El Ayuntamiento ha denunciado este año a 587 locales por ruidos

El Ayuntamiento ha denunciado en lo que va de año a 587 establecimientos y ha impuesto 328 sanciones por ruidos. Éste es uno de los argumentos con el que el gobierno municipal defiende el buen funcionamiento de la Ordenanza contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones. Mientras el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, justifica la norma, la oposición en pleno pide su retirada por carecer -aseguran- del apoyo de los vecinos, entre otras deficiencias. El PSOE ha presentado 18 alegaciones contra el documento que se encuentra aprobado de manera inicial, e Izquierda Unida, 12.

"La ordenanza se ajusta a las leyes andaluzas y vela por el derecho al descanso de los ciudadanos", aseguró este miércoles el delegado Vílchez, quien lamentó que PSOE e IU "traten de confundir a los ciudadanos". El Ayuntamiento asegura que durante el proceso de elaboración del borrador han participado diversas entidades, como la Plataforma Ciudadanos contra el ruido, la Asociación de juristas contra el ruido, el Colegio de Administradores de Fincas o asociaciones vecinales como las de la Plaza del Salvador, Plaza de Armas o Huerta de la Salud. "Han aportado sugerencias verbales o por escrito que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar el borrador". Vílchez negó, por tanto, la falta de consenso y añadió que las alegaciones se tendrán en cuenta.

La ordenanza, según el Ayuntamiento, introduce importantes mejoras respecto a la anterior y potencia el papel de la Policía Local: "Se le permitirle denunciar, suspender o clausurar las actividades molestas, cuando antes para ello tenían que contar necesariamente con el soporte de una medida de sonómetro y ahora se deja a la evidencia de la intolerabilidad de los niveles de ruido". Vílchez ironizó sobre si a la oposición "también le parece mal" que las actividades dispongan de controladores de ruidos que transmiten los datos en tiempo real; afirmó que es "falso" que se permita megafonía y abundó en que "no se reducen" las exigencias en las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS).

Por su parte, la oposición no está de acuerdo con estos argumentos. El PSOE, entre sus 18 alegaciones, censura especialmente la potestad de los agentes de la Policía Local para resolver según su criterio el cumplimiento o no de los límites de emisión de ruidos, así como la actual ausencia de inspecciones y mediciones durante las noches y los fines de semana a cuenta del conflicto laboral en el que están inmersos los inspectores del área de Medio Ambiente . "Esto es carne de pleito", aseveró Juan Espadas, advirtiendo de la "inseguridad jurídica" que generará. El portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, pidió a Zoido que "aparque definitivamente su soberbia" y retire una ordenanza municipal de ruidos que, "hasta ahora, sólo ha cosechado el rechazo generalizado de la ciudadanía y de las entidades vecinales y sociales que tienen algo que decir al respecto". Según Torrijos, la nueva normativa, impuesta "sin ningún tipo de consenso", supone una "auténtica chapuza desde el principio hasta el final" y "parece que agrava los problemas en vez de resolverlos".