Dos policías llevan suspendidos año y medio acusados de varios delitos

Dos policías nacionales van a cumplir este mes de enero un año y medio suspendidos de empleo y sueldo bajo la acusación de varios delitos. Entre los cargos que se les imputan están los de detención ilegal, allanamiento de morada, robos con intimidación, falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos. La Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT) de Sevilla -que hace la función de un grupo de Asuntos Internos- les imputa estos cargos después de una investigación en la que los agentes de este grupo se han desplazado hasta la cárcel para tomar declaración a varios delincuentes que cumplían condena tras ser detenidos por los policías imputados.

Los dos funcionarios han negado todos estos cargos en reiteradas ocasiones y están a la espera de que el juzgado de Instrucción 20 de Sevilla concluya el proceso que los mantiene suspendidos. Tras prestar declaración voluntariamente ante la UCOT como imputados en mayo de 2013 y siguieron trabajando en sus puestos de trabajo durante dos meses más. En junio de ese año comparecieron ante la juez de Instrucción 20 y negaron todos estos cargos. Los agentes permanecen sin poder trabajar ni cobrar su sueldo desde julio de 2013, lo que les está provocando una situación desesperada, según informaron fuentes del entorno de estos dos funcionarios.

Se trata de un inspector y un oficial de la Policía Nacional con 20 y 22 años de servicio que, hasta su imputación, tenían un historial intachable. Los dos, de hecho, cuentan con cruces al mérito policial con distintivo rojo, la más alta condecoración que la Policía concede a un agente en vida. Además, tienen cada uno dos cruces blancas, entre otras condecoraciones. Uno de los policías estuvo incluso destinado en Afganistán y el trabajo de ambos en el pasado ha permitido esclarecer delitos importantes como atracos y homicidios, además de salvar alguna vida.

Ambos agentes han solicitado en reiteradas ocasiones que se les levante la suspensión y se les permita trabajar al menos hasta que finalice el proceso judicial en el que se encuentran inmersos. Argumentan que la juez que investiga el caso no ha tomado ninguna medida cautelar contra ellos, ni la Fiscalía así lo ha solicitado, y que la acusación se basa en la palabra de varios narcotraficantes de las Tres Mil Viviendas. Según alegan, Asuntos Internos les da más credibilidad a los delincuentes que a ellos, pero la Dirección General de la Policía siempre se ha negado a levantarles la suspensión.

La investigación de UCOT surgió a raíz de una denuncia presentada en octubre de 2012 por una vecina de las Tres Mil Viviendas, con múltiples antecedentes por delitos contra la salud pública, que aseguraba que un policía había entrado en su domicilio y le había robado 165 euros bajo amenazas. La mujer había sido detenida antes por este policía con 12 gramos de cocaína. A partir de esta denuncia, arrancó una investigación policial en la que se le pinchó el teléfono a los dos agentes y se les sometió a una serie de vigilancias y seguimientos.

La UCOT se basa en una llamada a las dependencias policiales de una persona que se identifica sólo por un apodo -del que no figuran en el sumario más datos- para imputar otro robo. Este denunciante dice que uno de los dos policías entró en su casa y le robó una pistola. Otro de los delitos que se les imputa es el de detención ilegal, después de que arrestaran a un atracador con una escopeta, pasamontañas, cajón de la caja registradora y una moto sustraída. El delincuente aseguró a UCOT que fue detenido en su domicilio y que además detuvieron y amenazaron a su pareja. Los policías siempre han mantenido que todo es una venganza por parte del atracador.

También se les acusa de allanamiento de morada, por irrumpir en domicilios particulares presuntamente sin órdenes de registro. En los tres casos que se les imputan, los denunciantes son delincuentes habituales de las Tres Mil Viviendas. En uno de ellos, uno de los arrestados aseguró que los funcionarios habían irrumpido en su domicilio para detenerlo porque llevaba ocho meses fugado de prisión, adonde no había vuelto tras un permiso. En esos ocho meses, el sospechoso secuestró presuntamente a un marroquí haciéndose pasar por un policía. UCOT sostiene que los policías falsearon el atestado para decir que el sospechoso fue detenido en la calle y no en su casa.

El cargo de omisión del deber de perseguir delito se basa en las frases tranquilizadoras que los policías dicen a unos delincuentes del barrio. Los agentes alegan que éstos eran sus confidentes y este tipo de frases forman parte del lenguaje entre un policía y su fuente de información. Los investigadores también cuestionan que los policías se dediquen a detener a reclamados fuera de su tiempo de trabajo, algo que los agentes admiten pero que no consideran que se trate de delito alguno.

Carta al director general y medidas de presión

Los policías suspendidos de empleo y sueldo han llegado a dirigirse por escrito al director general de la Policía para pedirles que les levante la suspensión, ya que les está acarreando importantes perjuicios tanto económicos como personales. Ambos han pedido volver a trabajar al menos hasta que se resuelva el proceso judicial, que va muy lento y en el que no se ha registrado ninguna novedad desde el pasado otoño. El proceso judicial sigue abierto en el juzgado de Instrucción número 20 de Sevilla. Los imputados han solicitado el archivo de la causa, pero la Fiscalía se ha opuesto. Fuentes del entorno de estos dos policías explicaron a este periódico que los agentes se están planteando poner en marcha algún tipo de medida de presión en los próximos días. Mientras tanto, la Jefatura se ha mantenido siempre en la misma postura y les ha negado reiteradamente la posibilidad de volver a trabajar.