El pirómano de Las Naciones se niega a declarar alegando que sufre una pérdida de audición

El individuo de 67 años de edad que el pasado día 17 de julio intentó hacer volar el bloque número 30 de la calle Arquitecto José Gómez Millán de Sevilla por medio de siete bombonas de gas butano y líquido inflamable, entre otros artilugios, acudió este lunes al Juzgado de Instrucción número 6 imputado por un presunto delito de calumnias e injurias realizadas en los meses previos al incendio, aunque finalmente se negó a declarar alegando para ello que sufre una pérdida de audición del 80 por ciento.

Así lo dio a conocer en declaraciones el denunciante y administrador de fincas que gestiona la comunidad de propietarios de este edificio y vecino del propio bloque, José Enrique Algaba, quien especificó que el acusado, Rafael P.P. -conocido como 'el francés' a cuenta de sus estancias en el país galo-, se negó a declarar ante la juez Mercedes Alaya Rodríguez argumentando además que el Juzgado de Instrucción 14 -el cual instruye la causa por el incendio de julio- no le ha devuelto el audífono que entregó tras causar presuntamente el fuego.

En este sentido, y según informó José Enrique Algaba, Rafael P.P. también se ha negado a firmar el acta judicial alegando que "no ve bien", excusas todas ellas que han sido aceptadas por la juez de Instrucción número 6, que ha acordado solicitar al Juzgado de Instrucción 14 que devuelva el audífono al imputado, por lo que será a partir de este momento cuando lo vuelva a citar a declarar.

Al hilo de ello, Algaba consideró que las excusas planteadas en el día de hoy por Rafael P.P. "no son mas que una estrategia para dilatar el proceso", haciendo mención además a la actitud mostrada por el imputado a la entrada a los juzgados del Prado, cuando ha mirado "de manera arrogante" al conjunto de vecinos apostados en el lugar, lo que ha motivado que algunos de estos últimos "pierdan el control" y hayan intentado agredir al imputado, que no obstante no se ha limitado a defenderse y ha propinado una patada a uno de los vecinos.

De igual modo, recordó que fue el pasado mes de noviembre de 2008 cuando él mismo denunció al ahora imputado acusándolo de introducir cartas en su buzón con mensajes "completamente ofensivos y que excedían los límites de lo tolerable". Según afirmó, en estas cartas Rafael P.P. "realizada una serie de imputaciones", por lo que "llegó un momento en el que no podía tolerar más" los mensajes incluidos en las misivas e interpuso la denuncia ante el Juzgado, el cual realizó la citación judicial un mes más tarde, factor este que disuadió al acusado de remitir más misivas al administrador.

Al hilo de ello, Algaba señaló que, aunque tras la citación el imputado dejó de mandar cartas, pasó a amenazarle verbalmente, aunque los vecinos "nunca llegamos a imaginar que las amenazas iban a llegar a este término -en referencia al incendio provocado el pasado mes de julio por este individuo, actualmente en prisión imputado por un presunto delito de estragos, el cual engloba los daños y el incendio, y once presuntos delitos de incendio en grado de tentativa".

Vuelta a sus viviendas

De otro lado, informó de que los 82 vecinos de la comunidad de propietarios del número 30 de la calle Arquitecto José Gómez Millán de Sevilla están siendo entrevistados desde el pasado mes de julio "uno por uno" con la finalidad de personarse en la causa individualmente, después de que la comunidad de vecinos ya consumara su personación, al tiempo que criticó que, a día de hoy, los vecinos no han recibido una copia de las actuaciones, tal y como ya solicitaron.

Por último, Algaba recordó que la instalación de los ascensores, requisito necesario para otorgar la cualidad de habitabilidad en un edificio dadas las dificultades de los propietarios de las plantas más altas en acceder, aún no se ha producido, estando previsto el término de esta operación para el próximo 15 de octubre, "en unos plazos que no se pueden acortar por el cierre por vacaciones de las empresas implicadas".

Sin embargo, hay inquilinos que "no pueden seguir pagándose un alojamiento", por lo que la "única" solución que han visto, según relató Algaba, es volver a sus viviendas "de manera casi obligada". Por ello, entre diez y 15 familias han retornado al inmueble siniestrado.