La "cuestión interna" del Prado
La comisión de peticiones considera, tras un agitado debate político, que Bruselas no es competente en el tema, pero deja para hoy su conclusión sobre la queja vecinal
El debate sobre la biblioteca del Prado generó ayer un debate acalorado y extenso entre los eurodiputados españoles del PP y del PSOE presentes en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo. No obstante, las conclusiones sobre la queja planteada por la asociación de vecinos Huerta de la Salud se dejarán para la reunión de coordinadores de grupos políticos que tendrá lugar hoy en esta instancia, cuya presidenta Erminia Mazzoni dejó claro ayer que en ningún caso la respuesta será enjuiciar lo que han dicho los tribunales sobre tema.
Por el momento, la comisión asegura que la queja debe resolverse en España, frente a la tesis de los vecinos de que Bruselas tiene que intervenir porque los jardines se han construido con fondos comunitarios. En representación del Ejecutivo comunitario, Alfredo Quintanilla, explicó que los responsables de la biblioteca han garantizado que la obra no altera los objetivos fijados en el proyecto de los jardines ni conculca ninguna directiva europea y que para el proyecto de este edificio no se han dado fondos europeos, por lo que se trata de "una cuestión interna".
La red de redes permitió seguir el debate en directo durante la media hora que se prolongó. Minutos antes de las 18:00, la representante de los vecinos Emilia de la Serna tomó la palabra para denunciar la "tala" de 229 de los 1.324 árboles por las obras en parte de los jardines, construidos con un 70% de fondos Feder en 1997. Tras recordar que 38 asociaciones ciudadanas se unieron para protestar, citó las sentencias favorables emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y pidió expresamente al Parlamento Europeo que "condene al Ayuntamiento de Sevilla, al menos moralmente" para que se ponga punto y final a las obras de la biblioteca universitaria, paralizadas provisionalmente este verano por un auto judicial.
El turno siguiente fue para los eurodiputados del PP Teresa Jiménez Becerril y Carlos Iturgáiz, quienes respaldaron las tesis de los vecinos. La primera dijo que una biblioteca en zona verde es "un atropello contra el medio ambiente que ha infringido los principios de sostenibilidad" y pidió que no se ahoguen los deseos de muchos ciudadanos y se mantenga abierta la petición porque los tribunales han dado la razón a los vecinos.
Iturgáiz preguntó a la comisión si sabía que las obras habían sido paralizadas judicialmente y si se iba a investigar el asunto porque "podía estar financiando obras ilegales".
El eurodiputado del PSOE Luis Yáñez se opuso a las tesis de los vecinos, a los que acusó de defender "varias falacias y falsedades". En favor de los argumentos de la Universidad y del Ayuntamiento de Sevilla, Yáñez negó la tala de un solo árbol y agregó que los más de 200 han sido transplantados, según un informe de la Universidad que repartió y del que aseguró que "el 90% siguen vivos y están ahora mejor que en el albero". También esgrimió que se ha actuado sobre árboles no centenarios y criticó que el PP "ha cambiado de opinión" respecto a 2003, cuando apoyó el edificio en la cabecera oriental de los jardines.
La crítica más dura de Yáñez contra los vecinos se refirió a que éstos defienden "intereses particulares" porque, en su opinión, "la mayoría de los medios sociales y los ciudadanos" apoya la construcción de esta biblioteca en los jardines "salvo los que viven en los cinco edificios que hay detrás, que son los que han iniciado todas las protestas porque les quita parte de la vista que tenían del jardín", sostuvo. El socialista también citó la época franquista en la que se levantaron estos cinco edificios y su "alto valor económico".
Por parte de IU, Willy Meyer apoyó la tesis de Yáñez y pidió que se invite también al Ayuntamiento de Sevilla -donde IU gobierna en coalición con el PSOE- a dar toda la información porque, según él, tiene "la absoluta certeza" de que las cosas se han hecho bien con la biblioteca.
El último en intervenir fue el socialista Miguel Ángel Martínez, quien censuró el cruce de acusaciones entre partidos y pidió al PP "que no pervierta ni prostituya la comisión, que cada tema no puede ser de agitación y propaganda". Martínez opinió que en el tema de la biblioteca "no hay una normativa de la UE contravenida, lo que hay es un proceso jurídico. Son los tribunales los que sí han condenado".
En respuesta a Yáñez, la representante de los vecinos Emilia de la Serna reprochó al político socialista sus acusaciones. "Me han llamado mentirosa. Soy independiente y no vengo en nombre de ningún partido", dijo tras aclarar que el 99% de los que protestan no viven enfrente de los jardines.
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