La multa que frustró una operación

Salió de patrulla, siguiendo a unos delincuentes de nacionalidad china, y acabó sin detener a los sospechosos pero con una multa de 150 euros y tres puntos menos del carné de conducir. Ésta es la historia de un policía nacional de Sevilla que, a mediados del año pasado, se topó con un control de la Guardia Civil en la carretera de Utrera.

El funcionario descubrió entonces la severidad de los miembros del benemérito cuerpo, que no perdonan las infracciones de un compañero, aunque éste se encuentre de servicio y le pida su colaboración. El agente formaba parte de un dispositivo especial que, con un coche camuflado, se había montado para tratar de desmantelar a un grupo de ciudadanos chinos que se dedicaban a explotar a sus compatriotas. Cuando se encontraban en la salida de la carretera de Utrera, siguiendo el coche del supuesto cabecilla de la organización, un oficial de la Guardia Civil dio el alto al vehículo policial porque los ocupantes del mismo no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Los policías atendieron las indicaciones del agente del Instituto Armado, al que mostraron sus placas profesionales y le indicaron que se hallaban de servicio en un vehículo policial. El agente les respondió que también estaba de servicio y que siempre se ponía el cinturón de seguridad. Los policías pudieron continuar la marcha, tras este primer incidente, y para tratar de alcanzar al vehículo que perseguían tuvieron que superar el límite de velocidad autorizado en esta carretera. Pero el vehículo de la Guardia Civil, según el informe que elaboró en su día el policía nacional, se aproximó a gran velocidad y les adelantó, obligándoles a detener en el arcén con una maniobra brusca. El guardia civil insistía en que el policía no llevaba puesto el cinturón, y éste último le reprochaba que no le importaba para nada el servicio que estaban realizando y que les había puesto en peligro por la maniobra que efectuó para que se pararan.

Los policías estaban siguiendo al cabecilla de la organización, que regentaba un restaurante chino de la localidad utrerana en el que, según las investigaciones policiales, trabajaban varios ciudadanos de origen chino en situación irregular, que soportaban agotadoras jornadas de más de 12 horas y desarrollaban su labor en condiciones que rozan la esclavitud.

El altercado con la Guardia Civil frustró esta operación policial, porque aunque tras un primer momento los policías pudieron continuar su marcha, el vehículo de la Benemérita se colocó delante de ellos y circuló a una velocidad de 100 kilómetros por hora hasta llegar a la barriada de Montequinto. La Policía tuvo que levantar el dispositivo, porque ya resultaba imposible alcanzar el vehículo fugado.

Días después, el agente recibió en su domicilio una notificación de la Dirección General de Tráfico en la que se le sancionaba con una multa de 150 euros y la pérdida de tres puntos del carné por circular sin llevar puesto el cinturón de seguridad. Al final, ha tenido que pagar 180 euros -incluido el recargo- y tiene tres puntos menos a pesar de que ha presentado un recurso en los tribunales contra la sanción. Para colmo, el juicio, que debe celebrar un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla ha sido fijado para septiembre de 2010, dada la sobrecarga de trabajo que afecta a esta jurisdicción y que ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por los titulares de estos juzgados.

La abogada Rocío Rosado, que representa al agente multado, explicó ayer que aunque es cierto que el policía no llevaba puesto el cinturón, existe una especie de "ley no escrita" por la que los agentes que están de servicio no utilizan el cinturón. El motivo es que, al estar persiguiendo a delincuentes, deben tener libre acceso al arma reglamentaria y esto no es posible si llevan abrochado el cinturón. "Ante todo debe primar la seguridad ciudadana ante una infracción administrativa de carácter leve", explicó la letrada, que añadió que en este caso el hecho de no portar el cinturón estaba "plenamente justificado" tanto por la integridad física de los propios agentes como por la seguridad del dispositivo policial que se había establecido para perseguir a unos presuntos delincuentes.

Rocío Rosado hizo hincapié en que la intervención de la Guardia Civil frustró la operación, por lo que criticó la "falta de cooperación" entre los cuerpos policiales. Un juez deberá dirimir, dentro exactamente de dos años, si la sanción impuesta era correcta -desde el punto de vista formal sí lo era- o en este caso debería prevalecer el hecho de que el agente se hallaba en acto de servicio.