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Freshuelva no entiende por qué los productos fitosanitarios necesarios para la desinfección de suelo que sí se aplican en otros países como Portugal, Italia o Grecia está vetados en España.
Lamenta que el encuentro mantenido recientemente con el director general de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio, Valentín Almansa, se haya saldado sin una solución a una problemática que afecta a las más de 11.000 hectáreas dedicadas al cultivo de berries en la provincia de Huelva, que necesitan estos productos fitosanitarios para garantizar la viabilidad sanitaria y económica de sus cultivos. Y por ello advierte que muchos productores de frutos rojos de la provincia de Huelva se están planteando abandonar sus cultivos y dejar de plantar la próxima campaña ante la negativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a equiparar las condiciones sanitarias en los cultivos de berries en Europa.
Un total de 750 productores de frutos rojos en la provincia de Huelva firmaron cartas dirigidas al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, en las que reclamaban que se autorizase el uso de formulados eficientes imprescindibles para combatir las plagas en los suelos destinados a cultivos de berries, tal y como ha sido la nota habitual en campañas anteriores y como ocurre en otros países de la Unión Europea.
Los cultivos de frutos rojos generan más de 100.000 puestos de trabajo en la provincia de Huelva. Freshuelva se queja de que este año, además, “se ha decidido autorizar a los productores de tabaco el uso de los fitosanitarios necesarios para desinfección, lo que ha supuesto un trato desigual frente a otros cultivos y zonas productoras españolas, como la nuestra”, y añade que se está dando una situación de desventaja porque en países de la zona sur de Europa como Portugal, Grecia e Italia “se autoriza el uso de estos productos mientras en España se deniega, estando todos bajo el mismo ámbito legislativo y aplicándose el mismo Reglamento Comunitario”.
Por ello, Freshuelva ha lamentado que el Gobierno español no ofrezca alternativas para “proteger nuestros intereses”.
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