Cooperativas Agro-alimentarias cuestiona la validez de la reforma de Ley de la Cadena

La modificación de la regulación de la Cadena Alimentaria es una demanda retirada hasta la saciedad por todo el sector productor, pero la Ley que está tramitando el Gobierno central no contenta a parte de los afectados, de hecho Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía cuestiona su validez jurídica.

Así de claro lo dejó el presidente de las cooperativas, Juan Rafael Leal Rubio, quien en el webinar celebrado por la federación sobre la “Aplicación de la Ley de la Cadena en las Cooperativas”, dijo que “el Consejo Rector de la federación ha aprobado encargar a un despacho de abogados el estudio de su validez jurídica”.

Explicó que “no estamos en contra de la reforma de la ley. ¿Cómo podríamos estar en contra de una ley que va en nuestro beneficio, en el de los agricultores y ganaderos, habiendo sido promotores de la Ley de 2013 para recortar las distancias entre los distintos eslabones?”.

De hecho, Leal recalcó que las cooperativas “son las primeras defensoras de la norma y de vender siempre por encima de costes pero la ley, tal y como está planteada, no se puede aplicar con garantías de éxito y genera muchas incertidumbres”.

Cooperativas Agro-alimentarias se sitúa así en línea con la propia Consejería de Agricultura del Gobierno andaluz, pues su titular, Carmen Crespo, ha calificado de “impracticable” el proyecto de ley, así como la obligatoriedad de vender por encima de costes, establecida en el Real Decreto-Ley 5/2020.

Crespo ha pedido “regular bien estas cuestiones, para no generar disfunciones y conseguir lo contrario a lo pretendido” y recomienda poner el foco en otros aspectos como son revisar los acuerdos con países terceros; vigilar el cumplimiento de los contingentes; primar la soberanía alimentaria y la preferencia comunitaria; dotar al sector de mecanismos de mercado ambiciosos; actualizar los precios de retirada en frutas y hortalizas y los valores para el almacenamiento privado de aceite de oliva e incluir a la distribución en las interprofesionales del sector, “donde no pueden faltar”.

Debate político

En el webinar participaron representantes políticos del Congreso de los Diputados y del Senado, así como máximos responsables de entidades cooperativas y un centenar de personas inscritas. Todos pudieron asistir a la mesa redonda titulada “Análisis de la norma. Aspectos clave”, en la que debatieron el portavoz de Agricultura en el Senado, Amaro Huelva Betanzos (PSOE), y las diputadas y portavoces de la Comisión de Agricultura en el Congreso de los Diputados, Milagros Marcos Ortega (PP) y Carmen Martínez Granados (Cs).

El senador Amaro Huelva explicó que es preciso reformar la Ley 12/2013 para adaptarla a la Directiva (UE) 2019/633, relativa a prácticas comerciales desleales y que, paralelamente, “se ha pretendido cumplir un triple objetivo: dotar de más transparencia a la cadena, equilibrar las relaciones entre los distintos eslabones, protegiendo al más débil, y lograr un entendimiento y espíritu de colaboración leal entre ellos”.

Para ello, indicó que el proyecto amplía el catálogo de prácticas abusivas y los supuestos en los que hay que suscribir los contratos, haciéndolos extensibles a la compraventa con operadores de países comunitarios y terceros.

Por contra, la diputada Milagros Marcos opinó que lo que se está consiguiendo con ello es “echar de los mercados al producto español” y añadió que, actualmente, “no se sabe cuáles son los criterios para establecer esos costes de producción, ni quién los determina”, pese a ser uno de los artículos ya en vigor por aplicación del Real Decreto-Ley 5/2020.

Competencia desleal

En opinión de Carmen Martínez lo que hay que hacer es “aliviar los costes del sector productor para que pueda tener más margen y más poder negociador en la cadena”, y considera una anomalía de la ley “que fomenta la competencia desleal”.

Los presidentes de Covap y Dcoop, Ricardo Delgado Vizcaíno y Antonio Luque Luque, respectivamente, y el director general de Unica Group, Enrique de los Ríos Porras, participaron también en una mesa con el título “Del papel al campo. Visión cooperativa”, donde coincidieron en que las cooperativas son las primeras defensoras del sector productor y reclamaron al Congreso de los Diputados que, desde su conocimiento y experiencia, modifique el proyecto de reforma de la Ley de la Cadena a fin de no generar males mayores.

“Donde está el caballo de batalla es en el coste efectivo de producción”, dijo Ricardo Delgado Vizcaíno. “Es una tremenda indefinición y genera incertidumbre e inseguridad jurídica”, añadió el presidente de la principal cooperativa ganadera de Andalucía. “En nuestro grupo hay miles de agricultores y olivicultores cuyos costes varían entre 1 euro el kilo de aceite y cerca de los 3 euros”, explicó Antonio Luque. “¿Qué hacemos? ¿A qué precio de coste vendemos? Aplicarla nos genera graves problemas internos”.

En consecuencia, el presidente del grupo cooperativo multisectorial advirtió de que esta ley puede causar una mayor atomización de las cooperativas y, por tanto, del sector productor.

Enrique de los Ríos propuso que se hable de “rentabilidad plurianual sostenida” y que no vender por no poder hacerlo por encima de costes, lo que provoca es “abrir la puerta a los competidores”. “Como empleados de los agricultores que somos nos guiamos por el principio de utilidad y esta ley no nos vale”. “Una ley ideal sería la que bloqueara la competencia desleal y los abusos”, concluyó el director general del principal grupo comercializador de hortícolas.

El punto y final lo puso la directora general de Industrias y Cadena Alimentaria, Cristina de Toro, quien lamentó la poca participación que se ha dado a las comunidades autónomas en la redacción del proyecto de ley y se ha comprometido a seguir trabajando para conseguir su modificación en el trámite parlamentario.