Matrículas gratuitas universitarias

La presidenta Susana Díaz ha decidido iniciar una etapa diferente del Gobierno regional, para lo que ha renovado a buena parte del Consejo de Gobierno y ha adoptado algunas medidas, entre las que la más sobresaliente es la anunciada gratuidad de la enseñanza universitaria. Realmente las matrículas no serán gratuitas porque al ser esta enseñanza un servicio público regulado por el Estado, está sometido a precios que no se pueden eximir, por lo que la medida utiliza el subterfugio de la bonificación. En concreto, se bonificará el 99% de la matrícula de los grados y máster universitario para los que aprueben en primera matrícula el curso anterior (convocatorias de junio o septiembre), y el 70% para los que aprueben en la convocatoria de diciembre. Además, los estudiantes que hayan perdido sus becas podrán ahorrarse las matrículas de las asignaturas que hayan aprobado. Estas bonificaciones se producirán con independencia del nivel de renta de los estudiantes, y su coste será transferido por la Junta de Andalucía a las universidades.

La medida merece ser analizada porque, a pesar de sus buenas intenciones, puede generar efectos contrarios a los deseados, y porque, dada su intencionalidad de "incorporar las enseñanzas universitarias a los derechos básicos", sus implicaciones políticas y socioeconómicas pueden ser relevantes.

Como explica el premio Nobel de Economía Jean Tirole, en su reciente libro La economía del bien común, "hay muchas políticas supuestamente igualitarias que o bien se vuelven contra sus objetivos o tienen escaso impacto sobre ellos y cuestan mucho a la sociedad, poniendo en peligro a la larga el sistema social al que tanto apego tenemos". Y la gratuidad de las tasas universitarias puede ser una de estas políticas porque "beneficia sobre todo a las clases acomodadas", a las que pertenecen mayoritariamente los estudiantes universitarios andaluces.

Por otra parte, antes de abordar una política de largo recorrido deben valorarse sus posibles efectos directos e indirectos. Desde el año 2012 el precio de las matrículas universitarias ha aumentado en España significativamente, pero con distinta intensidad por comunidades, siendo Andalucía de las que se mantienen más baratas (757 euros por alumno y año), mientras que en Cataluña ha alcanzado 2.011 euros de media y en Madrid 1.683, siendo estas dos comunidades donde se concentran las mejores universidades del país.

¿Se ha evaluado en Andalucía los efectos de la política de tasas baratas? Una investigación realizada por los profesores Benito, Boscá y Ferri sobre los estudiantes matriculados en la Universidad de Valencia desde 2012 a 2014 concluye que el aumento de las tasas se ha traducido en una mejora del desempeño académico de los estudiantes, presumiblemente como resultado de un mayor esfuerzo, aumentando la probabilidad de aprobar en primera matrícula, reduciendo el número medio de repeticiones y mejorando las calificaciones medias. No sabemos si un abaratamiento de las matrículas en Andalucía provocará el mismo efecto que el encarecimiento en Valencia.

Tradicionalmente se ha justificado la financiación pública de las universidades, además de razones redistributivas, porque generan efectos externos positivos a toda la sociedad en forma de crecimiento económico y bienestar, pero, como nos recuerda Juan Vázquez, ex presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, también genera beneficios que son apropiados privadamente, por lo que los futuros beneficiarios deberían contribuir a financiar el coste de su formación, ejemplificando con el caso de un máster gratuito que permitirá a los futuros titulados aplicar elevadas tarifas en sus servicios profesionales a los miembros de la sociedad que les ha financiado los estudios.

También debe tenerse en consideración que la Junta de Andalucía lleva años con elevadas deudas con las universidades públicas, y cuando los rectores vuelven a reclamar que se eleve la financiación desde los actuales 0,88% del PIB regional al 1,5% para mejorar la calidad, la excelencia y la investigación, se aborda un compromiso financiero adicional en un año con ajustes en la financiación autonómica. Por lo que más gratuidad puede convertirse en peor calidad docente e investigadora.

En consecuencia, aunque compartimos como objetivos deseables la igualdad de oportunidades y la excelencia en las universidades andaluzas, no parece que la gratuidad de la matrícula por aprobar sin discriminar por niveles de renta sea una medida conveniente para conseguir los dos objetivos referidos. Por el contrario, parece más razonable un sistema de tasas progresivas para las familias con mayores rentas y un aumento de las matrículas de los repetidores, lo que podría financiar un sistema de becas adicionales para los estudiantes con menor nivel de renta y para los mejores expedientes.