El Consistorio pone en duda ayudar a la Iglesia al haber "ediles bautizados"

El debate sobre las subvenciones municipales fue llevado ayer por el gobierno local al límite de lo sensato, hasta el punto de que varios ediles pusieron en duda la legalidad de conceder ayudas a entidades vinculadas con la Iglesia en tanto en cuanto podrían ser tildadas de trato de favor, ya que "son varios" los concejales y altos cargos del Ayuntamiento de Sevilla los que se cuentan como "socios" de la Iglesia. Así lo expuso la portavoz municipal de Sevilla, la socialista Maribel Montaño, en las explicaciones que dio de los puntos tratados en junta de gobierno, una sesión en la que se trató la polémica concesión de subvenciones por parte de Relaciones Institucionales a una entidad afín a IU, Cedespaz, a la que pertenecen ediles y altos cargos de la coalición, como el gerente de la Fundación DeSevilla.

Montaño reseñó que los concejales del gobierno expusieron sus dudas sobre la idoneidad de conceder a la Asociación de la Comunidad Católica Española de Inmigrantes un contrato por 203.109 euros para ofrecer el servicio de pisos de acogida para inmigrantes en situación de vulnerabilidad, una concesión administrativa que, en palabras de la delegada, suscitó el debate al hilo de las críticas vertidas por la oposición por el caso Cedespaz.

"Si con Cedespaz se argumenta que ediles y altos cargos son socios o miembros de la entidad para subrayar la irregularidad de la subvención, aquí pasaría lo mismo, ya que todos los que estén bautizados y tengan partida bautismal pertenecen a la Iglesia y a sus entidades en calidad de socio, lo que podría ser entendido como prueba pata inhabilitar las subvenciones a la Iglesia católica", argumentó Maribel Montaño. Pese al debate, la concejal aclaró que finalmente el contrato de prestaciones a los inmigrantes con la asociación religiosa fue aprobado, aunque la junta de gobierno quedó en solicitar "un estudio" para en un futuro dar garantía legal a las resoluciones municipales relacionadas con las subvenciones.

El gobierno local puso ayer en tela de juicio las ayudas a la Iglesia por un contrato con el objeto de ayudar a inmigrantes desprotegidos, cuando canaliza a través de esta institución numerosas prestaciones relacionadas con Bienestar Social, Patrimonio, Fiestas Mayores y Urbanismo, como por ejemplo las líneas de ayudas con Cáritas y los comedores sociales a través de las hermanas de San Vicente de Paúl, la cesión de inmuebles a hermandades para casas de hermandad y obras sociales, la rehabilitación de templos -Santa Catalina, con 400.000 euros, y las obras en la capilla de la Esperanza de Triana, con 200.000 euros, son muestras-, la colocación de palcos en la carrera oficial en Semana Santa, y los acuerdos para una movida alternativa entre Juventud y Deportes (gestionado por IU) y los Salesianos de Triana, entre otros.

La portavoz del gobierno local respaldó ayer las explicaciones dadas por el socio minoritario de gobierno en el caso Cedespaz y dijo que las ayudas se concedieron "bajo procedimientos escrupulosamente legales incluyendo la publicación de las mismas". La portavoz respondió así en un comunicado a las críticas vertidas por el PP, que tildó de "irregular" la subvención ya que la convocatoria fijada el 25 de septiembre de 2009 no fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla (BOP), como ordena el reglamento municipal.

Torrijos aclaró ayer que la convocatoria de subvenciones no se publicó en el BOP porque "no daba tiempo al estar a final de año", y agregó que la modificación del sistema de publicidad estuvo autorizada por la Intervención y Secretaría municipales, por lo que "no es ilegal por no publicarse en el BOP, se hizo una adaptación para que no se quebrase el principio de publicidad de las bases". Insistió en que el portavoz del PP Beltrán Pérez "tendrá que responder ante los tribunales por lo que está diciendo" y consideró que la "valentía" de éste "contrasta con la cobardía de su portavoz, Juan Ignacio Zoido, que dice que va a ir a los tribunales y no va".