La entrega de viviendas sociales dependerá desde el lunes de un nuevo baremo

Las familias que están a la espera de que el Ayuntamiento les entregue una vivienda social han de saber que desde el próximo lunes este procedimiento contará con un nuevo baremo para su adjudicación. En concreto, serán 74 criterios agrupados en cinco grandes bloques los que determinarán si los solicitantes entran en la lista de espera, que se renovará cada cuatro meses para constatar si los demandantes siguen reuniendo los mismos requisitos que en el primer momento.

Dicho baremo contó ayer con el visto bueno de la junta de gobierno del Ayuntamiento. Los cinco bloques generales son el de unidad familiar, en el que se analizará si los demandantes son monoparentales, familia numerosa y con menores, personas mayores o dependientes a su cargo. El segundo bloque lo constituye el alojamiento que posee en el momento de la solicitud, por el que se tendrá en cuenta desde los que viven en un vehículo hasta los que lo hacen en un descampado. El tercero son las circunstancias familiares, como la violencia de género (que también incluye la trata de blancas o la prostitución). El nivel de intervención técnica es el cuarto bloque, mediante el cual se tendrá en cuenta la integración de la familia en programas para su reinserción. El último campo responde a los datos económicos que deben ajustarse al umbral mínimo exigido para ser solicitante de una vivienda de alquiler social, por lo que la unidad familiar ha de percibir unos ingresos que sean inferiores a 2,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), establecido en 532,51 euros mensuales.

En el último apartado se incluye otro requisito para acceder a aquellas viviendas que tengan un alquiler que suponga el 5% de la renta familiar o distinto tipo de arrendamiento. Los ingresos de sus peticionarios no deben superar 1,5 veces el Iprem actual. A estos solicitantes no se les pedirá solvencia económica, mientras que al resto sí se les exigirá una "mínima" suficiencia para garantizar el pago del alquiler.

La delegada de Familia, Asuntos Sociales y Zonas de Especial Actuación, Dolores de Pablo-Blanco, precisó que las familias en grave riesgo de exclusión social o en proceso de realojo quedan exentas de cumplir con los anteriores requisitos.

La baremación se aplicará a partir del lunes por parte de los 300 técnicos de Asuntos Sociales. Según la delegada popular, un primer sondeo ha fijado en unas 300 familias las que reúnen las condiciones para integrar la primera lista de solicitantes. A este respecto, el primer lote de viviendas que se pondrá a disposición de los demandantes está compuesto por 151 inmuebles que se han traspasado de la antigua Oficina Técnica de Asesoramiento al Inquilino en situación de abuso (Otainsa) a la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento (Emvisesa). De Pablo-Blanco estima que de dicho lote unas 20 ó 25 viviendas podrán ser adjudicadas en un periodo inferior a tres meses.

La concejal de Asuntos Sociales reiteró que el objetivo que se persigue con este baremo es "unificar" criterios y, sobre todo, un procedimiento que evite a los demandantes el "peregrinaje" por distintos departamentos. "Ahora existirá un ventanilla única", afirmó De Pablo-Blanco, a lo que el portavoz del gobierno local, Francisco Pérez, añadió que en el pasado mandato existían "dos varas medir para Otainsa y Bienestar Social. Ahora sólo habrá un sistema por el cual el demandante puede lograr hasta 600 puntos". De Pablo-Blanco añadió que estas familias no tendrán que inscribirse en el registro municipal de viviendas.