AICA, la salvaguarda de la cadena alimentaria

Consumidor realizando la compra en un supermercado.

El control de la cadena de valor es una de las principales demandas de los productores agroalimentarios, que protestan sin cesar para que se eliminen prácticas como la venta a pérdidas o la que se basa en productos reclamo.

En esta dinámica juega un papel fundamental la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que durante el primer semestre de 2019 realizó controles sobre casi 800 relaciones comerciales entre operadores de la cadena alimentaria, como consecuencia de las inspecciones de oficio realizadas en el marco del Plan General de Vigilancia. Los datos facilitados por el MAPA revelan que un 53% de las operaciones comerciales controladas se han concentrado en el sector de las frutas y hortalizas, un 21% en el sector lácteo y un 12% en el sector cárnico.

Además de las actuaciones de oficio, la AICA actúa en respuesta a las denuncias recibidas, de ellas el 50% se realizó sobre el sector de frutas y hortalizas, por delante de las denuncias recibidas del sector lácteo, un 29%. No obstante, desde el inicio de la actividad de AICA, el sector lácteo acumula el mayor número de denuncias recibidas con el 40%.

Los datos de actividad de la Agencia muestran que el incumplimiento de los plazos de pago concentra el 68% de las multas impuestas durante estos seis primeros meses.

Señalar que el 75% de las sanciones corresponden al sector de frutas y hortalizas. Desde el inicio de su actividad, la AICA ha impuesto 1.735 sanciones. De ellas, el 53% corresponden a la distribución, mientras que la industria concentra el 38% y el sector productor el 9%.

La Agencia de Información y Control Alimentario realiza una labor de inspección en todos los sectores y a todos los agentes que intervienen en las relaciones comerciales de la cadena de valor. Además, se ocupa de la tramitación de expedientes, investigación de denuncias y propuesta de sanciones.

Es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, creado mediante la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, con el objetivo de controlar el cumplimiento de la misma en lo que respecta a las relaciones comerciales entre los operadores.

La actividad de control que ejerce la Agencia se realiza cuando ésta recibe una denuncia por incumplimientos a la Ley de la Cadena Alimentaria, y mediante inspecciones de oficio. Además, tiene encomendada la gestión y mantenimiento de los sistemas de información y control de los mercados en el sector oleícola y en el sector vitivinícola.

Desde 2016, también es competente en el control oficial de los operadores acogidos a las Denominaciones de Origen (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) de ámbito supraautonómico.

Concretamente, la misión de AICA consiste en comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones de las DOP Jabugo, Arroz de Calasparra y Cordero Segureño, y las IGP Los Beyos y Carne de Ávila.

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La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha resumido en diez los motivos por los que se debe abordar la prohibición de la venta a pérdidas de forma específica para el sector agroalimentario y son éstas: porque la agricultura y la ganadería son actividades en una situación crítica, que deben ser protegidas dados los innumerables beneficios que aportan a la sociedad.

Porque la cadena agroalimentaria está aquejada de un enorme desequilibrio con cientos de miles de pequeños productores.

Porque la propia Unión Europea, en su Tratado de Funcionamiento afirma que entre los objetivos de la UE están el garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola.

Porque la venta a pérdidas no supone en ningún caso un beneficio para los consumidores, sino sólo para los productores; apenas unas pocas grandes corporaciones de la distribución que se reparten el mercado en pocas manos.

Porque los Gobiernos deben luchar contra la desigualdad en todas sus formas.

Porque la destrucción del tejido productivo, en forma de abandonos y cierre de granjas que provoca la venta a pérdidas se traducirá a medio plazo en una menor soberanía alimentaria y una pérdida también de seguridad alimentaria.

La propia existencia de la Ley de la cadena alimentaria reconoce que el agroalimentario es un sector especial y como tal debe ser protegido frente a los abusos que se cometen en su seno.

Porque más del 15% de las reclamaciones que ha recibido el organismo de control, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), desde su creación, son denuncias por venta a pérdidas.

Porque es perfectamente legal y jurídicamente viable prohibir las prácticas que lleven a la destrucción de valor en la cadena agroalimentario.

Y porque las leyes deben siempre primar la protección de muchos frente al beneficio de unos pocos.

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