La calidad del gobierno regional, clave del futuro

Esta semana, la Comisión Europea ha publicado el Séptimo informe sobre cohesión económica, social y territorial; documento en el que se analiza la evolución de las regiones europeas afectadas por la política de cohesión, la aplicación de esta política, las recomendaciones a los gobiernos regionales y las nuevas orientaciones de la política de cohesión.

El informe no hace un análisis singular de cada región, pero sí realiza consideraciones por grupos de regiones con información singular en gráficos y mapas, lo que permite identificar el comportamiento de las regiones concernidas.

Según el informe, con la crisis se detuvo la convergencia entre los estados miembros en términos de PIB por habitante, pero con el inicio de la recuperación las disparidades han comenzado a reducirse de nuevo. Sin embargo, algunas regiones en transición siguen aumentando la divergencia. Este es el caso de Andalucía, cuyo PIB por habitante pasó de representar el 70,8% de la media de la UE en el año 2000 al 79% en el año 2007, para luego decrecer hasta el 66% en el año 2014. Según la Comisión, para recuperar la convergencia tendrá que aumentar la participación en actividades que generen más valor añadido, con más tecnología e innovación, porque la globalización y el cambio tecnológico podrían socavar rápidamente su desempeño económico.

Entre los factores que la Comisión destaca para el divergente comportamiento se encuentra uno suficientemente conocido como es el alto volumen de desempleo, así como el elevado número de jóvenes que no tienen ni empleo, ni educación, ni experiencia de trabajo (ninis). Asimismo destaca la baja inversión pública regional en los últimos años y el muy bajo esfuerzo en innovación tanto pública como privada. Pero quizá el factor más significativo en este informe que explica la tendencia divergente regional es la baja calidad de gobierno, que "obstaculiza el desarrollo económico y reduce el impacto de la inversión pública, incluida la cofinanciada por la política de cohesión". Andalucía se encuentra en el 7º nivel sobre 8 del índice de calidad del gobierno de las regiones europeas, ocupando la última posición entre las regiones españolas. La Comisión estima que "la mejora del marco institucional ampliaría el impacto de la política de cohesión". Para ello recomienda que se aborden reformas estructurales que mejoren la competencia, el ambiente empresarial, la educación y las habilidades, el mercado de trabajo y el sistema de protección social, lo que puede generar importantes beneficios en términos de productividad y crecimiento del empleo. Cambios institucionales que en algunos casos pueden exigir un aumento de la inversión pública, pero que en otros se implementan con cambios regulatorios y en la gestión pública. Además, la contratación pública abierta y transparente es aconsejable para estimular la competencia, a lo que suma la erradicación de la corrupción y la rapidez en la toma de decisiones. Las observaciones sobre los factores que frenan el proceso de convergencia puede tener trascendencia financiera, ya que la Comisión adoptará en mayo de 2018 la propuesta para el marco financiero plurianual, lo que afectará a las políticas de cohesión dado que "el documento de reflexión sobre finanzas de la UE establece (…) que todos los fondos de la UE deben concentrarse en las áreas donde se puede lograr el mayor valor agregado de la UE".

Realmente casi toda la información que recoge el informe es suficientemente conocida por las personas interesadas en la economía andaluza. No sólo se conoce la tendencia a la divergencia que venimos experimentando desde el inicio de la crisis económica, o la especialización de la economía andaluza en actividades poco intensivas en conocimiento y tecnologías avanzadas, sino que los analistas económicos venimos coincidiendo en la necesidad de avanzar hacia un sistema productivo que nos permita competir no sólo en bajos salarios y el aprovechamiento de los recursos naturales, sino en productos y servicios más cualificados, y que para ello es necesario mejorar la dotación de factores productivos: recursos humanos con mayor empleabilidad, más empresas y capacidad empresarial, inversión productiva en capital físico y nuevas tecnologías, un marco institucional con gobernanza más eficiente, y valores sociales que estimulen el progreso. Pero lo interesante del informe no es solo que la Comisión Europea comparte el diagnóstico de la situación y las propuestas que venimos realizando los analistas económicos, sino que las reformas que apuntan condicionarán la orientación de las inversiones futuras de la política de cohesión regional.