"Trabajaré para que no vuelva a pasar lo de estos 16 años"

Tras arrasar por 734 votos contra 412 en las elecciones, ha invitado a su toma de posesión (14 de junio) a los cuatro ex decanos del colegio (Manuel Tarascó, José García-Tapial, José Luis Jimeno García y Francisco González de Canales) que se quejaron por carta -antes de las elecciones- de la perpetuación en el cargo de su antecesor Ángel Díaz del Río durante 16 años (2001-2017) y de la retirada de sus retratos. Repondrá los retratos injustificadamente retirados de la sala de juntas por sus críticas a Del Río en 2008.

-¿Qué prioridad se han fijado en su mandato hasta 2020?

-Vamos a trabajar por un colegio mejor para que no vuelva a pasar lo de estos 16 años. Estaremos trabajando por levantarlo porque no queremos que, de repente, dentro de tres años aparezca uno que vuelva a repetir lo que hemos visto estos años. Que quien nos suceda sea mejor que nosotros.

-¿Y eso cómo se hace?

-Tiene que haber un nuevo estatuto que nos permita esa libertad siempre y que no se vuelva a repetir la situación que ha vivido el colegio. Esperamos que la Junta de Andalucía los apruebe en plazo razonable porque cumplirán la legalidad. El cambio de estatuto que promovió el anterior decano tardó años porque la consejería de Justicia no se lo publicaba.

-Su antecesor le abrió una comisión deontológica que se cerró a favor de usted un mes antes de las elecciones

-La anterior junta de gobierno ha usado las comisiones de deontología profesional como un órgano de control y no se ha respetado la independencia que este debiera tener. El 67% de los expedientes abiertos por la comisión de deontología en 2016 han sido a instancias de la junta de gobierno. El fin de la comisión de deontología debe ser servir al colegiado.

-Lo más fuerte es que esas comisiones pueden acabar en una inhabilitación profesional

-Todos los expedientes abiertos a instancias de la junta de gobierno han acabado en inhabilitaciones de seis meses a tres o cuatro años o en represión pública. Un colegiado ha sido inhabilitado tres años en 2016 básicamente por interrumpir las asambleas cuestionando los presupuestos anuales y tiene que seguir pagando la colegiación. El presidente de la comisión de deontología del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa), el órgano que resuelve en segunda instancia esas comisiones, durante mucho tiempo ha sido el representante de Sevilla.

-Quiere acabar con esas prácticas de su antecesor

-Somos un equipo de más de 30 personas para renovar el Colegio de Arquitectos de Sevilla, lo que supone establecer nuevas relaciones con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales (Cacoa), con la Fundación Fidas para que esta ofrezca un mejor servicio a los colegiados y hacer propuestas al consejo nacional. Nos queda muchísimo trabajo por delante, pero lo primero será enviar una encuesta a los colegiados y que marquen de uno a diez sus prioridades para nuestra hoja de ruta.

-La batalla electoral fue reñida

-Este cambio ha sido posible por dos razones: porque en 2015 muchos colegiados se dieron cuenta de que el colegio que tenían no era el que querían y porque concluyeron que cada uno con su estudio era incapaz de levantar esta profesión. Era imprescindible comprometernos para renovar a nuestros representantes y que se adecuaran a la necesidades de los arquitectos en ejercicio, sin eso la profesión tenía un futuro negro. La única salida era que las instituciones que nos representan fueran en armonía con lo que necesitan los arquitectos que ejercen. Representar a un colectivo tan atomizado, con pequeñas y medianas empresas, es complicado.

-¿Y qué hay de las cuentas?

-En la asamblea de esta semana no se han aprobado las cuentas de 2016. Nuestra intención es hacer una auditoría para saber la situación del colegio que hemos heredado, fijar los puntos de partida y empezar a trabajar. Los presupuestos anuales de los últimos siete años no se ajustaban a la realidad.

-¿Qué cambios quiere aplicar?

-Queremos presupuestos participativos, con un desglose suficiente y una memoria que explique bien esas partidas. Pretendemos colgarlos en la web un mes antes del debate, que los colegiados opinen y haya reunión informativa antes de la asamblea que los apruebe.

-¿Y qué más?

-Que se cumpla la ley de transparencia en el colegio, tender puentes con las administraciones públicas e instituciones y devolver los retratos de los ex decanos a su sitio, sin olvidar colgar el de Ángel Díaz del Río (sonríe). Hay que poner en pie también todos los procedimientos judiciales abiertos por el colegio contra administraciones y otros civiles abiertos por intrusismo.

-A nivel nacional ¿qué reforma necesitan los arquitectos?

-Una ley de honorarios mínimos profesionales. Eso será posible si hay un consejo andaluz fuerte que, a través del consejo superior, vaya al Ministerio con una mesa de negociación con ingenieros, aparejadores y otros agentes. Necesitamos honorarios dignos que no se puedan bajar. La ley se eliminó en el mandato de Aznar. Ahora hay un baremo mínimo para valorar los honorarios pero en la calle se hacen rebajas del 80% para conseguir contratos porque gana la oferta económica más baja. Un proyecto con honorarios valorados en 82.000 euros se acaba dando por 10.000 euros. Si el 10% de una obra es para el técnico, que se contrate a los mejores para que los edificios envejezcan bien y estén bien ejecutados. Es una ley prioritaria en defensa del ciudadano.

-¿Y la Fundación Fidas?

-Nuestra intención es que dé cursos de formación práctica y de calidad sobre conocimientos que necesitan los arquitectos andaluces y favorecer la investigación, para ser competitiva y dar servicio de calidad. Es útil para los colegios andaluces sin tanta capacidad económica que no pueden dar cursos de formación.