Pésimo día para España, Cataluña y la democracia

EL grotesco simulacro de referéndum escenificado este domingo en Cataluña supone la consumación del fracaso de la política como fórmula para superar los conflictos. El 1-O deja una incertidumbre imposible de despejar en este momento. Fue un pésimo día para Cataluña, arrastrada por un Gobierno autonómico empecinado en celebrar una consulta ilegal con episodios propios de una farsa. Menos de una hora antes, se anunció un censo universal y la posibilidad de votar en cualquier centro, con papeletas caseras en urnas opacas, algunas dispuestas en la propia calle. Y todo sin el más mínimo control.

Puigdemont y su Ejecutivo, después de vulnerar sistemáticamente la Constitución y el propio Estatut, habían decidido como colofón de su aventura independentista lanzar a la ciudadanía a la calle. Como si la democracia se pudiera regir por la capacidad de movilización y las normas y la ley quedaran sujetas al grado de intensidad de las algaradas callejeras de cada momento. Algo que, por otra parte, integra el ideario de los antisistema, el grupúsculo que desde hace dos años parece determinar los destinos de esta comunidad. Pero también fue la de este domingo una pésima jornada para el conjunto del Estado español y para el Gobierno de Rajoy en particular. Este último es el responsable de que se cumpla la Constitución y de impedir este desafío soberanista.

Las sucesivas cargas de la Policía y la Guardia Civil contra los ciudadanos que se concentraban en los supuestos colegios electorales, recogidas con profusión por todos los medios internacionales, suponen un daño a la imagen de España muy difícil de cuantificar. Los más de 800 heridos y contusionados, según la Generalitat, en los incidentes tampoco ayudarán a recomponer los puentes destrozados. Pero hay que resaltar la dejación de funciones de los Mossos d'Esquadra, que se inhibieron de cumplir el mandato legal.

El panorama a partir de ahora es desalentador. Puigdemont dio validez a los resultados y anunció que abre el camino que debe culminar en la declaración de independencia. Entra en el terreno de la sedición con consecuencias irreversibles. Cuando se conjure esta asonada no quedará otro remedio que la negociación para superar esta gravísima crisis. En ese sentido, es una buena noticia que Rajoy decida poner fin a su inmovilismo y se reúna con los partidos para abordar la nueva situación. Pero la desobediencia y la deslegitimación de la ley no pueden facilitar los imprescindibles avances políticos. El precedente entrañaría unas consecuencias que España y la UE no pueden permitirse.