La Mesa social del agua reclama diez medidas urgentes

No es sólo una ocasión electoral la que mueve a las entidades que conforman la Mesa Social del Agua de Andalucía a lanzar una llamada de auxilio, pero la coyuntura política puede servir de palanca para exigir un compromiso por parte de las administraciones que satisfaga a este variado grupo de colectivos, que ha elaborado un decálogo de medidas imprescindibles.

La Mesa está formada por CC.OO. Andalucía, COAG Andalucía, UPA Andalucía, Aeopas, Facua Andalucía, WWF, Greenpeace, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción Andalucía, Fundación Savia, Fundación Nueva Cultura del Agua y Red Andaluza de la NCA.

Explican que la emergencia climática y la crisis de seguridad hídrica requieren un debate de calado en Andalucía sobre el modelo de gestión del agua.

“Cualquier Gobierno resultante de las próximas elecciones andaluzas -dicen- tiene en la gestión hídrica uno de los mayores retos colectivos y las organizaciones que conforman la Mesa Social del Agua de Andalucía vuelven a reiterar esta idea, realizando toda una serie de propuestas”.

Este decálogo reclama “el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, la prevención del deterioro y la recuperación del buen estado ecológico de los recursos hídricos, garantizar el equilibrio entre demandas y consumos, asumir los límites actuales, redoblar esfuerzos en las estrategias de gestión de la demanda, una transición hídrica justa y sostenible en términos ambientales y sociales, un correcto diagnóstico del abastecimiento urbano y garantizar la sostenibilidad de los servicios básicos, incluir criterios de cohesión y justicia territorial, repensar el papel y la dimensión del regadío y el apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones”.

En el decálogo elaborado por la Mesa Social del Agua se considera imprescindible construir un Pacto Social del Agua.

Por su lado, y durante el XV Congreso Nacional de Comunidades de Regantes que ha tenido lugar estos días, organizado por la Federación Nacional de Regantes de España (Fenacore), el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el Gobierno apuesta por el regadío sostenible como clave para el futuro del sector agroalimentario y para propiciar el necesario relevo generacional.

En su intervención destacó que, entre 2022 y 2027, se llevará a cabo la mayor inversión pública destinada a la modernización de regadíos, con un total de 2.137 millones de euros, cifra que triplica la media anual invertida en las dos primeras décadas de este siglo.

Si la inversión media anual entre 2000 y 2021 ha sido de 133 millones de euros, entre 2022 y 2027 va a elevarse hasta 425 millones de euros, ha detallado.

Planas ha reconocido además el trabajo y esfuerzo de las comunidades de regantes por sumarse a la “oportunidad” que supone la inyección de fondos públicos y privados para acometer esa modernización de los regadíos, para que sean cada vez más sostenibles, rentables y competitivos.

Transformación del modelo de producción agrario

Planas ha destacado que estos fondos pretenden generar la necesaria transformación del modelo de producción agrario, con la aplicación de las nuevas tecnologías, de la digitalización y de la innovación, para lograr una mejor gestión de los recursos hídricos, cada vez más escasos, pero también para atraer a los jóvenes a una producción sostenible, rentable y con proyección de futuro, en un mercado cada vez más competitivo.

Ha señalado que es necesario alcanzar la sostenibilidad competitiva para dar respuesta a los retos que plantea el siglo XXI, “producir más con menos recursos y garantizar la continuidad de producciones estables, rentables y competitivas” y ha asegurado que el Gobierno está comprometido con el regadío y “la coherencia entre política agraria e hidrológica es total”.

Reiteró que un regadío sostenible multiplica por seis la productividad agrícola, aumenta hasta cuatro veces la renta de los agricultores y genera tres veces más de empleo.

Estamos ante una “oportunidad única”, ha insistido, para acometer la necesaria adaptación de las producciones agrarias al cambio climático, al tiempo que apostó por sacar el mayor partido a la financiación procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los fondos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte).