IU quiere paralizar el desalojo de las últimas inquilinas del barrio de Astilleros

El Grupo de IU-CA en el Ayuntamiento de Sevilla propondrá en el próximo pleno instar a la Autoridad Portuaria a paralizar, "de forma inmediata", el desahucio administrativo con amenaza de desalojo que pesa sobre siete viudas que, en la Punta del Verde, habitan viviendas arrendadas hace décadas por la antigua y extinta sociedad pública Astilleros Españoles S.A., que a través de indemnizaciones de 60.000 euros liquidó el resto de contratos de renta antigua de los inquilinos de este barrio.

En rueda de prensa, el portavoz municipal de IU-CA y primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y uno de los abogados del colectivo de mujeres e hijo de una de las implicadas, Jorge Mora, explicaron que estas siete viviendas en cuestión proceden de las barriadas creadas a finales de los años 40 y principios de la siguiente década por la empresa nacional Elcano, propietaria entonces de los astilleros de Sevilla. La barriada de Punta del Verde, en concreto, nació en suelos hoy adscritos a la Autoridad Portuaria para acoger a los trabajadores de un retén de emergencia para la industria naval.

Después de que en 2005 la antigua sociedad naval Izar, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entrase en liquidación para transformarse en Navantia con la venta de los astilleros de Sevilla a la iniciativa privada, un liquidador contratado a tal efecto comenzó en 2007 a negociar con los habitantes del barrio de Astilleros, en la Punta del Verde, la resolución de sus contratos de alquiler de renta antigua a cambio de una indemnización de 60.000 euros.

Liquidación de los contratos

No obstante, y según explicaron Rodrigo Torrijos y Mora, seis ancianas y una mujer de unos 60 años, todas ellas viudas de trabajados de la industria naval, no se acogieron a esta oferta y, mientras en junio de 2009 Astilleros Españoles S.A. liquidaba los contratos de alquiler cuyos titulares se habían acogido al acuerdo, estas siete inquilinas afrontan actualmente un desahucio administrativo promovido por la Autoridad Portuaria como propietaria de los suelos. La sociedad naval y la institución que preside Manuel Fernández, en ese sentido, dieron anteriormente extinta "por caducidad" la concesión administrativa relativa a estos terrenos.

En ese sentido, el procedimiento administrativo de desahucio promovido desde el pasado mes de diciembre por la Autoridad Portuaria contra estas siete inquilinas concluirá el próximo 8 de junio, cuando sería consumado su "desalojo" en el caso de que no hayan abandonado voluntariamente sus viviendas merced a la orden de desalojo que pesa sobre ellas. A tal efecto, Jorge Mora señaló que contra esta orden se ha formulado un recurso recogido por la Sección Tercera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Para Mora y Rodrigo Torrijos, se trata de una situación de "injusticia social" motivada por la actitud "depredadora" de la Autoridad Portuaria, sobre todo porque estas siete viudas "siguen pagando sus rentas", que rondan mensualidades de 250 de las antiguas pesetas al no ser actualizados nunca los alquileres. Tales mensualidades, eso sí, quedan depositadas al no ser aceptadas por el arrendador, en este caso Astilleros Españoles S.A.

Además, se trata de personas octogenarias y nonagenarias que, dada su condición, no pueden afrontar otras condiciones de vida, por lo que la mencionada moción de IU-CA propondrá al pleno solicitar a la Autoridad Portuaria la "inmediata paralización" de los desahucios y desalojos, además de proponer una negociación entre las partes de cara a una "solución digna y justa" para estas personas.