Cae medio cuartel de la Guardia Civil de Isla Mayor en una redada antidroga
Asuntos Internos detiene al sargento jefe del puesto y a tres guardias más por colaborar con narcotraficantes.
Se han intervenido 1.600 kilos de hachís y arrestado a dos personas más.
sevilla/El Guadalquivir ha sido históricamente una de las principales vías de entrada del hachís del norte de África en Europa. A finales de la década pasada las cantidades aprehendidas no paraban de subir. En el año 2008 se intervinieron 56 toneladas de hachís que habían entrado por el río a través de planeadoras desde Sanlúcar de Barrameda hasta Sevilla. En 2009 se superaron los 72.000 kilos. Raro era el mes en el que no se hallaba un alijo importante. Pero de repente la actividad de los narcos cesó. O eso parecía.
Los responsables de la Guardia Civil de Sevilla trataban de encontrar alguna explicación al hecho de que de repente pararan las incautaciones de droga en el río. Desde 2009 hasta hoy sólo se cuentan tres operaciones de cierta importancia -cuatro con la del lunes- en las aguas del Guadalquivir. "Me preocupa. Por algún lado nos la están colando", llegó a decir un mando del cuerpo en una entrevista. Pensaron que podía ser que el incremento de la vigilancia sobre la desembocadura del Guadalquivir llevara a los narcos a buscar vías alternativas. Así parecieron confirmarlo las distintas investigaciones contra organizaciones que traían hachís desde Marruecos usando helicópteros o avionetas.
Pero una lancha planeadora de gran tamaño puede cargar hasta diez veces más droga que un helicóptero y no era tan sencillo que los narcos renunciaran al río, mucho más rentable para ellos que tener que pagar diez veces a un piloto de helicópteros por hacerles otros tantos viajes. La explicación era mucho más obvia: las mafias habían comprado a medio cuartel de la Guardia Civil de Isla Mayor. Hasta cuatro de los ocho agentes destinados en el pueblo fueron detenidos el lunes en una operación antidroga.
Esta localidad ha sido siempre un punto caliente del tráfico de drogas en la provincia de Sevilla. Lo es principalmente por una cuestión estratégica: la propia orografía del terreno. La superficie que se extiende desde el casco urbano hasta el río está formada por cientos de canales a los que sólo se puede llegar por tierra a través de dos caminos. Colocando simplemente a dos personas que vigilen ambos puntos, las mafias pueden conocer en tiempo real los movimientos de la Guardia Civil, y deshacerse de la droga si es necesario. Además, hay una vastísima extensión de terreno sin un solo edificio, por lo que cualquier vehículo que haga funciones de vigilancia se divisa desde varios kilómetros con unos simples prismáticos.
A todo esto hay que unirle la existencia de varios embarcaderos destinados a la pesca de la angula, que son ideales para alijar sin ser vistos desde el río. Las mafias suelen desembarcar la droga aquí y luego guardarlas, bien en naves de esta misma localidad o llevarla por carretera hasta otros municipios, como Coria del Río o Dos Hermanas. La Guardia Civil de Sevilla, además, no dispone de embarcaciones, por lo que tiene que perseguir a los traficantes desde tierra. Hace años que se propuso crear un servicio marítimo en Sevilla para vigilar el Guadalquivir, pero la idea se terminó desechando por decisión del Ministerio del Interior. Aun así, con vehículos todoterreno persiguiendo desde la orilla lanchas potentísimas, se luchó con bastante eficacia contra las mafias. Hasta finales de 2009.
A primera hora de la mañana del lunes 2 de enero, aquellos que se preguntaban por qué habían cesado los alijos en el río obtuvieron la respuesta a sus preguntas. Decenas de guardias civiles llegados especialmente desde Madrid se desplegaban por Isla Mayor y otras pedanías cercanas y detenían al sargento del puesto y a otros dos guardias civiles más destinados en el cuartel. Un cuarto agente fue arrestado en Zamora, localidad de la que es natural y en la que se encontraba pasando unos días de vacaciones. La operación continuó con las detenciones de dos personas más, vecinos del pueblo implicados en la red de narcotráfico.
La investigación lleva varios meses en marcha y continúa abierta. La dirige el juzgado central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que mantiene el secreto sobre las actuaciones. Para evitar filtraciones, todas las pesquisas la han llevado agentes de Madrid, pertenecientes al grupo de Asuntos Internos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Un alijo de 1.600 kilos de hachís encontrado el pasado jueves precipitó las detenciones del lunes.
Desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche hubo un despliegue sin precedentes en Isla Mayor, donde se realizaron varios registros. Uno de ellos fue en la vivienda del guardia natural de Zamora, otro en el cuartel de la Guardia Civil y un tercero en la barriada Coto San Juan. También hubo un dispositivo en el cercano poblado de Alfonso XIII, donde se realizaron numerosos registros en las conocidas como casas de chapa. En la cochera de uno de los detenidos se encontraron distintas pruebas. Ya por la tarde, el grueso del operativo se traladó hasta el cuartel de la Guardia Civil, donde llevaron al sargento detenido para efectuar el registro de la vivienda que tenía en las inmediaciones del puesto, según informó el diario Isla Mayor Actualidad. La operación continuó con el decomiso de diferente material en una de las naves colindantes con el canal por el que los narcotraficantes introducen el hachís, un polígono industrial llamado Príncipe de Gales. Allí, los vecinos pudieron contemplar atónitos cómo sacaban dos lanchas de grandes dimensiones, provistas de hasta 6 motores.
Entre la mercancía intervenida hay 50 fardos de hachís, dinero en metálico, varios vehículos -algunos de ellos sustraídos-, material informático, teléfonos móviles, varios pasamontañas, embarcaciones semirrígidas con motores, remolques y grúas de embarcaciones, material de transmisiones, motos de agua, diversas herramientas, cartuchería, pastillas de hachís, un surtidor, garrafas y depósitos de gasolina. A los agentes detenidos -que permanecen en los calabozos de la comandancia de Montequinto, a la espera de pasar a disposición judicial- se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, revelación de secretos y contra el patrimonio.
El alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, admitió este martes, en declaraciones a la Ser, que "el pueblo está en estado de shock" por lo ocurrido. "Llama mucho la atención cuando vemos ese tipo de barcas. No entendíamos cómo narices entraban esas barcas tan grandes en un caño tan estrechito y lleno de curvas", dijo el regidor.
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