Detenido un ex militar cubano por el crimen de la gasolinera

Un ex militar cubano, Alberto H. B., de 52 años, fue el autor del crimen de la gasolinera Saras del polígono Calonge. Trabajaba como guardés en una finca de la urbanización Mataluna -en el término municipal de Carmona pero muy cerca del aeropuerto de San Pablo- a la que, sobre las tres de la tarde del pasado 27 de noviembre, acudieron cuatro personas a cobrarse una deuda. Iban a bordo de un Volkswagen Touareg de color oscuro. Hubo una discusión y un momento de tensión entre el dueño de la finca y los acreedores. El cubano, viendo amenazado a su patrón, abrió fuego contra ellos. Disparó dos veces con una escopeta de caza y alcanzó en el pecho a un hombre de 45 años, el propietario del Touareg. Luego se dio a la fuga a pie y estuvo siete días viviendo en el campo, alimentándose de las frutas que robaba y ocultándose en casas abandonadas y construcciones en ruina. Llevaba consigo la escopeta, que abandonó poco antes de ser detenido por el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.

Por su parte, los acompañantes de la víctima la subieron al coche y llamaron al 061 comunicando que llevaban a una persona herida. Preguntaban cuál era el hospital más cercano. El operador les envió al Macarena, mientras les daba unos consejos para evitar que el hombre se desangrara. Con el Volkswagen Touareg a toda velocidad regresaron a Sevilla por la A-4. Cuando llegaron al nudo de la Gota de Leche se incorporaron a la SE-30, pero se encontraron con un atasco, el propio de cada viernes por la tarde en la ronda de circunvalación. Viendo que su amigo se moría antes de que pudieran llegar al hospital, el operador del 061 les indicó que pararan el vehículo donde pudieran y esperaban a que llegara una UVI móvil de este servicio. Así lo hicieron. Se salieron de la Ronda en la primera gasolinera que encontraron, la de la cadena Saras en el polígono Calonge, y ni siquiera entraron en ella. Detuvieron el vehículo en el carril de acceso a la estación de servicio y sacaron al herido, que ya agonizaba. La ambulancia tampoco llegó a tiempo para salvarle la vida. Los sanitarios sólo pudieron certificar su defunción.

Los tres acompañantes de la víctima esperaron en la gasolinera a que llegara la Policía. En ningún momento hicieron por escaparse. El Grupo de Homicidios inició entonces la investigación de los hechos y preguntó a los acompañantes qué había pasado. Éstos aseguraron en un primer momento que no conocían de nada al muerto, sino que se lo habían encontrado por la carretera con los disparos, que lo habían subido al coche para llevarlo al hospital pero que, viendo que no llegaban, lo habían dejado en la gasolinera, siguiendo las indicaciones del 061. Los tres testigos, interrogados por separado, incurrieron en numerosas contradicciones. Ninguno supo explicar de manera coherente, por ejemplo, cómo es que iban en el coche del muerto.

Los investigadores detuvieron a dos de los acompañantes para tomarles declaración en la Jefatura, donde fueron imputados como presuntos autores de un delito de encubrimiento. Esa misma noche la Policía ya tuvo una idea mucho más certera de lo que había ocurrido. Los detenidos y la víctima habían ido a cobrarse una deuda -ninguno de ellos especificó el origen de la misma- y un empleado del deudor abrió fuego contra ellos. Los agentes se trasladaron a la parcela para interrogar al dueño de la misma, pero éste se había dado a la fuga también. Fue interceptado por la Policía Nacional en una población extremeña, muy cerca de la frontera con Portugal.

Pese a que colaboró con los agentes para concretar cómo ocurrieron los hechos, el propietario de la finca se negó a aportar datos sobre el autor del crimen. Por ello, también fue detenido por encubrimiento. Tras este arresto, la Policía puso en marcha un dispositivo de búsqueda del asesino. Los policías emplearon distintas técnicas humanas de rastreo y de geolocalización. Intervino varias veces el helicóptero de la Policía. Así, los investigadores lograron cercar al sospechoso en un área concreta en torno al lugar donde se había cometido el homicidio.

El cubano aguantó siete días viviendo en condiciones extremas en el campo. Estaba acostumbrado a resistir en situaciones de este tipo, puesto que había pertenecido al Ejército cubano y había combatido en Nicaragua. Salió de Cuba en el año 1996, aprovechando uno de los periodos de apertura del régimen castrista, que llevó a miles de balseros a las costas de Florida. Abandonó la isla en una balsa, pero fue interceptado antes de llegar a EEUU por un buque guardacostas de este país.

Pasó un mes a bordo de este barco. De ahí, junto con otros cientos de balseros, fue llevado a Guantánamo, donde vivió un tiempo hacinado. El Gobierno estadounidense lo trasladó luego a Panamá, junto con otros cubanos que habían abandonado la isla. Poco después, en 1997, España firmó un acuerdo para hacerse cargo de medio centenar de estos refugiados cubanos. De los 50 que vinieron, 25 fueron trasladados a Sevilla, donde se establecieron y mantuvieron sus vínculos. Hernández Blanco no se relacionó demasiado con ellos. De Sevilla se marchó a Extremadura, donde pronto tuvo problemas con la Justica española. Aquel mismo año, 1997, fue detenido por la Guardia Civil por su presunta participación en un homicidio en Cáceres. También fue arrestado como presunto autor de una agresión sexual en esta misma provincia. Sin embargo, sólo le constan antecedentes policiales y no penales, es decir, no llegó a pasar por la cárcel.

Estuvo años en Extremadura y volvió a Sevilla, donde trabajó casi siempre en el campo. Durante su experiencia militar en Cuba se familiarizó con la mecánica y se especializó en los motores. Esto le hizo tener trabajo en el ámbito rural, como guardés de numerosas fincas y como mecánico de tractores, siempre por la zona de Carmona, Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas. Así vivió hasta que el 27 de noviembre abrió fuego contra los que venían a cobrarse una deuda de su patrón.

Cuando huyó se llevó consigo la escopeta y la munición, por lo que los primeros días de rastreo fueron muy tensos, ya que la Policía llegó a estar en algunos momentos muy cerca del agresor, con éste viendo a los agentes y sin que los policías lo descubrieran. La primera noche, los investigadores llegaron a estar cinco horas pistola en mano.

El cubano llevaba poco dinero y lo que tenía se lo gastó comprando unos dulces en una gasolinera. El resto de días se alimentó de frutas. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional lo detuvo tras una semana de rastreo, el 4 de diciembre. El día antes había abandonado la escopeta en una casa abandonada de la urbanización La Lapilla. La munición la dejó en otra zona donde descansó. Tanto el arma homicida como los cartuchos fueron recuperados por la Policía. El día de su detención, pidió trabajo en la hacienda La Verdad, muy cerca de la Boticaria, en Alcalá de Guadaíra. Una vez detenido confesó el crimen. Ya se encuentra en prisión provisional. En la operación han sido detenidas otras cuatro personas por encubrimiento: los dos amigos de la víctima, el patrón del asesino y un vecino que le recomendó a éste y al autor del disparo darse a la fuga.