Desechada por segunda vez la libertad del hijo de Ortega Cano

La juez de Instrucción número 5 de Sevilla, Beatriz González, ha rechazado por segunda vez la puesta en libertad de José Fernando Ortega Mohedano, hijo del torero José Ortega Cano, al considerar "despiadada y brutal" la actitud que demostró cuando robó y agredió a un joven a las puertas del club de alterne El Rey 2000 de Castilleja de la Cuesta.

En un nuevo auto dictado el pasado 31 de diciembre, la magistrada confirma el criterio que mantuvo en su anterior resolución de mantener en prisión provisional al joven -encarcelado desde el pasado 14 de noviembre-, por cuanto entiende que tanto este acusado como los otros actuaron con abuso de superioridad, ejerciendo una "violencia que va más allá de lo necesario para neutralizar la resistencia de la víctima".

Según la instructora, estas circunstancias revelan la "especial peligrosidad y riesgo de repetición de acciones semejantes, contra la misma víctima o contra otras, así como una actitud despiadada y brutal, con independencia de cual fuera finalmente el alcance de las lesiones desde el punto de vista de la valoración médico-forense", dado que en este caso la víctima sufrió lesiones leves de las que tardó en curar siete días.

La instructora considera que, desde que se denegó por primera vez la excarcelación de José Fernando, no se han producido "circunstancias sobrevenidas que justifiquen la remoción o sustitución de la medida cautelar adoptada en relación con el acusado, sino más bien todo lo contrario, pues tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular han formulado, al día de hoy, sus respectivos escritos de acusación, solicitando la apertura de juicio oral e interesando para el mismo penas de cinco y ocho años de prisión, respectivamente".

De otro lado, la juez critica la aportación por parte de la defensa de una documentación relacionada con la víctima, J. J. V. A., que se enfrenta a una petición de más de dos años de cárcel por conducir bajo los efectos del alcohol y provocar una persecución policial en la que resultaron dañados varios vehículos policiales. Dice la juez que esta documentación que trata de "cuestionar la conducta del denunciante y víctima, y restar crédito al contenido de su denuncia y de su testimonio, no sólo resulta inútil a los efectos que se pretende, sino que la dudosa legalidad en el medio de obtención de dicha documentación, concretamente la rescatada de un expediente judicial ajeno al presente, impide que pueda ser tenida en cuenta y judicialmente valorada".