Dirección de centros: tarde y mal

La Lomce se publicó en 2013 y las comunidades autónomas debían desarrollar los preceptos de dicha ley, entre los que se encuentran el procedimiento para seleccionar a los directores o directoras de los centros educativos, cuyo Real Decreto estatal apareció en 2014. Para empezar, Andalucía ha tardado cuatro años en promulgar dicha normativa, después de todas las comunidades autónomas, lo que ha ocasionado que un número muy elevado de centros se hayan visto abocados a la inestabilidad en sus órganos de dirección, con las consecuencias que todos pueden imaginar: proyectos provisionales o inexistentes y, por ello, falta de la necesaria vinculación y compromiso de quienes deben dirigir nuestros centros. Los motivos para este retraso tienen que ver con las luchas de los partidos que ostentan el poder en las administraciones central y autonómica y, en absoluto, con la necesidad de plantear un buen modelo de dirección.

Los retrasos aludidos han supuesto que, actualmente, se encuentren afectados más de mil centros en toda Andalucía. La selección que se propone se realiza mediante un concurso de méritos, en el que los candidatos, tras cumplir unos requisitos verificados por la Administración, entre los que se encuentran la presentación de un proyecto de dirección, son seleccionados por una comisión, presidida por la inspección educativa, en la que están representados, de forma paritaria, la Administración educativa, por una parte, y representantes de profesorado, familias y alumnado, por otra.

El desarrollo del procedimiento, que se lleva a cabo en estas semanas, está suponiendo un despropósito de dimensiones siderales. Hacerlo tarde y hacerlo mal, todo en uno. Errores normativos elementales, como fijar un número máximo de 50 páginas para el proyecto sin definir las características exigibles, como tamaño de letra, interlineado, etc., lo que puede suponer la conculcación flagrante del principio de igualdad de los candidatos. Además, indefinición y restricciones en el modelo propuesto, menos participativo que el de otras comunidades autónomas que, dentro de los márgenes que permite la ley, han facilitado una mayor incidencia de la inspección, con emisión de informes previos, y participación de los claustros y los consejos escolares, incluso emitiendo un dictamen o valoración sobre el proyecto, algo que aquí no se ha permitido. No prever la posibilidad de plagios en los proyectos, algo que puede suponer un tremendo agravio para los candidatos que se han preocupado de elaborar textos originales y propios para los centros a los que se presentan. Todo lo anterior está provocando indefensión, retrasos, improvisación y arbitrariedad tanto para los candidatos, como para quienes se ven inmersos en las distintas responsabilidades para la selección de los mismos.

Sin embargo, el tiempo utilizado en confrontaciones de partidos, que nada tienen que ver con el buen funcionamiento del sistema educativo y de una de sus claves, contar con buenos equipos directivos, ha supuesto un desperdicio de tiempo y energía y, lo que es más grave, no abordar la cuestión fundamental: qué modelo de dirección es mejor para un buen funcionamiento de los centros. Se ha perdido una oportunidad para mejorar la situación de la dirección, superando la indefinición actual, en la que convergen características de un modelo que podríamos denominar "directores aficionados y provisionales", con otro de "directores profesionales y estables". Quizás por este motivo, el 15% de los centros no ha tenido candidato, al 70% sólo se ha presentado uno, y en el 15% restante ha habido más de un candidato, por lo que la competencia real y necesaria es escasa. El modelo andaluz, continuista y conservador, más allá de la calamitosa gestión del mismo, ni garantiza la selección de los mejores ni tampoco impide el acceso de los peores ya que el papel de un proyecto lo aguanta todo sin, al menos, informes previos o apoyos democráticos explícitos.

Con este panorama, no sólo no se avanza, sino que se retrocede en el propósito de ir hacia una dirección escolar más pedagógica y menos gerencial, más participativa y democrática, y menos administrativa y burocrática. Por supuesto, como defendemos siempre, las responsabilidades en la situación descrita, aunque en diferente grado, son compartidas. Pero los que han participado en la dilación del procedimiento, así como en la elaboración de lo promulgado, son los principales artífices que, dada la gravedad de la situación, deberían asumir responsabilidades.