La Policía ya alertó en 2003 de que no se tramitaban multas a taxistas

Que no se estaban cursando las denuncias por cobros abusivos contra los taxistas del aeropuerto era vox pópuli en la Policía Local de Sevilla. Así lo denunció ya en el año 2003 -es decir, hace quince años- el sindicato mayoritario del cuerpo, el Sppme, en sendos escritos enviados al Ayuntamiento. La no tramitación de denuncias por parte del Instituto del Taxi es precisamente una de las líneas de investigación de la macrocausa contra la mafia del taxi que mantiene abierta la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores. En este proceso judicial hay más de treinta taxistas imputados por varios delitos, como coacciones, amenazas, daños y pertenencia a organización criminal. La mayoría de los investigados son miembros del grupo que tiene el monopolio de la parada del aeropuerto, la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi. Entre los imputados está la cúpula de esta entidad, presidida por Enrique Filgueras.

La magistrada está investigando la desaparición de 60 boletines de denuncias correspondientes al año 2001. Estas multas, impuestas por la Policía Local de Sevilla, fueron las que dieron origen a la implantación del turno rotatorio de taxis para toda la flota de la ciudad en la parada de la terminal. Una medida que fue efímera y que apenas duró unos meses. Las copias de estos 60 boletines de denuncia aparecieron en el registro que la Brigada de Información de la Policía Nacional hizo en la sede de Solidaridad del Taxi en el aeropuerto de San Pablo, la pasada primavera. Los originales de estas denuncias están desaparecidos, no han sido tramitados por el Instituto del Taxi ni tampoco se encuentran en esta dependencia municipal.

En el año 2001, periodo en el que se impusieron las multas, era director del Instituto del Taxi el actual delegado de Movilidad y Seguridad en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera. Este edil ha tenido que declarar ya como testigo ante la juez de Instrucción 8. El Instituto del Taxi no tiene actualmente director y quien ha comparecido ante la magistrada para dar explicaciones es una funcionaria que llevaba sólo dos meses en el cargo cuando declaró. En el momento de la declaración, todavía había más de 600 denuncias sin tramitar. De ellas, 130 correspondían al año 2015; 260 a 2016; y más de 200 a 2017.

Después de que este periódico publicara estos detalles sobre la investigación judicial, el sindicato mayoritario de la Policía Local mandó una nota al delegado de Movilidad y Seguridad recordándole que ya en el año 2003 denunció que no se cursaban las multas a taxistas. "Este hecho no es nuevo, ya en octubre de 2003, este sindicato envió escrito al jefe de la Policía Local, en el cual se solicitaba que independientemente de los acuerdos políticos a los que pudiera llegar el gobierno municipal con la asociación Solidaridad del Taxi, se tramitaran todas las denuncias interpuestas por la Policía Local de Sevilla", dice el Sppme en su escrito dirigido a Juan Carlos Cabrera. El sindicato añadía también una relación de números de expedientes que sospechaba que no habían sido cursados, pero recuerda que esas misivas quedaron sin respuesta, tanto por parte del jefe de la Policía Local -que por entonces era Rafael Alarcón- como por parte del Instituto del Taxi. "Es evidente que la sospecha de que desde el Instituto del Taxi no se estaba realizando la tramitación más correcta de las denuncias que se efectuaban por parte de los agentes de la Policía Local no es nueva, viene de hace años", añaden los representantes de la fuerza municipal.

El sindicato recuerda que la Policía remitía todas las denuncias al Instituto del Taxi, órgano encargado de darles curso. Así lo establece la propia entidad en sus estatutos: "El Instituto del Taxi es el órgano municipal que ejerce por desconcentración la planificación, ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros en automóviles de turismo". El sindicato policial quiere conocer un dato que hasta ahora se desconoce: el número de multas que se impusieron y cuántas de ellas se tramitaron durante el mandato de Juan Ignacio Zoido como alcalde, es decir, entre junio de 2011 y junio de 2015.

Ni el PP ni el PSOE, en sus diferentes gobiernos locales, han tomado medidas contra el monopolio de Solidaridad del Taxi en el aeropuerto de San Pablo en los últimos quince años. Ahora, con la investigación judicial en marcha, sí se están tramitando las denuncias e incluso el Ayuntamiento está dándole publicidad a los controles y sanciones que se imponen a los taxistas. Pese a ello, el Consistorio tiene previsto eliminar el grupo de la Policía Local que se encargaba de realizar estas denuncias, que luego nunca se tramitaban. Se trata del Servicio Especial de Transporte e Intrusismo (SETI), que en la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la que trabaja el gobierno de Juan Espadas desaparece del organigrama de la Policía Local. Sus funciones las asumirán los agentes de una unidad especial que se encargará de vigilar el aeropuerto de San Pablo y la estación de Santa Justa.

La impunidad de la que gozaban algunos taxistas del aeropuerto se refleja en el sumario de la macrocausa que dirige el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, donde aparecen los seguimientos que un grupo de profesionales del sector hicieron presuntamente a una pareja de policías locales que habían denunciado a varios taxis del aeropuerto. Los conductores siguieron a los agentes y los fotografiaron comprando en una superficie comercial cuando iban de uniforme, para luego denunciar esta conducta al Ayuntamiento.

No fueron los únicos que sufrieron seguimientos por parte de un grupo de taxistas. También denunció haber detectado cómo le seguían hasta su domicilio el director del aeropuerto, Jesús Caballero, en los primeros días de su llegada al cargo, en mayo de 2013. Así consta en el informe policial elaborado por la Brigada de Información, en el que se recoge también cómo el presidente de Solidaridad, Enrique Filgueras, presumía de tener información de la vida íntima de personas conocidas de la ciudad y utilizar esto para conseguir sus propósitos. En una de las conversaciones telefónicas a las que hace referencia la Policía, el líder de los taxistas del aeropuerto llegó a recriminar al director del aeródromo que un familiar de éste entrara a trabajar en Airbus, aun cuando el líder tenía esa plaza reservada para un pariente suyo, ya que tenía muy buena relación con los representantes sindicales de la empresa. Como consecuencia de ello, el presidente de Solidaridad ordenó un boicot sobre Airbus, impidiendo a todos sus afiliados que acudieran a recoger clientes a las instalaciones de la compañía.

El director del aeropuerto ratificó ante la juez estos detalles incluidos en el informe policial durante su declaración como testigo del día 4 de diciembre. Esa misma fecha comparecieron en calidad de investigados ante la juez de Instrucción ocho miembros de la directiva de Solidaridad, entre ellos el presidente, Enrique Filgueras; el vicepresidente, Cesáreo Román; el tesorero, Antonio Velarde; y el secretario, Francisco Ternero. Todos se acogieron a su derecho a no declarar, pese a que minutos antes Filgueras había dicho a los periodistas que no tenía nada que ocultar.