La golosa VPO de Ramón y Cajal

Una familia de cinco hijos desalojada el año pasado por Emvisesa de una vivienda de VPO en alquiler en el número 60 de Ramón y Cajal ha cuestionado la adjudicación de este piso a la hija de un alto cargo de esta empresa que es jefe del departamento de Informática. "Estaban deseando que me fuera para meter a la hija de este señor. A nosotros nos cobraban 600 euros que acabaron subiendo a 704 por más que le pedimos una rebaja y a esta chica le cobran mucho menos", declaró ayer el denunciante, Juan Manuel Utrera.

La vivienda (con tres dormitorios y 95 metros útiles) está en una zona muy cotizada, en un edificio construido por Aníbal González, que hace esquina con Marqués del Nervión, cerca de la milla de oro de Viapol.

El directivo en cuestión, Juan Antonio N.C., admitió este martes que su hija (M.N.P.) se ha quedado con esa vivienda de régimen general, pero negó cualquier trato de favor. "Para nada ha habido trato de favor. La vivienda la cogió mi hija porque ha estado libre siete u ocho meses por tener la renta más alta que el resto y no se alquilaba. A ella le interesaba y la ha alquilado. Ha estado a disposición de quien la ha querido alquilar hace mucho tiempo", declaró en conversación telefónica con este periódico desde su vivienda familiar, situada en la misma calle donde vive su hija.

Según la versión del empleado de Emvisesa padre de la joven, "ese piso salió en un paquete de viviendas sueltas de diferentes zonas que entraron en un sorteo para interesados". Y añade que luego se hizo una "adjudicación directa [de esos pisos] a los participantes del sorteo". En la web de Emvisesa no hay rastro de ese supuesto sorteo ni de esta convocatoria a las personas que cumplían el perfil en el registro de demandantes de vivienda. Ante este hecho, el directivo añade que "se ofrecía lo que había y las personas [interesadas] elegían una u otra vivienda".

Fuentes de Emvisesa admitieron que se adjudicó el piso directamente a la hija del directivo porque "nadie quería la vivienda por ser de un precio alto". Cifran en 524 euros más gastos de comunidad lo que paga la joven, pero no facilitaron ningún documento oficial alegando que ofrecer ese documento va contra la ley de protección de datos.

La familia de cinco hijos fue desalojada de Ramón y Cajal en 2012 por una deuda con Emvisesa de 13.000 euros. Según el padre, Juan Manuel Utrera, la empresa le subió el alquiler de 600 euros iniciales hasta los 704 euros que no podían afrontar con el sueldo de 1.200 euros que entra en la casa. Pidieron sin éxito una rebaja del precio. Y sostiene que cuando vivían allí la vivienda era mucho más cara de la cantidad que paga la nueva inquilina. Utrera culpa a la empresa de equivocarse al tramitar la subvención que debía reducir esa renta un 40%. Ahora viven en Pino Montano, donde abonan entre 179 euros, según Emvisesa, y 225 euros, según el padre, quien promete estar pagando la deuda con la empresa. Les ha llegado una factura de gas de 239 euros de noviembre de 2011 a abril de 2012 que aseguran tener pagada.