La juez imputa a nueve taxistas por las presuntas amenazas en el aeropuerto
El presidente de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, se encuentra entre los imputados, que declararán en el juzgado en octubre próximo Otros diez taxistas irán como testigos
La juez que investiga la denuncia presentada por la Fiscalía por los ataques y amenazas en el aeropuerto de San Pablo ha imputado a nueve taxistas que trabajan habitualmente en esta zona y que están citados a declarar el próximo 22 de octubre.
La juez de Instrucción número 3 de Sevilla, que tramita la causa, ha dictado una providencia en la que acuerda la declaración de estos nueve taxistas, entre los que se encuentran el presidente de la asociación Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras. Junto a él, la juez ha decidido imputar a otros ocho taxistas que declararán ese mismo día, y todo ello a pesar de que la denuncia inicial de la Fiscalía no se dirigía en concreto contra ningún miembro del gremio.
Previamente a la declaración de los imputados, la juez tomará declaración un día antes, el 21 de octubre, a diez testigos de los hechos, entre ellos el presidente de Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós, que fue quien presentó inicialmente la denuncia de las supuestas amenazas ante la Fiscalía de Sevilla.
El Ministerio Público, tras analizar los hechos relatados por el presidente de Foro Taxi Libre, decidió presentar una denuncia en los juzgados para que se investigase si existe realmente un monopolio para controlar el servicio del taxi en el aeropuerto de Sevilla, después de los últimos incidentes que se registraron el verano pasado, en el que al menos cuatro vehículos sufrieron pinchazos en sus ruedas y arañazos cuando se hallaban en la terminal, en un gesto que la mayoría de los taxistas interpretaron como un boicot de sus compañeros que prestan servicio en el aeródromo sevillano.
La Fiscalía no llegó expresamente en su denuncia a apuntar la existencia de una mafia en el sector, pero sí hablaba del intento de "controlar la actividad" del taxi en el aeropuerto por un grupo de personas de este colectivo. El Ministerio Público entendía que había indicios de delitos de amenazas o de coacciones, lo que motivó que descartara el archivo de la investigación y presentara la denuncia en los juzgados.
El presidente de Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós, denunció el caso para que se investigaran las "amenazas y agresiones" sufridas por algunos de los taxistas que prestan servicio en el aeropuerto.
Según Caparrós, con la denuncia, esta asociación sólo pretende que se recupere "la seguridad y la libertad en la prestación del servicio", por cuanto entiende que existe una "desviación de poder" supuestamente originada por el Ayuntamiento, ya que, al no existir un sistema de turnos rotatorios en la terminal, se "favorece" a los profesionales que desempeñan su labor en esta ubicación de la ciudad. Los problemas del taxi en el aeropuerto se remontan a hace más de una década, cuando el Ayuntamiento de Sevilla, entonces gobernado por el PSOE, implantó el sistema de los turnos rotatorios para los servicios de la terminal, pero la medida acabó suprimiéndose en 2003 a cambio de la puesta en funcionamiento de la tarifa única por este servicio, pero sin que la misma se reflejara en los taxímetros.
El Consistorio intentó arreglar este conflicto reforzando la presencia policial en el aeródromo y estableciendo controles a los taxistas, a los que se requería la documentación para comprobar que llevaban todos los permisos en regla.
Foro Taxi Libre cree que la decisión del Ayuntamiento de derogar los turnos rotatorios es "nula de pleno derecho", porque una sentencia confirmó que los mismos se ajustaban a derecho.
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