- ha informado a sus asociados de la intención de las comunidades arroceras de ceder el volumen de agua que les asignó la Comisión de Desembalse el pasado 17 de abril, así como de la compensación económica por la que estarían dispuestas a hacerlo. Y es también en el ejercicio de estas funciones, en el que prestaremos a las comunidades de regantes asociadas que así nos lo soliciten, el asesoramiento técnico y jurídico necesario para la formalización de los contratos de cesión que finalmente puedan materializarse y su correcta tramitación administrativa, de acuerdo con lo exigido por los artículos 67 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas y concordantes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico”.

Agrega que su participación en esta cuestión “ha sido, es y será, en definitiva, la de informar y poner en contacto a titulares de derechos interesados en acordar una cesión de derechos, no promoviendo, sino al contrario, evitando la especulación con el precio de estos derechos y promoviendo la utilización voluntaria y responsable de una figura jurídica que tiene en este momento un evidente interés público, y cuyo empleo es fundamental para aliviar el daño provocado por la sequía importancia y en particular para salvar la arboleda, de la que depende en gran medida la economía rural de la Cuenca del Guadalquivir”.

Miles de jornales

Estos acuerdos afectan a miles de jornales, por lo que Feragua espera que puedan firmarse pronto “y que la autorización administrativa llegue a tiempo de poder aprovechar dichos volúmenes cedidos, en beneficio de todos los regantes, tanto cedentes como cesionarios, asociados o no a Feragua, y también en beneficio del interés general, garantizando el mejor uso de la exigua dotación disponible”.

De todos modos, la Federación de Comunidades de Regantes señala que se trata de una opción voluntaria para los titulares de los derechos, a la que se sumará quien lo desee, sin que exista imposición alguna para estas cesiones. En su condición de entidad representativa del sector, Feragua explica que está informando y promoviendo el entendimiento entre sus asociados, “pero exclusivamente para aquellos que pudieran estar interesados y sin ningún ánimo de lucro de ningún tipo, incompatible con nuestra naturaleza asociativa”.

Por último, Feragua advierte que estas operaciones de Cesión de Derechos entre concesionarios de agua “no son potestad exclusiva de los titulares de derechos integrados en esta Asociación, sino que están abiertas a todos los titulares de derechos de agua que cumplan con los requisitos legales”.

“En este sentido, animamos a todas las asociaciones que se dicen representativas del regadío a que promuevan la cesión de derechos entre sus asociados, en vez de obstaculizarla en perjuicio del interés general y el aprovechamiento óptimo de los recursos”, apostilla.

El agua, un bien público

Pero la Mesa Social del Agua mantiene que “si bien es cierto que la Ley de Aguas prevé y regula la posibilidad excepcional de la cesión de derechos al uso del agua entre concesionarios, consideramos que, en una situación tan grave de sequía como la que atravesamos, no se puede mercadear con un bien público como es el agua” y reclaman al Organismo de Cuenca que frene la operación en marcha y asuma la intermediación en la cesión de derechos, “atendiendo en su reparto y asignación a criterios sociales y ambientales y no solo económicos”.

Las organizaciones de la Mesa -COAG, UPA, Fundación Savia Green Peace y Red Andaluza Nueva Cultura del Agua- piden la creación de los centros de intercambio que deben establecer criterios de distribución del recurso contemplando un reparto social del agua destinada a regadío, garantizando la supervivencia de las pequeñas explotaciones y el mantenimiento del empleo que éstas generan, además de respetar el régimen de caudales ecológicos.

Al tiempo, la Mesa Social del Agua ha advertido que “las infraestructuras hídricas demandadas por la Junta de Andalucía ignoran y, por tanto, no abordan, la problemática de la sobreexplotación de recursos, alienta el incremento de la demanda de agua y además, presenta como urgentes actuaciones que tendrán efecto a medio y largo plazo” y por ello, ha presentado una serie de medidas a corto plazo a la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir entre las que figura como prioritarias las ayudas a las explotaciones ganaderas que están en riesgo de cierre.

En cuanto a la agricultura de regadío, la MSA exige un reparto social del agua, garantizando un mínimo de superficie regada por explotación que asegure la supervivencia de la agricultura familiar y profesional.