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El fracaso de la reforma constitucional italiana que proponía el dimitido primer ministro, Matteo Renzi, vuelve a poner sobre la mesa los peligros del uso y abuso de los referendos como instrumento democrático, más en estos tiempos de alta volatilidad política en los que las emociones y las medias verdades convenientemente manipuladas y difundidas masivamente por las redes sociales (la llamada posverdad) están pesando más en la decisión de los ciudadanos que las razones fríamente sopesadas. El resultado no puede ser más negativo: Italia pierde la oportunidad de reformar una Constitución que la condena a la crisis gubernamental perpetua; la Unión Europea ve desaparecer -al menos por ahora- a un líder decididamente europeísta; y, finalmente, los populistas contrarios al euro alcanzan una nueva victoria en esta lenta, incruenta y silenciosa guerra que libran contra la política clásica.
Evidentemente, una reforma constitucional como la que proponía Renzi, que cambiaba en gran medida los equilibrios del poder en Italia, debía pasar por un referéndum. Los ciudadanos italianos tenían derecho a opinar sobre ella. Sin embargo, Renzi no tenía que haber llegado a la celebración de la consulta sin haber muñido previamente los acuerdos políticos necesarios que le garantizasen un rotundo sí. Los políticos con atractivo como el dimitido primer ministro suelen confiar demasiado en su carisma y en su capacidad de arrastre. Ahora, Renzi ha comprobado amargamente para él y para la UE que sobreestimó sus fuerzas. Un mal acuerdo político vale más que una buena idea que no cuenta con los suficientes apoyos.
El ejemplo de Italia no debe pasar desapercibido en España en unos momentos en los que se está hablando de una hipotética reforma de la Constitución de 1978. Todo indica que, con más lentitud que prisa, los principales partidos constitucionalistas (PP, PSOE y C's) van a empezar a hablar sobre los términos en que se podría realizar esta reforma. Es el momento de insistir en que, para evitar el fiasco italiano, el texto que se someta a la opinión de los españoles en referéndum -si es que tal extremo ocurre- debe contar con un amplísimo consenso previo entre los partidos que garantice no sólo su aprobación, sino la aceptación masiva que merece una Constitución. Sólo así se librará a nuestro país de vivir una crisis política como la que ahora se abre en la República de Italia.
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