Un recurso imposible

L style="text-transform:uppercase">A Fiscalía de Sevilla da por buena la absolución de cuatro policías locales que se enfrentaban a una condena de dos años y siete meses de cárcel, acusados de haber cobrado más de 5.000 euros en dietas falsas por la asistencia a los juicios. El Ministerio Público ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, que consideró que no podía acreditarse que falsificaran los sellos para justificar precisamente la asistencia a los juicios y poder percibir las dietas.

Fuentes del caso apuntaron que, aunque en un primer momento no estaban de acuerdo con la totalidad de los fundamentos que llevaron a la Audiencia a absolver a los agentes -sobre todo en lo que respecta al supuesto falseamiento con un tampón de 53 de los 63 documentos presentados en su día por los imputados-, al final se ha decidido no recurrir porque el asunto revestía tal "complejidad" probatoria que "o se ganaba en primera instancia" o resultaría muy difícil recurrir en casación ante el Alto Tribunal. Por ello, la sentencia de la Audiencia de Sevilla será firme y los agentes investigados, que en su día pertenecían al grupo Giralda, podrán continuar en sus puestos.

La Fiscalía de Sevilla sorprendió en el juicio con la importante rebaja que aplicó a los agentes acusados, que inicialmente se enfrentaban a una condena de cinco años, pero el representante del Ministerio Público redujo la petición a dos años y siete meses de cárcel, al apreciarles una circunstancia atenuante "muy cualificada" de reparación del daño, después de que los agentes devolvieran las cantidades de las dietas antes del inicio del juicio. Y llamó igualmente la atención que en algunos momentos el fiscal parecía que estaba interviniendo en la vista oral más como defensa que como la acusación pública, llegando a revelar que en su momento se intentó alcanzar un acuerdo con las defensas de los agentes investigados para tratar de rebajar la pena a dos años de prisión y suprimir la inhabilitación especial, pero es algo que, según el fiscal, no se podía hacer legalmente porque "la ley es la que determina la pena". En su alegato, el fiscal llegó incluso a abogar por un indulto que finalmente no ha sido necesario.

No me cuesta trabajo reconocer -y lo digo por algunos liberados muy aficionados a dejar comentarios críticos en el blog en relación con las informaciones de la Policía Local- que se trata de la segunda investigación realizada por el extinto Grupo Especial de Policía Local (Gepol) que se queda en pólvora mojada. Pero también debe rechazarse de plano, porque es de justicia, que la absolución se deba a una mala investigación por parte de esta denostada unidad de Asuntos Internos.

Una buena investigación puede quedar en nada porque el juez entienda, como ha ocurrido en este caso, que no hay pruebas suficientes para condenar a los agentes, cuya absolución, evidentemente, debe ser acatada y respetada por todos.

Lo mismo sucedió con la primera de las investigaciones en las que participó la Gepol, relacionada con el cobro ilegal de tasas en la Policía Local. En este caso, se dieron varias circunstancias que desembocaron en el sobreseimiento de una investigación iniciada hace más de seis años. La primera, el fallecimiento de un policía local que estaba considerado como el cabecilla de la trama. La segunda, la muerte también de la juez que había iniciado la instrucción del caso. Ambos factores se conjugaron y llevaron a la actual titular del juzgado a decretar el archivo, a pesar de los indicios recopilados a lo largo de la "prolija investigación" realizada por la Gepol, según puso de manifiesto la instructora en el auto de archivo.

La juez señaló que la investigación de esta unidad policial constató igualmente que "no existía control exhaustivo ni cadena de custodia" sobre las multas de tráfico, tanto las del propio Ayuntamiento como las procedentes de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La Justicia ha tumbado dos investigaciones de la Gepol, pero aún está abierta la más importante: la relacionada con el amaño de las oposiciones y en la que están procesados 37 agentes. El resultado final de ese juicio, que se celebrará en septiembre de 2017, es la verdadera prueba de fuego para la labor realizada por estos agentes en los últimos años.