El letrado “obstaculizó” la fiscalización del Consistorio marbellí

La Fiscalía Anticorrupción considera que el abogado José María del Nido tuvo un papel destacado a la hora de “obstaculizar” la fiscalización que el Tribunal de Cuentas estaba llevando a cabo en el Ayuntamiento de Marbella, un asunto para que el fue contratado a pesar de que su intervención como letrado “resultaba absolutamente prescindible” en la fase de fiscalización.

El escrito de acusación del Ministerio Público recoge que las labores coordinadas por el abogado –por las que percibió unas minutas de más de 155.000 euros– consistieron prioritariamente en “oponerse indebidamente a la fiscalización, obstaculizar y retrasar las labores de fiscalización, y solicitar posteriormente de manera reiterada el archivo de las diligencias y actuaciones incoadas ante la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas”, una actuación que la Fiscalía entiende que resultaba “incongruente, incompatible e incluso contraria a los intereses públicos de la corporación”.

Como “comisionado plenipotenciario” del alcalde, Jesús Gil, el abogado canalizó y filtró a nivel interno “qué documentación debía ser entregada y cuál no debía ser facilitada a los funcionarios del Tribunal de Cuentas por parte de los funcionarios autorizados, lo que indudablemente dificultó las labores fiscalizadoras”.

La Fiscalía también advierte que se produjeron supuestas irregularidades en la contratación de Del Nido con ocasión de la recepción del informe definitivo aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 1 de febrero de 2001. El letrado elaboró unas alegaciones al informe pese a que este trámite no está previsto legalmente, según la Fiscalía, que denuncia que José María del Nido era plenamente consciente de la falta de respaldo legal del encargo recibido y a pesar de ello lo realizó “con propósito de ilícito enriquecimiento, de común y renovado acuerdo con el acusado Julián Muñoz”. Por ese trabajo Del Nido presentó una minuta de más de 139.000 euros, a la que acompañó una carta en la que aseguraba que había realizado centenares de consultas para la formulación de alegaciones en un escrito de cerca de 800 páginas y al que adjuntaba miles de documentos.

Con ocasión de esta minuta, el interventor municipal de Marbella emitió un informe dirigido al alcalde en el que consideraba excesivos los honorarios de Del Nido, ya que, según argumentaban, habían sido el secretario, el interventor, el tesorero y los jefes de servicio del Consistorio los que elaboraron distintos informes según sus competencias, mientras que el abogado efectuó “la refundición de los mismos en uno solo, labor ésta que no debe originar unos honorarios tan excesivos”, sostenía el funcionario del Ayuntamiento de Marbella. Después de este informe, la Fiscalía señala que para evitar nuevos reparos del interventor a futuros pagos, Julián Muñoz y Del Nido firmaron un contrato de arrendamiento de servicios profesionales por el que se estipuló unos honorarios brutos mensuales de ocho millones de pesetas y se le facultó para usar dependencias municipales y personal del Ayuntamiento.

La Fiscalía entiende que las irregularidades propiciaron una “falta de control y transparencia en la contratación y facturación de los servicios jurídicos” prestados por Del Nido, que aceptó su papel para que “pasaran desapercibidas las numerosas irregularidades contables y detracciones de fondos que se habían efectuado en los periodos fiscalizados”, para servir a la persona de Jesús Gil y Gil “por encima de los intereses municipales”.