"La planificación hidráulica debe basarse en la concertación social"

La necesidad del agua para el sostenimiento de los cultivos en Andalucía es una realidad que viene determinada por una serie de factores geográficos y socioeconómicos y que son necesarios considerar, si se quiere mantener el equilibrio territorial, una importante base del sistema productivo regional y el equilibrio de la balanza comercial.

Evitar las batallas y enfrentamientos sociales por acceder, con garantías de continuidad, al uso de este recurso, es una labor política de primer orden y una obligación institucional de las administraciones públicas.

La desigual distribución de los recursos hídricos en el territorio andaluz, es fruto fundamentalmente de factores geográficos y en menor medida de la acción antrópica, pero ésta última es clave en orden a la redistribución de los mismos; de ahí la importancia de las políticas hidráulicas y de sus desarrollos a través de la planificación; proceso que debe de tener su base en la concertación social y como referente el interés general, término que se puede asimilar con la idea del desarrollo sostenible.

Todo ello sin perder de vista la situación de los recursos hídricos en Andalucía, siendo los procedentes de las masas de agua subterráneas los que se encuentra en peor situación y con tendencia a agravarse de no levantarse la presión sobre los mismos.

Superado ya el debate de la primacía en el uso del agua del abastecimiento humano sobre el regadío, no se nos oculta la crispación que se produce cuando algunos interesados quieren subvertir ese orden de primacía o, como ha ocurrido recientemente, en hacer creer que ese orden se ha subvertido.

El problema se traslada a los criterios de distribución de los recursos hídricos en un territorio donde las mayores potencialidades productivas se localizan en el ámbito litoral, tanto en lo referente al sector servicios como al agrícola.

De otra parte, dentro del sector agrícola, el debate se establece sobre la primacía de uso en función de la proximidad geográfica al recurso, alegando un supuesto derecho sobre el agua que en puridad no existe. Lo que debe quedar claro es que, si se propugna que el uso del agua debe adaptarse a la oferta, no podemos olvidar que los componentes de la demanda deben adaptarse al principio de sostenibilidad en el uso del recurso.

Teniendo como referencia la sostenibilidad, la captación y distribución de los recursos hídricos nos obliga a considerar tres grandes aspectos: consumir agua sin alterar el potencial y características de los recursos existente, que el agua utilizada tenga un alto valor productivo y, en tercer lugar, que el uso del agua favorezca al mayor número de personas. Estas premisas son susceptibles de cuantificar y expresar sintéticamente por medio de un sistema de indicadores de impacto socioeconómico del agua.

Unos ejemplos nos pueden ayudar a comprender esta realidad: así, con un metro cúbico de agua cultivando tomates bajo plástico, se puede producir 12 euros y generar 0,12 jornales, siendo su índice de impacto socioeconómico del 7,68%; si lo comparamos con un cultivo de naranjos, éstos arrojan los siguientes datos: 0,42 euros y 0,01 jornales con un índice de 0,33%. En el caso de determinados equipamientos del sector servicios, como los campos de golf, se generan 10 euros y 0,06 empleos con un índice del 6,13%; ello no quiere decir que optemos solo por los cultivos más eficientes o por campos de golf, pero sí adecuar los cultivos a la oferta de agua y a su potencial de eficiencia, lo que puede significar un interesante aporte a la sostenibilidad territorial.

No podemos soslayar situaciones, en los usos del agua, que pueden ser inadecuados, dependiendo del ámbito territorial donde se implanten, aunque el coste del agua no repercuta, significativamente, en los costes de producción; un arrozal puede consumir 10.000 m3/ha. a un precio de 80 euros, mientras que de hortalizas supone unos 6.000 m3/ha. a un precio que oscila entre 2.500 euros y 5.000 euros. Estas magnitudes, en sí mismas, solo tienen un valor ilustrativo, pues el resultado final del impacto socioeconómico dependerá de un amplio conjunto de factores, siendo muy importante la localización espacial y la estructura del modelo productivo.

Política de reequilibrio hídrico real

Asegurar la pervivencia de los regadíos es una necesidad perentoria para mantener el actual esquema de producción de la agricultura andaluza. La necesidad de una política de reequilibrio hídrico real y vertebradora a nivel de Estado sigue siendo un reto a superar, recordemos la suspensión del trasvase de excedentes del Ebro, que está produciendo, no solo la inviabilidad de determinadas producciones en las áreas geográficas más orientales del territorio andaluz, sino que está generando unos profundos impactos a nivel hidrológico, con procesos de salinización de acuíferos o crisis en los caudales hídricos necesarios para mantener los equilibrios ecológicos.

Independientemente de la redistribución del agua, es necesario insistir en la puesta en funcionamiento de otros yacimientos de agua, como la depuración para su reutilización; a la vez que se debe actuar en el conjunto de las cuencas, con acciones de restauración de laderas, para el mejor aprovechamiento de la escorrentía e infiltración de las aguas de lluvia. El sistema de terrazas de cultivo de la agricultura tradicional es un referente de actuación que ha demostrado su eficacia desde siglos.

En resumen, el cambio global nos obliga a nuevas estrategias en los usos del suelo y en el uso de los recursos, es por ello que se imponga como objetivo la racionalización de los sistemas de cultivo y el uso eficiente del agua.