Una juez estudia suspender las oposiciones de la Policía Local
Un aspirante lleva a los tribunales las bases por incluir un límite de edad pese a que hay cuatro sentencias que lo anulan
Una juez de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla está estudiando decretar la suspensión cautelar de las nuevas oposiciones de la Policía Local de Sevilla. El motivo es la inclusión del requisito de la edad para los aspirantes que pretendan entrar en el cuerpo a través del turno de movilidad, es decir, policías locales que están destinados en otros municipios y que pretenden acceder a una de las nuevas plazas en la capital andaluza. El Ayuntamiento ha fijado un límite de edad de 45 años para los aspirantes que quieran entrar a través de este cupo, mientras que no hay límite en el turno libre.
El Consistorio ya cuenta con varias sentencias, una de ellas Supremo, que anulan el requisito de la edad. Por ello, uno de los aspirantes que pretende acceder al cuerpo en el turno de movilidad ha presentado un recurso ante los juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Lo hace después de que el Ayuntamiento modificara hasta en dos ocasiones las bases, una primera en mayo, en la que eliminó el requisito de la edad, y otra segunda en julio, en la que lo volvió a incluir y lo fijó en 45 años para el turno de movilidad.
En el recurso presentado en los juzgados, solicita la suspensión del proceso selectivo como medida cautelar. Esta paralización afectaría en un principio a toda la convocatoria, que es de 50 plazas y que supone la primera oferta de empleo público para incrementar la plantilla de la Policía Local que se abre en Sevilla desde los tiempos de Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde.
En su recurso, al que ha tenido acceso este periódico, el policía denunciante expone que la junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla "pretende volver a dar legalidad a un acto administrativo declarado nulo de pleno derecho por cuatro resoluciones judiciales", en referencia a otras tantas sentencias contra el límite de edad de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo números 9 y 10 de Sevilla, del Tribunal Superior de Justicia y del Supremo. El agente añade que el Defensor del Pueblo Andaluz ha enviado un escrito a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta para que se elimine el requisito de edad para acceder a las policías locales de Andalucía. Y apunta también que la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía que se está tramitando en el Parlamento no establece ningún requisito relacionado con la edad de los aspirantes en el turno de movilidad.
"No se entiende el empecinamiento demostrado por el Ayuntamiento de Sevilla en excluir a los aspirantes que no cumplen el requisito de la edad impuesto unilateralmente en el sistema de acceso por movilidad", añade el recurso. Antes de que la juez reasuelva, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla ha pedido al recurrente que especifique si la medida cautelar que ha solicitado debe adoptarse in audita parte (sin darle traslado previamente al Ayuntamiento) por razones de urgencia. Esta es la opción que el recurrente baraja, puesto que ya ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes de la oposición.
Querella por prevaricación contra el jefe de Recursos Humanos
Además de acudir a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, el policía local que ha presentado este recurso contra el límite de edad en el turno de movilidad también ha presentado una querella por prevaricación contra el jefe de servicio del departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Sevilla, Ramón Pérez Bargallo. El denunciante cree que se vulneran sus derechos más elementales y que la forma de proceder del Consistorio es totalmente arbitraria. De hecho, pensó en un primer momento que la inclusión del límite de edad era un error, que fue corregido cuando él presentó un primer recurso administrativo en el que el Ayuntamiento estimó su petición y eliminó la edad mínima. Sin embargo, al volverla a incluir en las bases definitivas en el mes de julio, cree que hay una "mala fe" y una "absoluta falta de respeto hacia nuestro ordenamiento jurídico, no dando cumplimiento a las sentencias judiciales de forma clara y consciente, y actuando de una forma totalmente arbitraria a sabiendas de su injusticia". La querella se presentó en el juzgado de Guardia a finales de julio.
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