El Ayuntamiento usó durante varios años hasta 26 cámaras ilegales

Hasta 26 cámaras de vigilancia ilegales estuvieron funcionando durante varios años en distintas sedes municipales sin regulación. Las cámaras instaladas en la Jefatura de la Policía Local de La Ranilla, en varias comisarías de distrito y en el propio Ayuntamiento carecían de autorización administrativa, puesto que no se había tramitado o en algunos casos completado el preceptivo expediente ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Esta circunstancia se ha puesto de manifiesto con motivo de la investigación interna puesta en marcha por la delegación de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, después de que recientemente se detectara la colocación de otras dos cámaras ilegales en la habitación donde se realiza la segunda prueba de alcoholemia a los conductores que han dado un primer positivo.

Desde el Ayuntamiento hispalense explicaron ayer a este periódico que a raíz de que se descubrieran esas dos cámaras -de cuya instalación no tenía conocimiento el Consistorio-, el delegado de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, ordenó que se revisara la situación en la que se encontraban el resto de cámaras de vigilancia emplazadas en el exterior de la Jefatura de la Policía Local, así como en las comisarías de distrito e incluso en las que hay en la sede del Consistorio, en la Plaza Nueva. Muchas de estas cámaras llevaban funcionando desde hacía años, incluso en anteriores gobiernos locales. Otras de las cámaras colocadas sin permiso llevaban funcionando desde el año 2013.

La inspección ha permitido determinar, según las mismas fuentes consultadas, que aunque se trata de cámaras colocadas por el Ayuntamiento, su puesta en funcionamiento no estaba "regularizada", ya que en algunos casos no se había iniciado el preceptivo expediente ante la Subdelegación del Gobierno en Sevilla o faltaba un protocolo de funcionamiento y en otros casos no se contaba con la correspondiente "resolución" de autorización por parte de la Subdelegación.

El Ayuntamiento ha procedido ahora a elaborar dicho protocolo, pero para la regularización de la actividad era preciso que se apagaran todas esas cámaras de seguridad durante "varias horas" y volver a encenderlas, un proceso que se llevó a cabo en la mañana de ayer. Durante varias horas, las cámaras ubicadas en estos edificios municipales fueron desconectadas, sin realizar grabación alguna, hasta que se procedió a su encendido, añadieron las fuentes.

Con respecto a las cámaras ubicadas en el edificio del Ayuntamiento, en la Plaza Nueva, la autorización estaba pendiente de la colocación de una visera para acotar el ángulo de visión, algo que se está arreglando en la actualidad. Según el Ayuntamiento, las 26 cámaras afectadas por la falta de regularización están ya operativas "con un nuevo protocolo y su regularización administrativa".

Las cámaras apagadas ayer son todas las que graban el perímetro de seguridad de la Jefatura y también los edificios que albergan las distintas sedes policiales de los distritos. Estos dispositivos graban parte de la calle, además de la fachada y la entrada de las comisarías, y para ello la ley marca que debe solicitarse el permiso a la Delegación del Gobierno.

La orden de desconexión de los equipos de videovigilancia partió de la delegación de Seguridad y Movilidad, después de que a finales de enero se abriera una investigación interna por el descubrimiento de dos cámaras de vídeo y audio colocadas en unas dependencias de la Jefatura. Estos dispositivos fueron colocados por dos intendentes del cuerpo de manera completamente ilegal. Los equipos de filmación estaban ubicados en la zona de los calabozos, concretamente en el despacho en el que se practican las pruebas de alcoholemia a los conductores que han dado positivo en el etilómetro portátil.

La investigación interna abierta por la Jefatura determinó que más de cien conductores fueron grabados de forma clandestina por estos equipos de grabación, que estuvieron colocados durante un periodo de 43 días, el que transcurre desde el 14 de diciembre de 2015, cuando fueron instalados, hasta el 26 de enero de 2016, cuando el superintendente de la Policía Local Juan José García descubrió las cámaras e informó de la existencia de las mismas al delegado de Movilidad y Seguridad, Juan Carlos Cabrera, que ordenó su inmediata retirada y el precintado de los discos duros con las imágenes grabadas.

En este periodo, sin embargo, la Jefatura admite que se grabó sin control a los conductores, desconoce quién pudo acceder a las imágenes captadas y qué uso se ha podido hacer de las mismas. Así consta en un informe interno elaborado por el superintendente tras el hallazgo de las cámaras, publicado ayer por este periódico.

A raíz de esta primera investigación interna, los responsables de la Policía Local han comprobado que tampoco se siguió protocolo alguno en la colocación de las cámaras de videovigilancia colocadas en la fachada de la Jefatura o en las de las comisarías de distrito. De ahí que ayer se diera la orden de desconexión de todos los equipos y se completaran los trámites para poder regularizar estos equipos y que cumplan con todos los preceptos legales.

Ya en el primer informe interno tras el descubrimiento de las cámaras ilegales, la Jefatura avanzaba que lo ocurrido vulneraba la ley orgánica de protección de datos e incluso un artículo de la de seguridad ciudadana.

El delegado de Movilidad y Seguridad pidió a los servicios jurídicos municipales que elaboraran un informe para decidir si llevaba el asunto a la Fiscalía, si veían algún indicio de que se hubiera cometido un delito, o bien si lo consideraban sólo como una infracción administrativa. En este caso, el asunto sería remitido a la Agencia de Protección de Datos. Los servicios jurídicos municipales se mostraron partidarios de esta segunda opción al considerar que no había delito en la colocación de las cámaras.