Las órdenes de cierre de bares subieron más de un 200% en un año

El Ayuntamiento de Sevilla intensificó en 2012 la vigilancia sobre los bares de la ciudad con casi 1.200 inspecciones realizadas el pasado año, según la primera estadística oficial a este respecto. Esta tarea resulta fundamental en una urbe con gran implantación del sector terciario y en la que, por tanto, el índice de conflictividad entre los vecinos y los titulares de los establecimientos es muy elevada por razón de los posibles ruidos e incumplimientos de los horarios de cierre. Los inspectores realizaron un total de 471 inspecciones en horario diurno y 683 en horario nocturno, que es cuando más denuncias se reciben por la lógica alteración del horario de descanso. De esta actividad inspectora se iniciaron 427 expedientes sancionadores con propuesta de clausura y multa, lo que supone un aumento del 211% respecto a 2011. Y se abrieron cien expedientes sancionadores con simple propuesta de multa. La Policía Local tuvo que intervenir en 79 casos para precintar los locales de manera forzosa para hacer cumplir los cierres.

Si se atiende a los datos globales de 2011, los inspectores de Medio Ambiente del Ayuntamiento incoaron un total de 657 expedientes, la mayoría de ellos a establecimientos de hostelería. En más de 400 casos se inició el procedimiento sancionador, en 137 se resolvió la interposición de una sanción con orden de clausura y en 90 de ellos tuvo que intervenir la Policía Local para precintar el local y hacer cumplir la orden de cierre dictada por los inspectores municipales, tal como ya publicó este periódico.

Los motivos de apercibimientos de clausura más habituales son los de carecer de licencia municipal de apertura, el incumplimiento de las condiciones recogidas en la licencia, presentar servicios no amparados por la autorización de apertura, tales como los audiovisuales o de cocina y, sobre todo, no respetar el horario de cierre. Las sanciones en estos casos son de 300 a 3.000 euros en función de la graves. Con 3.000 euros se sanciona la inexistencia de licencia municipal de apertura; con 1.000 euros el incumplimiento de las condiciones de la licencia y la prestación de servicios no amparados en el permiso; con 600 euros se castiga la apertura en horario distinto al autorizado y la emisión de ruidos hacia la vía pública, incluida la música a un volumen superior al permitido. Especial sanción merece la venta de alcohol a menores de edad, que el Ayuntamiento de Sevilla castiga con 6.000 euros y con una clausura de la actividad por un mínimo de dos meses.

La decisión más polémica tomada por el Ayuntamiento en 2012 fue la orden clausura de la sala de música Kafka como consecuencia del expediente sancionador incoado en su contra tras el cierre que se produjo en octubre de 2011 después de una intervención de la Policía Nacional y la Policía Local. Medio Ambiente llegó a elevar una propuesta de sanción de 30.000 euros y un cierre de dos años de duración, que fue recurrido por el titular del negocio.

En este arranque de 2013, el Ayuntamiento ya ha anunciado que revocará la licencia de uno de los nuevos bares de copa de mayor éxito, El Gallo Negro, en el número 7 de la calle Arfe. Medio Ambiente se ha limitado a explicar que esta revocación se fundamentará en "cuestiones administrativas" sin ofrecer más detalles por el momento, pues aún tiene que notificar formalmente la decisión a la empresa Pentágono Arenal, S. L., que explota el local en régimen de alquiler. Esta sociedad ya ha avanzado que su licencia está plenamente vigente y su disposición a recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos. Se da la circunstancia de que este mismo empresario acaba de ganar un pleito contra el Ayuntamiento. El Tribunal Superior de Justicia en Andalucía (TSJA) obliga al Consistorio a abonarle 300.000 euros por los daños y perjuicios causados al concederle indebidamente en 2001 la licencia de apertura de una discoteca en la calle Pagés del Corro. La Justicia declaró nula la licencia tras una denuncia vecinal, por lo que el Ayuntamiento tuvo que revocarla en 2005, de tal forma que el empresario perdió la inversión realizada.

El TSJA confirma ahora la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 que, con fecha de diciembre de 2010, daba la razón a los empresarios. La Justicia entiende que la anulación de las licencias concedidas en virtud de la sentencia judicial "se sustenta en haber procedido la Administración en contra de la normativa de aplicación promulgada por ella misma". La misma sentencia recalca que el Ayuntamiento obró "contra sus propios actos", pues en julio de 2001 aprobó la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) que incluía a la calle Pagés del Corro durante tres años, período en el que no se podían conceder nuevas licencias a bares y discotecas por la acumulación de ruidos registrada.