Maeztu 'abronca' a la Junta por el caso de la escuela de hostelería ilegal

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha dedicado un apartado dentro de su último informe, presentado hace unos días en el Parlamento, al caso de la escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán, demolida tras una sentencia del Tribunal Supremo. Comenzó a construirse sobre una zona verde que, con las obras en marcha, se modificó a propuesta del Ayuntamiento, pero con el aval de la Junta. Según la sentencia, ese cambio "no obedeció a la búsqueda y satisfacción de los intereses generales, sino a enmendar una actuación de ilegalidad provocada por el propio Ayuntamiento" y ordenó la demolición.

Maeztu censura la actuación de la administración local y la autonómica -cuya resolución avalando el cambio urbanístico fue la recurrida en los tribunales-, en un caso sobre el que abrió un expediente de oficio y que usa para "llamar la atención" sobre las graves consecuencias que las "acciones u omisiones" en materia urbanística que toman los responsables públicos pueden tener en el erario público. Aboga por que se investiguen "siempre" las "posibles responsabilidades en las que hayan incurrido" quienes toman las decisiones. "Debieran responder con su patrimonio" cuando, como consecuencia de sus acciones hacen que se pierden fondos públicos, defiende. El Defensor anuncia que su oficina ha iniciado hace poco una "línea de actuación" específica, cuyo objetivo es llamar la atención y alertar a las autoridades y funcionarios" en este aspecto. En su informe, también cita otras actuaciones urbanísticas que han terminado suponiendo menoscabo para el erario público del ayuntamiento granadino de Almuñécar o el de Vera, en Almería.

El edificio demolido sin usar en Castilleja se levantó con "fondos Feder destinados a la generación de empleo", recuerda Maeztu, "que no han alcanzado el objetivo previsto", en "una comunidad autónoma que padece un 30% de desempleo". El Defensor inició la actuación de oficio por este caso en marzo de 2015, tras la diligencia del TSJA en la que instaba al Ayuntamiento a poner plazos a la demolición. En las conclusiones, Maeztu valora "negativamente la actuación de las dos administraciones", la local y la autonómica, y demanda que "se tome buena nota de ello" y "no se adopten" decisiones similares "que puedan tener tan graves consecuencias".

En la tramitación de esta actuación, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio mantuvo ante Maeztu que "no se cumple los presupuestos" para exigir responsabilidad patrimonial derivada de sus accciones, porque la modificación pasó y se aprobó también en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, previo informe favorable del Consejo Consultivo. También contaba con informes sectoriales favorables. "Sin embargo -dice Maeztu- esta institución debe resaltar que el proceder de estas dos administraciones, local y autonómica, al proponer la citada modificación del planeamiento, por más que fuera avalada por el dictamen del Consejo Consultivo, no puede estimarse como ejemplar, genere o no una posible responsabilidad patrominial", insiste.

El Defensor muestra además su sorpresa por cómo ha acabado este caso, por el que llegó a abrir otra queja previa. Entonces, la Junta le informó de que había pedido al Ayuntamiento la anulación de la licencia de obra. Fue después cuando aprobó la modificación urbanística propuesta por el Ayuntamiento y las obras siguieron, en tanto que se pronunciaban los tribunales.