Vecinos del edificio ocupado de San Bernardo ganan un juicio a Urbanismo

La demanda de desahucio presentada por la Gerencia de Urbanismo contra un vecino del edificio ocupado de la barriada hispalense de San Bernardo ha sido desestimada por el juzgado de primera instancia número 24 de Sevilla. La resolución afirma que no existe una situación de precario por parte del denunciado, Antonio Buenavida. El fallo asegura que al vecino se le hizo un préstamo de la vivienda por un plazo determinado y que, en consecuencia, Urbanismo debe cumplirlo y respetar la posesión del inmueble hasta que se proceda a la rehabilitación de la vivienda que el inquilino tiene alquilada en el mismo barrio.

Las pésimas condiciones de habitabilidad de este domicilio provocaron la ocupación del edificio número 52 de la calle San Bernardo en abril de 2005 por parte de diez familias. La sentencia desautoriza así los argumentos del responsable de la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otaínsa), Ángel Monje, y de IU, ya que dicha oficina depende de este partido.

"Durante meses han estado declarando que la situación de Buenavida constituía un abuso ilegal", declaró ayer el abogado defensor, José Ignacio Aguilar. "Estas acusaciones han lesionado la reputación del afectado. Esperamos que la resolución haga que IU y Otaínsa reconsideren su postura y decidan respetar la situación de las familias amenazadas de desahucio", declaró el asesor jurídico.

Aguilar explicó que la situación de las personas que ocuparon el edificio es "absolutamente regular" porque, según aseveró, en 2005 celebraron un contrato verbal de préstamo con Urbanismo. "Pasado un tiempo, Otaínsa se empeñó, sin motivo aparente, en desahuciar a cuatro familias aprovechando que no había ningún documento escrito de por medio, mientras que a las demás les hizo un contrato de alquiler", comentó el abogado.

Buenavida indicó que finalmente han demostrado con pruebas visuales y sonoras que tenían grabadas la existencia del acuerdo verbal. "Aspiramos a que nuestra situación se normalice, que Otaínsa deje de acosarnos y reconozca que nos dejó estas viviendas hasta que las nuestras se rehabilitaran", manifestó el vecino afectado, quien mostró su agradecimiento al apoyo que le han prestado asociaciones como la organización de Derechos Humanos de Sevilla, la Liga de Inquilinos y Barrios en Lucha. "La media de edad de las diez familias es de 68 años y sin ellos, no hubiéramos llegado hasta aquí", dijo.